
La Universidad Militar fue el escenario escogido para realizar el cabildo abierto distrital el pasado sábado 7 de noviembre. Tras recoger las 31.000 firmas que necesitaban, los hermanos José Jaime (representante a la Cámara) y Julián Uscátegui (concejal) del Centro Democrático lideraron este mecanismo de participación ciudadana para discutir si Bogotá necesita o no de soldados para reforzar la seguridad.
En sus intervenciones, adicionalmente a lo que ya han dicho en redes sociales durante el año de su promoción, destacó la propuesta de realizar un simulacro de asistencia militar el próximo año, concentrar los esfuerzos en la frontera Bogotá-Soacha e intensificar la búsqueda de objetivos de alto valor criminal. Por su parte, el cabildante Julián propuso asignar a la Policía Militar labores de vigilancia y custodia de embajadas, edificios, bancos y otras instalaciones que le permitan a la Policía desligarse de ellas y estar en las calles.
Al encuentro acudieron defensores de derechos humanos, abogados, reservistas de la policía y militares, así como “influencers” de derecha, entre otros.
Las intervenciones fueron diametralmente distintas: quienes estaban a favor apelaban en su mayoría a evitar hechos delictivos como hurtos o extorsiones que los afectaban directamente, junto con desmantelar estructuras criminales detrás de estos y otros delitos. Mientras tanto, a quienes rechazaron la propuesta les preocupaba la relación con la ciudadanía; el análisis (al que se han sumado estudios) de que su mera presencia no disuade el delito permanentemente y la necesidad de fortalecer más bien la policía y el sistema judicial.
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La jornada terminó con la intervención del alcalde Galán y la reiteración a lo que su secretario de Seguridad, César Restrepo, ya manifestó: su administración no solicitará la asistencia militar. Para respaldar las razones, el primer mandatario de Bogotá aseveró que, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional, la ciudad registra 85 homicidios menos que en el mismo periodo de 2025; una baja también registrada durante el año pasado en un 3 %. En cuanto a hurtos a personas, agregó que desde 2024 hay una tendencia a la baja. Aquí cabe resaltar que existe un subregistro, pues depende directamente de las denuncias.
Finalmente, Galán enmarcó que desde el 2024 se han realizado 377 acciones conjuntas con la Brigada 13 y la Quinta División del Ejército, con el objetivo de reducir los homicidios mediante patrullajes mixtos con la Policía y acciones de control en sectores críticos focalizados como Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Bosa y Santa Fe. “Jamás hemos dicho que no hay un problema de seguridad, pero no estamos de acuerdo en que entren las fuerzas militares a reemplazar a la policía; deben es apoyarla”, sentenció el alcalde.
¿Qué viene ahora?
Esta fue la primera sesión del cabildo abierto distrital. La discusión continuará en una próxima sesión del Concejo de Bogotá, donde esta vez los cabildantes serán quienes expongan sus posiciones frente a la asistencia militar. Al término de una semana, la Alcaldía debe dar una respuesta clara, escrita y fundamentada a los planteamientos que la ciudadanía expuso durante la sesión.
Cabe recordar que este mecanismo no funciona como un referendo ni como una consulta popular y, por tanto, no habrá una votación general cuyo resultado ordene desplegar militares. Tampoco el Concejo tiene la potestad para ordenarlo por sí mismo. Solo el presidente, alcaldes o gobernadores pueden solicitarlo para su evaluación. Y la balanza, por ahora, se inclina más a que no se hará.
Galán ya tomó una decisión. El jefe de Estado, por su parte, expresamente no se ha acogido al artículo 170 del Código de Convivencia Ciudadana (que habla de la asistencia militar de forma temporal y excepcional en caso de graves hechos de alteración de la seguridad), pero sí ordenó “mantener el control militar en Usme y Sumapaz”, sin dar mayores detalles novedosos, pues allí ya hace presencia el Ejército.
Es la vía nacional la que los hermanos Uscátegui ven como un recurso de que su propuesta, por fin, se materialice. En sus cartas, también está elevarla al Congreso: el concejal Julián Uscátegui dijo en entrevista con El Espectador que no descartan, junto al representante, pedir se incluya un artículo particular sobre la militarización de ciudades capitales en el proyecto de Estatuto Antiterrorista que prepara el gobierno nacional. O también, desde el Concejo, presentar un Estatuto de Seguridad.
Más allá de la militarización
Angélica Suárez, abogada, miembro de Amassuru Colombia y experta del Forum on the Arms Trade, fue enfática en analizar que un soldado en cada esquina no responde por sí solo a la naturaleza de esa amenaza. “Se necesita detección temprana, medidas de protección, investigación y acceso efectivo a la justicia. Una mayor presencia de Fuerza Pública puede responder a ciertos riesgos del espacio público, pero no sustituye las capacidades específicas necesarias para proteger a las mujeres”.
Y a esta población en específico, porque en Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, donde los Uscátegui propusieron empezar con la asistencia militar, son la violencia intrafamiliar, el hurto a personas y las lesiones personales los hechos que más se presentan, por encima de los homicidios y extorsiones.
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De hecho, en el sexto informe de seguridad de Bogotá Cómo Vamos, se dio un dato preocupante: la violencia intrafamiliar continúa agravándose y ahora es de los principales retos de seguridad en Bogotá. Por ejemplo, entre enero y junio de este año se registraron 26.789 casos, lo que representa un aumento del 26,1 % frente a los 21.247 reportados en el mismo periodo de 2025. Con estas cifras, el primer semestre de 2026 se convirtió en el de mayor incidencia de la serie 2022-2026. Mujeres y niños son las principales víctimas.
El cabildo dejó en claro que la ciudadanía exige más seguridad, pero las dudas a esa respuesta no estarían en si provendrá de un despliegue extraordinario de fuerza, sino de una articulación profunda entre investigación criminal, prevención de la violencia intrafamiliar y un acceso real a la justicia.
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Cordillerano(64187)•09 de noviembre de 2026 – 09:58Muy dudoso, los hermanos -Representante y Concejal-, debieron aprende de su papá, el general (r) José Jaime Uzcátegui, que la función del ejército es defender la soberanía, en tanto la de la policía es asegurar la convivencia pacífica de los ciudadanos, de manera que «la custodia de embajadas, edificios, bancos y otras instalaciones», bien puede -y debe- ser sufragada por estos mismos organismos/entidades/empresas y no con recursos públicos. ¿A quién le están haciendo el mandado?