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Ya son siete años desde que comenzó la cruzada urbanística para ampliar la ciudad hacia al norte, conocida como Lagos de Torca. El proyecto, una representación fidedigna de lo que es una alianza público – privada, tiene el objetivo de desarrollar una ciudadela en lindes de la ciudad en una extensión de 1.803 hectáreas que componen el plan de ordenamiento zonal del norte.
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Desde su formulación, hasta su posterior adopción vía decreto en 2017, Lagos de Torca ha tenido algunos tropiezos de índole judicial, en gran parte motivados por la oposición ambientalista al proyecto. El hecho de que se ubique en una posición ecológica clave, cerca a la reserva Thomas Van der Hammen, y a los humedales Torca y Guaymaral ha suscitado los recelos de activistas, concejales, y funcionarios del gobierno nacional por igual.
El eje axiomático que permite al proyecto avanzar en la construcción de vivienda, en paralelo a las vías de acceso y los equipamientos de espacio público, es la adopción de los 34 planes parciales que lo componen. El instrumento, con el cual la Secretaría de Planeación delimita y establece las reglas urbanísticas especiales para que se construyan unidades de vivienda y demás componentes urbanísticos en suelo sin desarrollar, es fundamental para la construcción de los proyectos inmobiliarios y la promesa de 135.000 unidades de vivienda nuevas (40 % de ellas VIS y VIP) para la ciudad. A día de hoy, el fidecomiso Lagos de Torca y sus socios han conseguido la adopción de 9 planes parciales, con los cuales se habilita la creación de 69.597 viviendas, lo cual constituye el 51.5 % de la oferta habitacional del proyecto.
De ahí, que la adopción reciente del plan parcial Múdela del Río —que se convirtió en el noveno en obtener luz verde—, represente una señal de tranquilidad y alivio para los promotores del proyecto y, sobre todo, para los inversionistas, que esperan con ansias la habilitación de más planes parciales a fin de comenzar los empréstitos requeridos para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios. De acuerdo con el gerente, Lagos de Torca dejó de ser una utopía diseñada en rénderes y maquetas para convertirse en una realidad. Sin embargo, los obstáculos antes mencionados y la incertidumbre sobre la formulación de planes parciales clave para el proyecto, confirman el paulatino avance de la bandera urbanística con la cual la ciudad pretende hacer habitable sus lindes en el norte.
Planes parciales
Al ser un instrumento clave para fomentar la confianza de los inversionistas, y por ende el avance del proyecto, el indicador de los planes parciales es de revisión obligada para examinar la evolución de Lagos de Torca. Con motivo de la adopción del plan parcial Múdela del Río, El Espectador consultó a la Secretaría de Planeación el estado de los 25 planes parciales que no han sido adoptados en el marco del plan zonal del norte. De acuerdo con la información de la cartera, a día de hoy, hay siete planes parciales en trámite (cinco en etapa de formulación y revisión y dos en concertación ambiental y consulta), dos suspendidos por medida cautelar, y 16 predelimitados sin formulación (es decir, que son parte de Lagos de Torca, pero todavía no han sido tramitados ante Planeación).
“Nosotros como Secretaría necesitamos la iniciativa de un privado para surtir todas las etapas que tiene la adopción de un plan parcial. Este, sin embargo, no es un trabajo que solo adelanta Planeación. Nosotros en el proceso solicitamos el concepto técnico de múltiples entidades, Secretaría de Ambiente, IDU, Movilidad, DADEP, etc. Esto requiere, por supuesto, de un tiempo para la instalación de mesas técnicas y concertación para que el comité técnico de planes parciales lo revise y sea, o no viabilizado, lo cual no ocurrido por ahora en el marco de Lagos de Torca”, explica Laura Mogollón, Subdirectora de Renovación Urbana y Desarrollo de la Secretaría de Planeación.
En ese orden de ideas, solo el plan parcial Mudela del Río tomó cuatro años en surtir todas las etapas requeridas para su adopción. E incluso, si se promediara el tiempo recurrente que tuvieron los otros ocho, se obtendría una media de dos años para la adopción de cada uno de ellos. Dicho lo anterior, hay todo un entresijo burocrático y técnico que influye directamente en la postergación del proyecto y de que promesas como las de entregar las primeras viviendas de Lagos de Torca, en 2021, se hayan postergado hasta inicios de 2024, cuando fueron entregadas 759 unidades.
Pero incluso, los dos planes parciales que se encuentran en concertación ambiental y consulta —la última fase previa a la adopción— , Tibabita y El Coral, se encuentran paralizados por el obstáculo recurrente en el transcurso del proyecto: aspectos ambientales. Y sin ir más lejos, los planes parciales suspendidos por medida cautelar, en donde se alegaron temas de conectividad ecosistémica, Santa María y Sorrento, también vieron su suerte truncada a raíz de una acción judicial que en su momento encabezó la exconcejal, María Fernanda Rojas.
Respecto a los 16 planes parciales delimitados, pero cuya documentación todavía no reposa en los burós de Planeación, Alejandro Callejas, gerente de Lagos de Torca, explica que los mismos todavía se encuentran en fases previas de diseño por parte de los desarrolladores urbanos o propietarios de los predios en cuestión. “Esto se puede deber a que todavía los dueños de la tierra no están seguros de sacar adelante su plan parcial o a que están en proceso de estudios y diseños”, apostilló Callejas a este diario. Lo cierto es, de acuerdo con el gerente del fidecomiso, que la adopción de estos planes parciales es el aspecto fundamental, sine qua non, para fomentar la confianza de los inversionistas y llevar a cabo las obras de movilidad, espacio público y servicios que, destaca Callejas, no le pertenecen al proyecto como tal, sino a la ciudad de Bogotá.
La oposición
Pero al proyecto, que parece ir sobre ruedas, aún le falta un amplio trecho para ser realidad. Si bien, este viernes será la audiencia pública, los defensores de la Van der Hammen aclaran que ni la sustracción, ni una eventual licencia ambiental están en firme. Ellos están a la espera de que se resuelva una tutela en segunda instancia, en la que denuncian que se vulneraron los derechos de participación a la ciudadanía.
Así lo señala Sabina Rodríguez Van der Hammen, tal vez el rostro más visible de la defensa de la reserva. Ella es la nieta de quien impulsó la creación de la zona ambiental y, ante una nueva amenaza contra el legado de su abuelo, lidera desde su veeduría una lucha contra, lo que considera, un proceso irregular. Lo fundamental: faltan estudios para definir realmente si la obra como está planteada es la mejor opción. En caso de que la tutela salga a su favor, obligaría a la CAR a recomenzar la evaluación de los trámites ambientales y daría pie a una mejor discusión.
“La extensión de la avenida Boyacá es una vía nueva y preocupa, porque introduciría una nueva fragmentación en la reserva. Dicen que ya existen vías… ¡claro!, pero eso es justo lo que nos exige el ser más riguroso con la discusión sobre un nuevo corredor en la zona. Inicialmente el Distrito pretendía adelantar la extensión sin licencia ambiental y logramos que se la exigieran. Pero ahora hay otro inconveniente: algunas licencias requieren un diagnóstico ambiental de alternativas, para analizar las opciones, pero en este caso se negaron hacerlo y sin ese documento se pierde el objeto de la discusión de fondo”.
Y añade que “es absurdo que la alcaldesa diga que se va a mejorar la conectividad ambiental con la obra y que el trazado planteado es la única opción. Eso es lo que ellos opinan, pero la discusión debería ser sobre qué obra es la más conveniente, lo cual se hubiera podido hacer con el diagnóstico de alternativas, pero optaron por no hacerlo. Por ejemplo, el último tramo de la extensión cruza la reserva y luego sale a la autopista Norte ¿No se puede salir antes a la autopista para evitar el paso por la reserva? Dicen que no, porque está el humedal, pero ¿no se podía pensar en un diseño elevado? Por eso es necesario evaluar las alternativas, para tener claridad sobre cómo evitar el mayor daño en la reserva”.
Sobre la lucha que libran, explica que todo se ha adelantado en medio de los trámites de sustracción y licencia ambiental, que son dos, pero paralelos y ligados. “Estos se hacen ante la CAR y en ambos nos constituimos como parte del proceso. Pero, realmente ha sido agotador ver cómo la CAR simula brindarnos garantías, pero pasan por encima de nuestro derecho de participación. Por ejemplo, con el trámite de la sustracción se programó una visita y nos notificaron el mismo día, tres horas después y sin darnos el contacto de alguien para consultar el punto donde estaban. Eso no ocurrió ni siquiera en la alcaldía de Peñalosa. Por eso radicamos una tutela por violentar nuestro derecho a participar”.
Vías y servicios públicos
Con la adopción de los planes parciales se establece un mecanismo, en el marco de la alianza público privada, para que el fidecomiso lleve a cabo las obras de infraestructura pública como conexiones viales, de servicios públicos, recuperación de cuerpos hídricos como quebradas, humedales y la entrega de suelos para la construcción de futuros equipamientos de espacio público. En ese orden de ideas, Callejas le contó a El Espectador los avances que hay, hasta el momento, en dicha materia. “En la unidad funcional número uno ya estamos prácticamente en la etapa de cierre para entregarle obras a la ciudad de Bogotá, lo que podrá ser entre enero y febrero del próximo año. Aquí destaco la primera fase de la avenida Polo Oriental y la primera fase de la avenida Santa Bárbara. En la unidad funcional número 2 ya casi estamos en el cierre de la avenida Polo Occidental, que conecta la autopista norte con la avenida Boyacá, que también estaremos entregando a la ciudad entre diciembre de 2024 y febrero del 2026″, informó Callejas.
Estos dos corredores, explica el gerente, son los primeros que serán entregados a la ciudad como materialización de la promesa de valor del proyecto Lagos de Torca. Por otro lado, el corredor de la Avenida Boyacá está a la espera de que la licencia ambiental para la extensión sea ratificada por el director de la CAR Vale la pena recordar que, esta obra, fue en su momento objeto de controversia debido a que implica la sustracción de 20 hectáreas de suelo de la reserva Thomas Van der Hammen.
Sobre este tema, Callejas detalla que “al principio del año, un grupo particular de ciudadanos solicitó al Ministerio de Ambiente revisar esa resolución con derechos de reposición. Esto no ha permitido la ejecutoria la licencia y. por lo tanto, no hemos podido avanzar en la construcción de la avenida Boyacá, que necesitan hoy 300.000 personas de la comunidad educativa, trabajadores y residentes de la zona”, y agrega, “esa licencia debe quedar ratificada por parte del Director de la CAR. Llevamos esperando 10 meses que se tome una decisión en ese sentido y poder avanzar con la construcción de las diferentes obras. Esta situación impide dar inicio a la etapa constructiva de esta vía tan importante para Bogotá, que ya tiene estudios y diseños aprobados y financiación garantizada. Este es un corredor de movilidad y servicios públicos esencial para millones de personas que habitan o transitan este sector de Bogotá, además de ser un conector vital con los municipios del norte de la ciudad.”. Otros frentes de obras que resalta el gerente de Lagos de Torca se encuentran en la avenida Guaymaral, otra de orden neurálgico para la futura conexión de la ciudadela con el resto de la ciudad. “Ya pasa el 30% de ejecución, es una obra que debemos estar terminando en agosto del año 2025″, dijo Callejas a El Espectador.
De igual forma, la negación de las licencias ambientales a proyectos, como el de la ampliación de la autopista, y la todavía prematura construcción del corredor verde de la séptima, son temas que siguen de cerca los interesados en el proyecto. Si bien, ambas obras no son responsabilidad del fidecomiso, su importancia resulta estratégica para la conexión de los futuros habitantes de Lagos de Torca con el resto de la ciudad.
En cuanto a los servicios públicos, el gerente destaca el comienzo de obras como la de una estación de bombeo, cuya función es tomar todas las aguas residuales del norte, en la parte occidental, y mandarlas a través de un colector sanitario que conectará con la PTAR salitre. Esta obra, informó el fidecomiso, se terminaría entre marzo y abril del próximo año.
De momento, el componente de inversión ha logrado, para la infraestructura pública, reunir $0,8 billones al corte de 2024, con un total de 84 inversionistas. Esto supera el monto que existía en 2019, de $1,7 billones, pero es inferior a los $4 billones que, según estimaciones, requiere la totalidad del proyecto. Aunque el proyecto puede mostrar avances significativos sin necesidad de que los 34 planes parciales estén adoptados en su totalidad, el gerente de Lagos de Torca es enfático en la necesidad de que los restantes logren llegar a buen puerto. Para ello, destaca Callejas, es necesario que los planes parciales tengan un trámite más fluido en las oficinas de planeación, y sobre todo un debate más fluido desde el punto de vista ambiental.
Al cabo de un año y medio, según estimaciones de los desarrolladores del proyecto, se entregarán los primeros componentes viales de Lagos de Torca. Consigo, se espera que, a modo de efecto dominó, los desarrolladores puedan terminar de vender las viviendas del componente VIS Y VIP, así como acelerar la entrega de más viviendas. A su vez, el flujo de esta concatenación comercial, liberaría más confianza inversionista y, por ende, más dinero para alcanzar la realidad del proyecto. Lo que todavía es incierto, es si los entusiastas de este tipo de desarrollo urbanístico para el norte de Bogotá, deberán esperar otros siete años para ver los primeros atisbos de habitabilidad y ciudadanía en esta ciudadela que, al menos en los planos, resulta de ensueño.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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