La directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de la administración de la alcaldesa Claudia López, Luz Amanda Camacho, goza de un “teflón” tan intrigante como sospechoso, que no obstante las graves situaciones que la rodean, sigue sin inmutarse dirigiendo una entidad, que, cada vez más y de manera vertiginosa, evidencia ineficiencia y, al parecer, notorios vestigios de corrupción.
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Desde su nombramiento en enero de 2020, el desenfoque institucional de la UAESP es notorio e injustificable. Sorprendió entonces, que la señora Camacho se mantuviera en el cargo, no obstante el día 16 de marzo de 2020, fue sancionada en primera instancia con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de 12 años, por parte de la Procuraduría General de la Nación -Regional de Casanare-.
Esta pequeña entidad, cada vez menos por cuenta de la contratación de personas de forma permanente pero por fuera de la planta de personal, pareciera pretender revivir la extinta Empresa Distrital de Servicios Públicos (Edis). Liquidada la Edis, la UAESP fue concebida para coordinar que se presten en la ciudad los servicios de aprovechamiento de residuos; la disposición de estos; el alumbrado público; la recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas; y, los servicios públicos funerarios. No, para ser prestadora de estos servicios.
Desde la llegada de la señora Camacho, la gestión de la UAESP se ha acentuado en esa línea, actuando como si fuera prestadora y reguladora de estos servicios, cuando no lo es, ni puede llegar a serlo, por razones jurídicas de fondo que, en buena hora, lo impiden.
Esta grave ligereza de quién actualmente dirige la UAESP, pero también de sus antecesores en las administraciones de Peñalosa, Petro, Moreno y Garzón, ha generado la vertiginosa desmejora en la prestación de varios de esos servicios; pero, en especial, ha producido gruesas y eventualmente muy costosas distorsiones en sus relaciones con sus contratistas, como la que denota el billonario pleito arbitral con CGR Doña Juana S.A., por cuenta del manejo del relleno sanitario distrital.
Las acciones, omisiones e incumplimientos de la UAESP, en este caso de aseo, muy probablemente, gracias a que ha venido fungiendo erradamente como regulador y prestador, cuando no lo es, nos costará a los bogotanos una multimillonaria condena, con ocasión del laudo arbitral que deberán emitir a comienzos de 2023, los señores árbitros: Alberto Yepes Barreiro, Rodrigo Durán Bustos y Luis de Brigard Caro, designados por las partes de común acuerdo para dirimir está billonaria controversia.
Al fracaso de la señora Camacho con la planta de termovalorización de residuos, que literalmente se quedó en anuncios y que dejan entrever, más bien, que se trataba de una burda manera de actuar ante el actual concesionario del relleno sanitario por cuenta del citado pleito, se le suman las nada menores deficiencias que presenta los servicios funerarios contratados por la entidad y las gravísimas denuncias de corrupción que ha venido poniendo en evidencia la concejal Lucía Bastidas, pero sin que los órganos de control nacional y distrital, respondan de manera oportuna, diligente y contundente a la fecha.
Por su parte, la alcaldesa López, pareciera pasar por encima la protuberante falta de eficacia en la dirección de la señora Camacho, quién en estos y otros asuntos no le atina a una. ¿Quién o qué está detrás de Luz Amanda Camacho, quién sin importar lo que la rodea se mantiene en su cargo?
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