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La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios (por establecer) de la secretaría de Movilidad, por supuestas anomalías presentadas en la ejecución del contrato celebrado para el diseño e implementación del nuevo software que manejaría los comparendos en la ciudad.
El ente de control busca esclarecer los hechos denunciados que refieren la existencia de retrasos en la entrega del “Sistema Fénix”, herramienta que optimizaría el proceso de manejo de las infracciones de tránsito en Bogotá.
“Al parecer, este sistema no ha entrado en funcionamiento pese a que, según las estipulaciones contractuales, la entrega estaba fijada para la vigencia de 2022, situación que pudo haber generado detrimento patrimonial”, manifestó el Ministerio Público.
De esta manera, será la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción, la cual corroborará si se presentó incumplimiento de los principios y normas que rigen la contratación estatal, ordenando la práctica de las pruebas pertinentes y conducentes para verificar la ocurrencia de estos hechos.
La otra investigación de la Procuraduría
A esta noticia se suma la del pasado 13 de agosto, donde el Ministerio Público ordenó investigar las denuncias hechas en el Concejo sobre presuntas anomalías en el contrato entre la secretaría de Movilidad y el concesionario GYP S.A.S para la gestión de las grúas y patios de vehículos inmovilizados en la ciudad desde la vigencia 2018.
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La Procuraduría detalló que indagan si de los ingresos generados por este bilateral a la capital solo llegan el 17.7%, mientras que según la información recibida presuntamente el casi 82.3% de los ingresos por los cobros se destinan al contratista. “Por lo tanto, el ente de control verifica si el ingreso a la secretaria tan solo es de $28 mil millones, pero para el concesionario es por presuntos $134.000.000.000 (...)″, enfatizó la Procuraduría.
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Por Redacción Bogotá
