Alimentos en descomposición, falta de camas, medicamentos y acceso al sistema de salud, así como una posible vulneración de los derechos de las personas designadas para el cuidado de los detenidos, fueron algunas de las denuncias que reveló la Procuraduría General de la Nación después de una reciente visita a los centros de detención temporal en la capital del país.
Esta visita se da después de una visita del ente de control a en ocho estaciones de policía (Usaquén, la Candelaria, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Suba, Mártires, Rafael Uribe Uribe), tres Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el instituto penitenciario y carcelario de la Picota en Bogotá, que son, según la Procuraduría, los puntos en los que más quejas recibidas en la capital del país.
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Como parte del informe de la visita, el ente de control indicó que la mayoría de los detenidos en estos puntos duermen en lugares improvisados con colchonetas, hamacas u otros artículos, y reiteró que se encontró que no hay baterías sanitarias suficientes para la totalidad de las personas recluidas en estos lugares.
“El acceso al sistema de salud es precario e insuficiente para los reclusos, no hay acceso a los medicamentos y a los tratamientos que se suma a las condiciones insalubres en que usan a diario; por lo que, algunas de las enfermedades que sufren como tuberculosis y leptospirosis son contraídas en estos sitios”, indicó la Procuraduría.
Finalmente, el organismo de control indicó una importante falta de acompañamiento y capacitación a los guardas de los reclusos, que están, asegura, en exposición constante a ataques, enfermedades, desgaste físico y psicológico; además, la Procuraduría asegura que estos últimos están asumiendo responsabilidades ajenas a lo establecido por la ley como suministrar medicamentos y asegurar el acceso a audiencias.
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Cabe señalar que el pasado, el 27 de abril, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ante el posible incumplimiento de obligaciones relacionadas con el hacinamiento en centros de detención transitoria.
De acuerdo con el expediente de la Sala Disciplinaria de Instrucción, tanto López, como el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel, podrían no haber brindado las garantías legales para las personas privadas de la libertad.
Esta problemática en Bogotá viendo siendo estudiada por la Corte Constitucional, que en 2022 ordenó mejoras en las condiciones de los centros de reclusión transitoria. El dato general de hacinamiento no baja del 150 % y hay estaciones con cifras que siguen por encima del 500 %.
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