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Una nueva jornada de protestas de taxistas en Bogotá terminó afectando uno de los puntos más sensibles de la ciudad: el acceso al aeropuerto El Dorado. Durante gran parte de este miércoles 8 de abril, varios conductores del gremio realizaron bloqueos en la calle 26, a la altura de la carrera 110, generando congestión y dificultades para pasajeros que se dirigían a vuelos nacionales e internacionales.
Incluso, varios de los manifestantes optaron por bloquear los ingresos peatonales a la terminal aérea, lo cual derivó en la intervención de la UNDMO, antiguo ESMAD. Bajo esta misma línea, la movilización hizo parte de un paro convocado por el gremio en medio de un creciente choque con la administración distrital por algunas cifras relacionadas con los antecedentes penales de 500 conductores.
El aeropuerto, un punto crítico del conflicto
El aeropuerto El Dorado se ha convertido en uno de los escenarios más sensibles del paro de taxistas, no solo por su impacto en la movilidad, sino por las tensiones acumuladas en su operación. Conductores que trabajan en la terminal han denunciado desde hace meses cambios en las condiciones de acceso y operación, incluyendo mayores tiempos de espera en fila para recoger pasajeros, restricciones en los turnos y costos asociados al ingreso y permanencia en la zona autorizada.
Todo derivó, dicen los manifestantes, en el cambio de gerencia de la empresa Taxis Imperial, con fuerte presencia en la terminal aérea. Los conductores de taxi manifiestan que se le da más prioridad a los servicios de transporte especial, y que estarían cobrando hasta el 15 % de comisión por cada servicio prestado.
A esto se suma la percepción del gremio de una competencia desigual frente a plataformas digitales y transporte especial (camionetas blancas), que —según denuncian— logra captar usuarios en zonas cercanas al aeropuerto sin los mismos controles.
Estas condiciones han derivado en jornadas de protesta y ceses de actividades dentro y fuera de la terminal, así como en bloqueos en la calle 26 y en los accesos al aeropuerto, un punto estratégico que amplifica la presión del gremio al afectar directamente a viajeros, aerolíneas y la operación logística de la ciudad.
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Polémica por antecedentes judiciales
El paro se da en medio de la controversia por un tamizaje que hizo el Gaula, según el cual el 60 % de los taxistas revisados tiene algún tipo de anotación judicial.
La cifra surgió de un análisis a cerca de 500 conductores en el contexto de investigaciones por delitos recientes en la ciudad, como el secuestro de una mujer y el asesinato de un profesor universitario.
Los resultados de dicha muestra fueron divulgados durante una rueda de prensa de la Secretaría de Seguridad tras la desarticulación de una banda dedicada al paseo millonario. Este contexto causó revuelo en el gremio, ya que lo consideraron una deriva de estigmatización en su contra.
Sin embargo, tras la polémica, el Distrito aclaró las limitaciones de la muestra y aclaró que la fuente de los datos es el Gaula de la Policía, y no la Secretaría de Seguridad de Bogotá.
La respuesta del gremio de taxistas
Los taxistas rechazaron el dato y aseguraron que se trata de una generalización injusta que estigmatiza al sector. Voceros del gremio han insistido en que tener una anotación judicial no equivale a tener una condena penal, y que muchas de estas anotaciones corresponden a procesos que no implican culpabilidad.
Además, pidieron al Distrito mayor claridad sobre la metodología del estudio y defendieron los controles internos que aplican algunas empresas para verificar a sus conductores.
Un conflicto que escala
El choque entre taxistas y la Alcaldía se da en un contexto de preocupación por la seguridad en el transporte público, especialmente tras casos recientes que involucraron taxis en delitos de alto impacto.
Las autoridades han planteado medidas como mayores controles de antecedentes y regulación más estricta del servicio, lo que ha generado resistencia en el gremio.
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