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El gobierno anunció recientemente que, “según lo reportado por las EPS, entre 2018 y 2023 más de 471 mil personas fallecidas recibieron servicios de salud luego de la fecha de su muerte (…) por valor de $2,3 billones”. A esto el presidente agregó que “casi tres billones de pesos se robaron entre 2020 y 2023 las EPS”. Estas declaraciones, más que un análisis fundamentado, parecen ser una nueva pieza dentro de la campaña de desprestigio al sistema de salud colombiano emprendida por el actual gobierno, que busca deslegitimarlo para justificar su reemplazo.
En contexto: Nuevas cifras que ponen en duda la versión de que las EPS pagaron servicios de salud a fallecidos
Es cierto que en todo sistema pueden presentarse intentos de fraude mediante el cobro de servicios a personas fallecidas, pero su magnitud no corresponde a las cifras expuestas ni las EPS son las responsables directas. Estas entidades no prestan servicios médicos; su función consiste en administrar los recursos y pagar a los prestadores que efectivamente brindan la atención. Por tanto, si existiera un fraude por cobros indebidos, los responsables serían los prestadores que emitieron las facturas, no las EPS.
Además, resulta ilógico pensar que a una EPS le conviene financiar atenciones inexistentes, pues sus ingresos provienen de una suma fija por afiliado (la Unidad de Pago por Capitación, UPC). Esto significa que los gastos por servicios no reales reducen sus márgenes financieros, en lugar de incrementarlos. Por ello, la idea de que las EPS se enriquecen mediante cobros fraudulentos carece de cualquier sustento lógico o técnico.
Este tipo de denuncias no es nuevo. En el pasado, investigaciones similares —como la realizada en Bogotá en el año 2000— concluyeron que no existió fraude. La mayoría de los casos correspondían a servicios legítimos prestados antes del fallecimiento, cuya facturación se presentó posteriormente por demoras administrativas.
En otros casos se trató de errores en las fechas o en la identificación de los usuarios, o de servicios que se prestan luego de fallecido el paciente como necropsias clínicas, toma de muestras de patología, laboratorio o genética, y la extracción de órganos o tejidos para trasplantes.
Si bien podría existir algún intento aislado de fraude por parte de un prestador, su detección es sencilla. Todo paciente cuenta con una historia clínica que registra de manera obligatoria cada atención realizada por médicos, enfermeras y auxiliares. Este documento, cuyo resumen debe adjuntarse a la factura, constituye una trazabilidad que hace prácticamente imposible simular atenciones inexistentes sin ser descubierto.
En consecuencia, aunque pueda haber errores o casos excepcionales, la generalización presentada por el gobierno carece de rigor. Lo denunciado corresponde más a inconsistencias contables o administrativas que a un desfalco sistemático. Si se llegaran a comprobar irregularidades, serían los prestadores —y no las EPS— quienes deberían responder y reintegrar los recursos.
Este episodio refleja más un esfuerzo político por desacreditar el sistema de aseguramiento que un intento genuino de corregir deficiencias reales. Las afirmaciones oficiales, carentes de evidencia verificable, contribuyen a erosionar la confianza pública en una estructura que, con sus falencias, ha permitido ampliar la cobertura y el acceso a la salud en Colombia.
