21 Aug 2020 - 10:43 p. m.

Ordenan demoler otra mansión ilegal en los cerros de Bogotá

Se trata de un inmueble construido en una zona de reserva forestal, ubicada en el sector de los Rosales, en el nororiente de la capital. El propietario del predio tendrá que cubrir los costos de la demolición y pagar una multa.
Imagen de referencia. El responsable de la construcción también deberá asumir la recuperación paisajística del terreno afectado.
Imagen de referencia. El responsable de la construcción también deberá asumir la recuperación paisajística del terreno afectado.

Continúan las órdenes para demoler lujosas mansiones que, de forma ilegal, han sido construidas en los cerros orientales de Bogotá. En julio del año pasado, este medio comunicó la existencia de al menos ocho de este tipo de predios, en los que sus propietarios, con recursos legales, han dilatado los procesos de demolición que se adelantan en su contra.

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Recientemente se dio a conocer una resolución emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en la que se declara a Cristóbal Pedraza Pineda como el responsable de una de estas construcciones ilegales, específicamente, un inmueble edificado en un área de reserva forestal, denominada como Lote 8A El Bachué el Bagazal, ubicada en la calle 76 °2 - 48 este, en el sector de los Rosales, en la localidad de Chapinero.

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A Pedraza se le ordenó la demolición de esta obra, por lo que los costos relacionados a esta acción correrán por su cuenta. A modo de símil, para calcular cuánto podría costar una acción como esta, se tiene como referencia la demolición de El Bambú, otra construcción ilegal en los cerros, de 14.000 metros cuadrados, la cual costó $575 millones. Para ello, el responsable deberá entregar a la Corporación, en un plazo no superior a dos meses, un cronograma de ejecución. El proceso deberá completarse en un plazo no mayor a seis meses, los cuales arrancan desde la presentación de dicho plan de obras.

“En caso que no sea realizada la demolición dentro de este plazo por parte del sancionado, procederá la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a ejecutarla y repetirá contra el infractor a través de la jurisdicción coactiva por todos los gastos en que se incurra en su materialización, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2 del parágrafo 1 del artículo 2.2.10.1.2.4, del Decreto 1076 de 2015”, comunicó la CAR.

Sumado a lo anterior, Pedraza deberá pagar una multa de $136 millones, la cual deberá ser cancelada en los cinco días hábiles siguientes a la emisión de la resolución. “La no cancelación de la multa impuesta, dentro del término previsto, dará lugar a la posibilidad de realizar el cobro coactivo de la multa y de los intereses moratorios, por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de esta entidad”, detalló la CAR.

Pero aquí no terminan las responsabilidades de Pedraza. El infractor deberá invertir en la recuperación paisajística del terreno afectado, con el fin de recuperar la utilidad del ecosistema. Estas actividades las deberá realizar en un periodo inferior a seis meses, después de que hayan terminado las labores de demolición.

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