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En nuevas declaraciones entregadas por la Alcaldía de Bogotá a raíz de los disturbios registrados la tarde del viernes, el alcalde confirmó que ya instauró una denuncia penal por los delitos de terrorismo, asonada, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público y lesiones personales, entre otros. ¿Qué efectos puede tener?
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Así como lo anunció el mandatario, Carlos Fernando Galán, la denuncia busca establecer que los actos vandálicos y los desmanes no fueron simples alteraciones del orden público o protestas pacíficas, sino actos dirigidos a infundir terror en la ciudadanía, por lo que optó por activar así la figura penal más grave con las consecuencias judiciales severas para los responsables.
“Hoy presenté ante la Fiscalía General de la Nación denuncia penal contra los responsables del ataque organizado que sufrió Bogotá esta semana”, señaló el alcalde.
Hoy presenté ante la Fiscalía General de la Nación denuncia penal contra los responsables del ataque organizado que sufrió Bogotá esta semana.
— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 18, 2025
Quiero reiterar que respetamos el derecho a la protesta, pero no aceptamos ni vamos a permitir hechos de violencia y, mucho menos,… pic.twitter.com/lshxJ34zmE
¿Qué efectos tendrá la denuncia?
Si bien el Gobierno Nacional reconoció la manifestación y aclaró que son válidas las causas que llevaron al “Congreso de los Pueblos” a protestar a lo largo de cinco días en todo el país, ahora la Fiscalía deberá individualizar a las personas que provocaron las agresiones denunciadas. En este proceso, también será clave establecer si hubo una organización o un plan detrás de los desmanes que dejaron a cuatro uniformados heridos.
“La Fiscalía debe investigar e identificar a los responsables de estos hechos a la mayor brevedad, quienes pedimos sean investigados por los delitos de terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, concierto para delinquir, daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público, entre otros”, señaló Galán.
De esta manera, la Fiscalía deberá seguir un proceso para identificar a los presuntos agresores, quienes podrían enfrentar graves penas que pueden ir hasta los 25 años de cárcel por “terrorismo”. Esto, teniendo en cuenta que se demuestren los delitos, ya que los manifestantes podrían contraargumentar sus acciones en el marco de la protesta. Esta defensa de los protestantes podría soportarse en el acuerdo firmado el viernes tras los desmanes, el cual, el Gobierno, dice, ya entabló diálogo con la Fiscalía para evitar la “estigmatización y judicialización”.
Al respecto, el abogado Rafael Quintero, analizó: “cuando en una marcha traen elementos bélicos, flechas, armas blancas, explosivos, se está incurriendo en la comisión de delitos de terrorismo contemplado en el ARTÍCULO 343. De la ley 599 de 2000, el cual indica que quien provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a doscientos setenta (270) meses y multa de (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El acuerdo pactado habla de “prevenir la judicialización”
Tras una álgida jornada de protestas que cerró la semana de movilizaciones convocadas por organizaciones sociales de todo el país, el Gobierno anunció un acuerdo con líderes del movimiento. Se acordaron mesas de diálogo en las regiones y el cese de los bloqueos y concentraciones en diversos puntos y entidades gubernamentales.
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De acuerdo con el acta de acuerdo firmada a las 6:00 p.m. de este 17 de octubre, compartida por el Ministerio de Interior. Aunque el acta no mencionó los hechos violentos reportados en horas de la tarde que dejaron a cuatro policías heridos, el acuerdo indica que el Gobierno ya estableció un canal de comunicación entre la Fiscalía General de la Nación y el movimiento social “para prevenir y atender la estigmatización y la judicialización por la protesta social”, lo cual tendrá que entrar a evaluarse junto a la denunciada instaurada por la Alcaldía de Bogotá en las últimas horas y que pide, expresamente, la judicialización de los responsables.
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Por Redacción Bogotá
