
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Este miércoles, la Personería de Bogotá comunicó la decisión de suspender provisionalmente por los próximos tres meses, sin remuneración, al alcalde encargado de la localidad de Kennedy, Javier Prieto Tristancho.
Lea más: Priorizan fútbol en El Campín y desplaza a Los Tigres del Norte: Sencia hace ajustes
De acuerdo con el órgano de control distrital, la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico encontró riesgos de volver a cometerse presuntas irregularidades en la contratación de vigilancia del Fondo de Desarrollo Local, derivadas de tres antecedentes:
- Cuestionamientos: Hay dudas en la planeación y supervisión del contrato CCB-759-2025 que redujo de 15 a 3 puestos de vigilancia sin justificación técnica. Además, durante su ejecución, tuvo cinco prórrogas sucesivas que extendieron el servicio hasta el 25 de septiembre de este año. "Su vinculación (de Prieto) se relaciona con sus funciones como ordenador del gasto y supervisor durante el encargo", señaló la Personería.
- Presuntas deficiencias en la planeación en el Contrato CPS-966-2026 con TOP GUARD LTDA., derivado del proceso de mínima cuantía.
- Y la licitación FDLK-LP-001-2026 declarada desierta por fallas en la metodología de evaluación económica.
Hasta el momento, el ahora suspendido alcalde no se ha pronunciado. Tampoco la Secretaría de Gobierno para conocer quién asumirá el cargo por los próximos tres meses.
Javier Prieto Tristancho había sido designado en el cargo desde el 11 de febrero de 2026, luego de que, como lo contamos en El Espectador, un fallo de segunda instancia del Consejo de Estado pusiera fin a la posesión de la alcaldesa de Kennedy, Karla Marín.
La decisión judicial llegó luego de que el Tribunal de Cundinamarca, en julio de 2025, declarara nula su elección por no haber cumplido satisfactoriamente los requisitos de ley.
Le puede interesar: Piden acelerar a más de 50 km/h en 5 vías de Bogotá, pero los accidentes van en aumento
De acuerdo con la concejala María Victoria Vargas, durante un debate en el cabildo distrital el 14 de marzo, Marín estaba inhabilitada, pues desempeñó un cargo público tres meses antes de la inscripción de su candidatura, más exactamente como trabajadora pública de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de Gobierno. Esto iría en contravía con la Ley 1421, artículo 66.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.