El Plan de Desarrollo de Bogotá tiene una meta clara: asegurar el aprovechamiento del espacio público mediante el control de las zonas con alta concentración de vendedores informales. A su luz, se realizan operaciones y encuestas para, dicen, analizar donde están ubicados estos trabajadores y brindarles oferta institucional. Pero ¿cómo se está armonizando con el derecho al trabajo y su mínimo vital?
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La alta presencia de vendedores informales en la capital no es un fenómeno aislado, sino resultado de una compleja interacción de factores estructurales, económicos y sociales. Según el DANE, la cifra de desempleo en Bogotá, entre junio a agosto de este año, cayó a 8,2% (0,6 % menos que en 2024), hay una realidad inocultable y es una porción significativa de ciudadanos sin un puesto de trabajo formal (34%).
Y de acuerdo con el Instituto para la Economía Social (IPES), a la fecha tienen 5.895 vendedores y vendedoras informales caracterizados. De estos, la mayoría son mujeres cabeza de familia (3.185) y un gran número tienen entre 29 y 45 años (2.317). No obstante, hay muchos que no están en esas cuentas oficiales, pues las ventas informales se convierten en la única alternativa de algunas familias para generar un ingreso, ante la incapacidad del mercado laboral formal para absorber toda la fuerza de trabajo.
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Así lo señala Nohora Castillo, una de las lideresas de vendedores informales en Bosa. Ella tiene 63 años y desde temprana edad aprendió que las calles son el medio para obtener sus ingresos. “El vendedor informal existe porque no hay oportunidades. En mi adolescencia busqué trabajo, pero no tenía el bachillerato. Aunque en ocho ocasiones he tenido local, los gastos se vuelven impagables. Entonces siempre vuelvo a las calles para vender en las temporadas del año”, cuenta.
Detrás de esta realidad, hay una serie de rezagos, agudizados por la pandemia, que hacen más precaria su situación. Por ejemplo, como le sucedió a Castillo, el bajo nivel educativo, que les impide acceder a un empleo formal. De los 5.895 vendedores informales caracterizados, 2.980 no tienen siquiera primaria. Hoy, de toda la población caracterizada, 4.493 están afiliados al régimen subsidiado y 4.947 viven en arriendo o subarriendo.
Un dato que refleja el perfil de esta población lo reveló el reciente censo a los 1.142 trabajadores informales, que se ubican a diario en la carrera séptima, desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 26, el cual indica que el 45% presenta altos niveles de pobreza o vulnerabilidad.
Reparos
Si bien no tener que hacer trámites ni un gran capital para vender en la calle atrae a quienes buscar un oficio para poder vivir dignamente, la tensión entre la recuperación del espacio público y la protección del derecho al trabajo y al mínimo vital de los vendedores informales es un dilema de tiempo atrás. Sin embargo, esta no es la única situación que enfrentan los que trabajan en la calle por necesidad.
Castillo señala que, a pesar de esa falta de oportunidades que muchos soportan, para otros la venta informal se ha convertido en una conveniencia para acaparar y decidir quién trabaja o no en las calles. De acuerdo con el diagnóstico de la política pública (Secretaría de Desarrollo, 2023) entre los principales problemas manifestados por los vendedores ambulantes, está la seguridad.
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El informe menciona la explotación de vendedores por terceros, los problemas de convivencia, el microtráfico, la discriminación, los hurtos y la venta de licor a menores de edad. “Son mafias del espacio público. Hay dueños de almacenes con seis puestos en la calle. He denunciado, pero han hecho caso omiso”, recalca Castillo.
Según el Ipes, de los vendedores informales caracterizados, 2.775 manifestaron querer constituir su negocio propio y 2.248 quieren seguir en el espacio público de forma regulada. Para Esmeralda Moreno, de 52 años y consejera distrital de esta población, el problema está en que decretos como el 315 de 2024 (el IPES debe emitir un protocolo de Uso y Aprovechamiento Económico del Espacio Público) exigen requisitos casi o más difíciles que para tener un local.
“No se sientan con nosotros para preguntarnos ¿qué necesitamos para salir del espacio público? Simplemente llegan, nos atropellan y pasan por encima de toda la jurisprudencia que hay a favor”, reclama. Y lo dice con justa causa, pues en abril de este año, fue capturada por supuestamente obstruir un procedimiento policial al defender a otra compañera vendedora ambulante en Suba. Por esta razón, la Fiscalía le imputó el delito de obstrucción a la función pública y enfrenta el proceso penal en libertad. La audiencia de acusación la tiene programada para el 24 de noviembre.
¿Cómo armonizar?
Durante esta administración se han realizado varios desalojos, que terminaron en protestas y en fallos de tutelas que amparan su derecho al trabajo y resaltan que son sujetos de especial protección constitucional, advirtiendo que se les debe ofrecer alternativas de reubicación o de trabajo iguales o mejores, para que su mínimo vital no sea afectado.
Bajo la directriz de evitar la percepción de inseguridad y el desorden, la nueva directora del IPES, Catalina Arciniegas, respondió a este diario que las acciones, en articulación con otras secretarías, se basan en garantizar que quien ocupe el espacio público “sea realmente para quien lo necesita o se encuentre en una verdadera condición de vulnerabilidad”.
Esto, ante casos de explotación económica, extensión inadecuada del espacio, “o malas prácticas, como el uso de cilindros y venta de alimentos sin revisión sanitaria”. Para cumplirlo, la hoja de ruta será la Resolución 180 que reglamentará el Decreto 315. Sin embargo, ante dudas de vendedores informales por los permisos de 1 o 2 años o cobros excesivos por el uso del espacio público, por nombrar algunas quejas, Arciniegas resaltó que han realizado 68 jornadas de socialización y cinco mesas de trabajo donde han hecho pedagogía.
“En este momento se viene desarrollando en la carrera Séptima. Actualmente, esperamos el estudio de cargas para poder iniciar el proceso de recepción de solicitudes para el aprovechamiento económico del espacio público, documento que está a cargo del Departamento Administrativo del Espacio Público (Dadep)”.
Al preguntarle sobre esa conciliación entre el derecho al trabajo, el mínimo vital y el ordenamiento del espacio público, la directora resaltó que han beneficiado a 1.172 personas que han aceptado pasar a la formalidad, ubicándose en carpas, casetas, puntos comerciales, puntos de encuentro, quioscos y semiestacionarios. “Hoy tenemos 356 módulos de puntos comerciales para adjudicarlos a los y las vendedores, 305 quioscos disponibles, entre otras”.
Los datos son contundentes: el empleo informal es una respuesta directa a la vulnerabilidad. Si bien, el enfoque de Bogotá está en recuperar esos metros cuadrados, de manera coordinada, deben también responder a si la oferta institucional realmente aporta a reducir estos rezagos estructurales.
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Por María Angélica García Puerto
