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El problema con las emisiones de ruido en la capital no solo ha desplazado a muchos habitantes que no lograron conciliar el sueño en crecientes zonas de rumba que colindan con zonas residenciales. El panorama es tal, que Bogotá ha reportado más de 6.100 denuncias por ruido este año de todo tipo. Y aunque hay propuestas y una Ley Antiruido en aplicación, el camino para equilibrar el ruido y el derecho a descansar, es largo.
Julián Uscátegui, concejal del Centro Democrático, presentó un proyecto para reforzar la ley sancionada este año por el presidente de la República. Esto, en respuesta a que los problemas siguen y como evidenció este reportaje de El Espectador, las denuncias son múltiples y van de norte a sur de la capital.
“El problema se agrava porque las quejas permanecen represadas en las Inspecciones de Policía”, indicó el cabildante, “donde un proceso puede tardar más de dos años en resolverse”, complementó.
Según datos que dio a conocer, entre mayo de 2024 y mayo de 2025, las quejas por ruido en barrios residenciales aumentaron un 15 %, pasando de 4.207 a 4.837 reportes. “Las principales causas son fiestas y el uso de equipos de sonido con alto volumen, con consecuencias directas en el sueño, la salud mental y la convivencia ciudadana”, señaló.
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¿De qué trata el proyecto?
El concejal presentó en un nuevo acuerdo que propone crear “Zonas Tranquilas”, es decir, áreas de conservación acústica que se integrarán a parques, hospitales, colegios y barrios residenciales, donde se establecerán horarios y restricciones para proteger el entorno sonoro.
“Con las Zonas Tranquilas queremos garantizar a los bogotanos el derecho al descanso, a la salud y a vivir en paz en sus hogares. La ciudad necesita espacios donde reine el silencio y la convivencia”, enfatizó el concejal Uscátegui.
La iniciativa busca reforzar lo establecido en la Ley, cuya aplicación ha sido conflictiva en Bogotá, según afirman las autoridades locales. Las causas: voluntad de los dueños de bares y discotecas; la lucha contra amanecederos amparados en sindicatos, e incluso, la voluntad de la Policía.
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Violencia acústica
Desplazados por el ruido. Así se sienten cientos de habitantes de Bogotá de sur a norte. Aunque la Ley 2450 llegó como un consuelo para los bogotanos agobiados por el alto volumen en zonas de rumba, casos como el de Catalina Benavides*, quien sufre hiperacusia y es atormentada por el ruido de una discoteca que funciona hace seis años al lado de su casa, en Chapinero; el de Lina Castañera, de La Marichuela (Usme), cuya madre murió siendo dependiente de las gotas para dormir, y la molestia de los vecinos de la calle 93 con 11, a quienes las chivas rumberas les impiden conciliar el sueño, evidencian que su aplicación está en entredicho.
La norma fijó responsabilidades a entidades territoriales, autoridades ambientales y la Policía para reducir la contaminación sonora y proteger la salud de la ciudadanía.
En Bogotá, esta tarea le corresponde a la Secretaría de Ambiente, junto a las alcaldías locales y la Policía, que deben vigilar cualquier actividad que provoque ambientes sonoros con más de 65 decibeles (dB) en el día y 55 dB en la noche, pero el problema crece, como lo muestran las denuncias que recogen y mapean colectivos como Activos X El Ruido, que piden que se cumpla la ley, con campañas como #LaPesteDelInsomnio enferma.
La alcaldesa local de Chapinero, Alexandra Mejía, reconoció que ha tenido que denunciar en la Fiscalía la reapertura inmediata de establecimientos cerrados por ruido u otras faltas.
“Esto implica voluntad política y pisarles los callos a algunas personas. La primera vez que me amenazaron fue en un sitio que no cumplía con las medidas de red contra incendios, pero desde que estoy trabajando el tema de ruido han aumentado”, dice la funcionaria, quien destaca que entre enero y mayo han abierto 33 procesos sancionatorios. El año pasado fueron seis.
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Chivas y otras rumbas
“Llegué con mi familia hace un año desde Nueva York buscando una vida más tranquila. Al principio estuvimos en casa de mi suegra hasta que encontramos lo que creímos era el apartamento perfecto: en la carrera 11 con calle 93. Está en una zona segura, con buenas opciones de entretenimiento, restaurantes y una excelente oferta educativa para mi hijo. Todo parecía ideal… hasta la noche del primer viernes”, contó un ciudadano.
Las chivas rumberas, que circulan por el parque de la 93, se estacionan justo frente a su edificio. “Bloquean un carril y generan un nivel de ruido insoportable, principalmente los viernes y sábados, y, a veces, también los miércoles”. El vecino radicó derechos de petición ante la Secretaría de Ambiente y la Alcaldía de Chapinero. “
Ambas reconocieron que esta actividad es ilegal, pero que la ley no contempla sanciones. Ambiente, incluso, después de pedirme direcciones y nombres de las chivas, concluyó que no era de su competencia. La última respuesta vino de la Secretaría de Movilidad, reconociendo que no tienen cómo sancionar, aunque aseguran estar haciendo operativos. Todo sigue igual”.
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Por Redacción Bogotá
