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Por: Juan Camilo Acevedo Páez – Experto Comisionado CRA.
La gestión lineal de residuos genera impactos significativos sobre el aire, el suelo, el agua y el clima. Según el Ministerio de Ambiente, el sector produce cerca de 22 millones de toneladas de CO₂ equivalente al año y constituye la cuarta fuente de emisiones de gases de efecto invernadero del país. Mientras en Colombia los residuos aún se conciben principalmente como basura y un problema de saneamiento, en países como Alemania, Dinamarca, y Corea del Sur, son considerados materias primas y fuentes de soluciones energéticas y agronómicas que contribuyen a la economía circular.
La pregunta es inevitable: ¿vamos a seguir entendiendo como basura aquello que, en realidad, son recursos y materias primas?
Colombia necesita transitar de un modelo concentrado en generar, recoger, transportar y enterrar residuos hacia un modelo circular, capaz de reducir su generación, aprovecharlos, tratarlos, valorizarlos y reincorporarlos al ciclo productivo. En esa dirección, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) inició en 2020 la construcción del nuevo Marco Tarifario del Servicio Público de Aseo aplicable en municipios y/o distritos de más de 5.000 suscriptores. Este proceso culminó con la adopción de la Resolución CRA 1040 de 2026, que impactará aproximadamente a 42 millones de habitantes de 273 municipios del país.
Durante cinco años se desarrollaron 12 estudios técnicos con información reportada al Sistema Único de Información de la Superservicios, encuestas a prestadores, visitas técnicas y otras fuentes sectoriales. El propósito fue identificar y reconocer los costos necesarios para una prestación eficiente lograda por el mejoramiento y la tecnificación de los procesos, garantizar su suficiencia financiera y evitar que los usuarios asumieran ineficiencias, duplicidades o gastos ajenos al servicio recibido.
Pero una regulación de esta magnitud no podía construirse únicamente desde los escritorios. Entre julio y noviembre de 2025 se realizó el ejercicio de participación ciudadana, con el ánimo de escuchar y fortalecer las señales regulatorias del nuevo marco tarifario, para tal fin se realizaron cinco consultas públicas en Santa Marta, Medellín, Cali, Villavicencio y Bogotá, además de 48 espacios de socialización especializados, que reunieron a 1.751 participantes de diferentes actores del servicio público de aseo como prestadores, organizaciones y personas recicladoras de oficio, entidades territoriales, usuarios, consultores, academia, entre otros.
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Producto de la participación ciudadana, la CRA recibió 43.658 consultas, siendo el proceso con mayor número de consultas en la historia de la Comisión, superando en casi 20 veces las consultas registradas durante el proceso participativo del marco tarifario anterior. Del total de consultas, el 98,9 % fueron aceptadas o aclaradas, lo que evidencia la amplitud, incidencia y garantía del proceso participativo. No obstante, como se ha señalado, “La participación amplia y efectiva es una condición de legitimidad; la concertación obligatoria, en cambio, resulta incompatible con la naturaleza misma de la potestad regulatoria.”[1] En consecuencia, la CRA valoró debidamente los aportes recibidos preservando su autonomía técnica y decisoria en función del interés general.
El nuevo marco no es solamente una fórmula para calcular tarifas. Es una señal para transformar la gestión de los residuos, basada en justicia social y tarifaria, sostenibilidad, innovación y cierre de brechas. Busca reducir la presión sobre los rellenos sanitarios y otros sistemas con afectaciones ambientales, incentivar el aprovechamiento y el tratamiento para la producción de compost, biogás y combustibles derivados de residuos (CDR), y dignificar y proteger a las personas recicladoras de oficio, cuya labor produce beneficios económicos, sociales y ambientales para toda la sociedad.
También empodera al usuario. La calidad debe asociarse con condiciones objetivas y verificables, de modo que lo pagado corresponda al servicio efectivamente recibido y existan consecuencias cuando se incumplan frecuencias, horarios o estándares en la prestación. Así, el ciudadano puede contribuir a promover áreas limpias y un hábitat digno, reportar fallas y exigir una prestación de calidad.
Ese poder supone corresponsabilidad. La economía circular comienza en cada hogar con una correcta separación en la fuente, incentivando a los usuarios entregar al servicio de aseo recursos y no basura, indispensable para que los materiales aprovechables permanezcan en el ciclo productivo. Pero necesita también prestadores eficientes, autoridades de orden nacional y territorial comprometidas, organizaciones de recicladores fortalecidas, información transparente y seguimiento permanente.
La regulación, por sí sola, no resolverá todos los problemas. Sin embargo, establece nuevas reglas para avanzar hacia tarifas justas, proteger al usuario y convertir lo que hoy enterramos en recursos para una verdadera transformación ambiental, social y productiva del país.
[1] Narvaez Tafur, G. (2026). Independencia del regulador y límites a la concertación regulatoria en servicios públicos domiciliarios. Revista Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, No. 15, 48-62.
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