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Más que falta de dinero, son la politiquería y la corrupción los principales males que carcomen al sistema de salud colombiano, que afectan por igual a sus organismos de dirección, control, prestadores y aseguradores, de lo cual Bogotá fue un desafortunado ejemplo. Cuando se habla de politiquería se incluye al clientelismo, que no es más que una forma disfrazada de corrupción que debilita las instituciones, que a punta de eufemismos como el de “acuerdos de gobernabilidad”, se ha utilizado para justificar entregarle el control de los recursos de salud a políticos inescrupulosos que la han utilizado para el lucro personal.
Esta debacle renació en los hospitales públicos, que gastan el 30% del presupuesto de salud, mediante el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 que le devolvió a los alcaldes, gobernadores y presidente, la facultad de nombrar a los gerentes de estas entidades.
Anteriormente, desde la Ley 100 de 1993 estas designaciones se hacían mediante concursos de méritos en los que primaba la formación y experiencia del aspirante antes que la cantidad de apoyos políticos. En las entidades de dirección, financiamiento, vigilancia o las mismas EPS nunca ha existido una regulación al respecto.
Esta Ley permitió que los hospitales públicos volvieran a la nefasta práctica clientelista de despedir y volver a nombrar cada cuatro años, además del personal directivo, al 70% de los trabajadores vinculados mediante contratos de prestación de servicios. Como bien es sabido, quien controla la entidad direcciona los contratos a determinadas personas a cambio de una contraprestación que obedece más a intereses particulares que a los de los pacientes.
Pero ¿en qué radica la inconveniencia de que los políticos controlen la salud? Al ser esta un derecho humano fundamental en cuyo manejo deben primar criterios técnicos y humanitarios, debe estar al margen de cualquier discusión política o ideológica, es decir ser neutral sin importar el bando político de quien la conduzca.
La enfermedad debe ser abordada sin miramientos de edad, género, raza, posición social o política de quien la padece ni convertirse en moneda de cambio sujeta a los pensamientos e intereses de quien la controle. Menos tratar de convertirla en una herramienta de lucha político ideológica con la que se busquen imponer visiones del mundo sin el consenso necesario como pretende el actual gobierno.
En las sociedades avanzadas existen acuerdos tácitos o explícitos que dejan la salud por fuera de las discusiones y repartijas del poder político. Por ello, este sector debe ser conducido por los mejores en cuanto a formación y experiencia, en cuya elección no debería tener ningún peso la relación con políticos o causas clientelistas, que a pesar de que algunas son legítimas, la salud de la gente debería mantenerse al margen de ellas. Será difícil que los políticos quieran soltar el control del sector salud, pero intentarlo bien vale la pena, tarea que debería emprender el próximo presidente.
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