La promesa de construir 658 unidades de vivienda de interés social y prioritario, en el predio La María, en la localidad San Cristóbal, se esfumó antes de mover la primera piedra. El proyecto, que se diseñó como renovación urbana, se adjudicó el año pasado a través de un contrato por COP 18.800 millones, pero líos con el lote obligaron a su liquidación anticipada.
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Una familia, que dice llevar allí 30 años, inició un proceso para reclamar la propiedad y hacer valer su derecho a la vivienda. Al final, por este asunto, la ciudad casi pierde COP 375 millones, que negoció con la constructora AKILA S.A. que había ganado el contrato. Lo que sí perdió la ciudad fue la oportunidad de un desarrollo en esta zona del sur de la ciudad. Esta es la historia.
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Sueño de vivienda
Una de las misiones de la Caja de Vivienda Popular (CVP) es generar vivienda de interés social, en zonas con baja densidad poblacional y, de paso, mejorar las condiciones de vida de la población de estratos 1 y 2. Lo hace en predios de la entidad o de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (Renobo), que se sumó a la comitiva. Bajo esta perspectiva, en agosto del año pasado abrieron una licitación por COP 38.000 millones para aprovechar seis lotes ubicados en las localidades de San Cristóbal, Bosa y Ciudad Bolívar.
Sin embargo, el proceso fue un fracaso. Ningún constructor mostró interés en cinco de los predios, que tenían menos de 4.000 m2 de área, y el proceso se declaró desierto. Solo uno llamó la atención: el predio La María (CL 9 Sur # 1 - 08), de 10.698 m2, donde la idea era construir dos torres, de 24 pisos, con 658 unidades de vivienda: 448 de interés social (VIS), cada uno con un área construida de 47 m2, y 210 de interés prioritario (VIP), de 39 m2. Esto complementado con comercio, servicios y zonas verdes comunales.
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Al final, la licitación la ganó la firma Akila y a finales de 2024 firmó el contrato, con plazo hasta 2027 para entregar el proyecto. La CVP solo debía transferir la propiedad, pero no sucedió. Legalmente, no es dueña del lote La María, pues luego de una larga disputa y un desalojo, un fallo dejó el predio sin dueño claro, lo que abre la puerta para que esta familia insista en reclamarlo por llevar allí más de 30 años (15 en una casa prefabricada).
¿Pertenencia?
Los ciudadanos que reclaman posesión prefirieron no hacer pública su identidad, pero sí contar su historia. “Son vecinos reconocidos. Por años han permanecido allí, tenido cultivos, ganado, han pasado épocas hasta el desalojo del 2024”, dice su abogada, quien alega que la CVP no demostró la titularidad del predio. “La entidad perturbó la posesión del demandante desde 2014, usando un título (FMI 50S-40622035) para justificar acciones policivas y alegar que el predio era bien fiscal, pero no lo demostró”, agregó.
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De haber sido un bien fiscal, esto le hubiera agregado un ingrediente al pleito: por más que alguien ocupe más de cinco años un predio con esta calificación, no puede iniciar un proceso de pertenencia. Sin embargo, pese a que la CVP dice ser la dueña desde 1942, se descubrió que los límites del lote La María se redefinieron en 2012, año en el que la entidad “desenglobó” el terreno e individualizó como lote de 10.000 m2 para levantar el proyecto de vivienda.
Si bien, con esto, intentó desalojar al vecino desde 2014, pues ocupaba parte del área desenglobada, no fue sino hasta el 30 de mayo de 2022 que radicó una querella por “Comportamientos contrarios a la posesión o mera tenencia de bienes inmuebles” en contra del ocupante y demás ocupantes de la caseta prefabricada en una proporción de 15 m2. El primer falló fue a favor y en junio del 2024 (dos meses antes de que se abriera el concurso para el desarrollo de vivienda) se hizo el desalojo.
“Llegaron con la Policía, rompieron la valla y, a punta de martillazos, tumbaron la casa prefabricada de manera salvaje”, señala la abogada. Aunque la disputa policiva la ganó la CVP, los “poseedores” siguieron la lucha y lograron poner en entredicho que el Distrito fuera el dueño.
Argumentaron que anteriormente, y con dos fallos de primera y segunda instancia, la Superintendencia de Notariado y Registro declaró la nulidad de la anotación de la entidad distrital sobre el desenglobe del predio y ordenó el cierre del folio de matrícula, lo que dio a entender que el lote nunca fue del Distrito y, por ende, no fue un bien fiscal.
La movida final sucedió en diciembre de 2024, cuando estaba todo estaba listo para que Akila empezara las obras. Ese día, la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Sur, decidió “dejar sin valor ni efecto jurídico” la Anotación No. 54 del folio de matrícula inmobiliaria del “Lote La María”
Fin del contrato
La sentencia de los ocupantes fue: “no vamos a dejar que construyan vivienda en este lote, que poseemos hace 30 años”. Y, al parecer, lo lograron, ya que el pasado 3 de octubre, RenoBo y Akila llegaron a un acuerdo para terminar el contrato de forma anticipada, ante el lío de la titularidad.
El contratista fue el que pidió la cancelación del contrato por dos razones: la no realización oportuna de los aportes necesarios para la ejecución del contrato y el lío con la cancelación del folio de matrícula del predio. Asimismo, solicitó inicialmente reconocer a su favor la suma de COP 375 millones, correspondientes a “los recursos invertidos en la ejecución de las actividades encaminadas a la obtención de estudios y diseños necesarios para el Proyecto”. No obstante, este valor fue desestimado por las partes ya que no se llegó a firmar acta de inicio de contrato.
La Caja de Vivienda Popular sigue su intento por revivir su título de propiedad sobre el predio La María mediante una acción de tutela, interpuesta el 19 de agosto de 2025, contra la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Sur, alegando la violación de su debido proceso. El Juzgado 27 de Ejecución de Penas negó las pretensiones el 1º de septiembre de 2025. Sin embargo, la CVP impugnó el fallo el 4 de septiembre y el recurso fue concedido el 23 de ese mes, quedando pendiente de decisión final por parte del Tribunal Superior Sala Civil.
Mientras se resuelve el lío, Bogotá ha sufrido una doble pérdida: la frustración de un ambicioso proyecto de renovación de más de $18.000 millones, que prometía 658 soluciones de vivienda en un contexto de déficit habitacional, y el tiempo que se invirtió desarrollando el fallido proyecto, tras el fracaso en la entrega del predio La María.
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Por Juan Camilo Parra
