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En fallos de segunda instancia conocidos este viernes, la Personería de Bogotá ratificó las sanciones contra Martha Lucía Sánchez, quien fuera secretaria Distrital de la Mujer durante la administración del exalcalde Gustavo Petro, así como contra María Eugenia Martínez, exdirectora del Instituto Distrital de Patrimonio. Ambas exfuncionarias fueron destituidas e inhabilitadas durante 10 años para ejercer cargos públicos por irregularidades en contratación.
En el caso de la exsecretaria de la Mujer, el ente de control revalidó la sanción que le impuso en marzo pasado, cuando la destituyó e inhabilitó por supuestas irregularidades en la suscripción de un convenio de asociación. En su decisión, el organismo argumentó que la exfuncionaria suscribió en 2013 un convenio sin abrir una licitación o realizar un concurso público, tal como lo exige la ley. El contrato fue suscrito con la Corporación Orientar, por cerca de $914 millones con un plazo de ocho meses. El objeto era atender una Casa Refugio destinada a mujeres víctimas de violencia.
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“La servidora pública no realizó una convocatoria pública para escoger el mejor oferente, pues estaba contratando un servicio, no asociándose para apoyar labor de un particular. Además, no buscó a una firma de reconocida trayectoria y solvencia (…) En el convenio, el contratista se obligó a conseguir una casa en arriendo en el barrio Samper Mendoza para atender a madres víctimas de la violencia intrafamiliar y sus hijos, bajo las órdenes precisas de la Secretaría, es decir, la entidad tercerizó la prestación del servicio”, aseguró la Personería.
Por otro lado, se ratificó la sanción impuesta en octubre de 2016 contra María Eugenia Martínez, exdirectora del Instituto Distrital de Patrimonio, por supuestas irregularidades en contratación. Según determinó el ente de control, Martínez suscribió un contrato con la sociedad Ziggurat Records SAS para la realización de un video institucional; sin embargo, esta organización no cumplía con uno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones: contar con una persona jurídica de mínimo tres años.
(Lea: Inhabilitan por 10 años a la exdirectora de Patrimonio Cultural de Bogotá)
“Esta firma no cumplía el requisito de estar constituida como persona jurídica mínimo tres años antes, como lo estableció el pliego de condiciones del Instituto, vulnerando de esta manera el principio de transparencia señalado en la Ley 80 de 1993”, explicó el organismo.
Conocida la medida, la exdirectora del Instituto aseguró que el contrato por el que fue sancionada es de mínima cuantía, “ejecutado a cabalidad y con buena calidad”. Según Martínez, no hubo un detrimento patrimonial alguno y calificó como “desproporcionada” la pena impuesta por la Personería.
“En la solicitud de conciliación, con la Personería de Bogotá, presentada ante la Procuraduría General de la Nación, mis abogados argumentaron lo siguiente: 1) Violación de los elementos estructurales del derecho disciplinario por imputación de responsabilidad objetiva. Aquí hay interesante trabajo legal y filosófico sobre la culpa real. 2) Falsa motivación y 3) Desviación de poder, porque la pena es desproporcionada y, es evidente, que la proporción de la pena está claramente regulada”, manifestó la exfuncionaria.
Martínez expresó además su ‘impresión’ por la “falta técnica y la ausencia de imparcialidad de la personera delegada que asumió mi caso, a quien conocí en azarosa audiencia”.
“En reunión con otro de los delegados de la Personería, se me dijo textualmente: ‘Doctora, se exageró en el trabajo y tendrá muchos problemas’. He entendido, por la fuerza de los acontecimientos, que el control en Bogotá y Colombia, es perverso: castiga el trabajo técnico y la innovación y promueve una visión burocrática de la gestión pública. Esta es la realidad del muy costoso subdesarrollo”, precisó la exdirectora del Instituto de Patrimonio.
La sanción afecta también a la entonces asesora jurídica del Instituto Distrital de Patrimonio, Patricia Vélez Fernández. “De acuerdo con las normas disciplinarias, la falta se configura cuando se desconocen los principios fundamentales de transparencia, responsabilidad y selección objetiva establecidos, independientemente del monto contratado, pues se limita la participación plural de los interesados”, precisó la Personería.
*Este artículo fue modificado para agregar las declaraciones de María Eugenia Martínez, exdirectora del Instituto Distrital de Patrimonio, quien reclamó por información que consideró imprecisa y con efectos nocivos sobre su buen nombre.