Este 28 de mayo el sindicato SintraVeeduría, de la Veeduría Distrital de Bogotá, se manifestó frente a una posible eliminación y liquidación de dicho organismo a través del proyecto de Ley 355 de 2022 del Senado.
Los trabajadores de este sindicato y los demás servidores públicos de la entidad manifestaron que esta ley “busca eliminar y liquidar este organismo de control preventivo, y lamentan que una entidad que ha estado al servicio de la ciudadanía y de las entidades durante cerca de 30 años, para luchar contra la corrupción y trabajar de la mano de la ciudadanía para la vigilancia de la gestión pública, esté nuevamente frente al riesgo inminente de desaparecer”.
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De acuerdo con el comunicado emitido por SintraVeeduría, durante los últimos periodos constitucionales, “se ha intentado suprimir a la Veeduría Distrital en más de seis ocasiones”, asimismo, para los trabajadores es inexplicable cómo una entidad, “cuyo presupuesto es siete veces menor al de los otros dos órganos de control de la ciudad (Contraloría $178.884, Personería $168.326 millones y Veeduría $23.950 millones); representa el 0.05 % del presupuesto anual del Distrito y cuya planta de personal es muy inferior (Personería 1.001, Contraloría 1.044 y Veeduría 74), para atender a una ciudad de más de 8 millones de habitantes, esté nuevamente expuesta y en medio de un juego político”.
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El sindicato también recalcó que la Veeduría Distrital no ha sido cuestionada por actos de corrupción ni ningún veedor ha sido relevado de su cargo por “algún escándalo de moralidad pública”. Por lo tanto, solicitaron a las Comisiones Primeras del Congreso de la República convocar a audiencia pública en la que los trabajadores puedan manifestarse frente a este proyecto de Ley que propone eliminar a la Veeduría Distrital. Esta audiencia se llevará a cabo el próximo miércoles 1 de junio, a partir de las 3:00 p.m., en el Congreso de la República.
Algunas de las razones expuestas por SintraVeeduría, para que no se elimine la entidad, son:
- Los informes de la Veeduría Distrital que dieron lugar a la judicialización de varios alcaldes locales que evadían las modalidades de selección establecidas en la ley, para hacer adjudicaciones a dedo con fundamento en el Decreto 777 de 1992.
- La alerta sobre las irregularidades en contratación de la máquina tapahuecos que llevó a la judicialización de la entonces directora de la Unidad de Malla Vial por celebración indebida de contratos.
- La denuncia de las pensiones irregulares de la Universidad Distrital y logró el compromiso del centro educativo para demandar las pensiones concedidas fraudulentamente.
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