Al otro lado de la línea está Eva*. Su voz pausada es producto de los dolores que la tienen incapacitada. Acaba de parir a dos mellizos, un niño y una niña, que no son suyos. Al menos es lo que dice el contrato que firmó sin asesoría con la clínica de fertilidad y los padres comitentes. No obstante, para ella (y algunos jueces) sí son sus hijos y a sus 37 años se arrepiente de haber prestado su vientre a una pareja de extranjeros.
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El proceso comenzó en julio de 2025. De profesión enfermera y madre soltera de tres hijos, de 9, 14 y 21 años (la última con discapacidad cognitiva), cuenta que acababa de perder su empleo y enfrentaba dificultades económicas cuando la llamaron para ser madre subrogada. ¿La motivación? Una compensación monetaria que la podría acercar al sueño de independizarse con un spa de uñas y estar más pendiente de sus hijos. “La que me llamó es captadora de chicas en redes sociales, y a ella le pagan por referir. Me explicó que me iban a dar una manutención de COP 52 millones, dividida en 12 cuotas. Pero las condiciones cambiaron”.
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Las condiciones de las que habla Eva son el propio embarazo. Tras tomar hormonas por meses, “para tener la progesterona alta”, quedó embarazada en noviembre. Fue luego de una fecundación “in vitro”, al parecer, con óvulos de una donante anónima y semen del padre biológico. Sin embargo, el acuerdo firmado era por un bebé, no por dos. De ahí parte su motivación por contar su historia. “En el contrato no quedó claro qué ocurría con el pago en caso de un embarazo múltiple. Al final pagan lo que quieren”.
Su caso no es aislado. Mientras que en Estados Unidos o Europa los costos de la reproducción subrogada oscilan entre COP 300 millones y COP 480 millones (USD 100.000 y USD 150.000), en Colombia pagan entre COP 12 millones y COP 32 millones (entre USD 4.000 y USD 10.000). De ahí que el país sea considerado destino de turismo reproductivo para los extranjeros. Además, mujeres como Eva terminan recibiendo menos de la cuarta parte de lo que pagan por el proceso. El resto se reparte entre clínicas, abogados e intermediarios.
“Firme aquí, aquí y aquí”
La transacción cumplió con las formas legales. Eva compartió el acuerdo de 14 páginas titulado “Convenio de gestación subrogada”, que firmó junto a la pareja de hombres (un español y un peruano), que acudieron a la clínica. En al menos seis puntos se repite la palabra “altruista”. Aunque ella dice no entender su significado, su uso tiene una clara intención: mostrar que Eva “no tiene la intención de crear un vínculo y su participación es solidaria, para ayudara a la pareja a completar su núcleo familiar (...), (por ende) no tiene fines lucrativos”, dice el documento.
Para los abogados, de cierta manera, esto blinda el proceso, pues se acopla a la interpretación de la Sentencia T-968 de 2009, que definió la gestación subrogada en Colombia como mecanismo válido para resolver problemas de infertilidad, pero exige que la gestante no aporte material genético, que actúe voluntariamente y firme un consentimiento. “Generalmente, este proceso se inicia mediante un contrato civil privado entre las personas que deseen ser padres y la mujer que pone a disposición su vientre”, dice en su página web la firma de abogados Affirma Legal, que acompaña estos procesos.
En la realidad, esa manifestación mutua de voluntades muchas veces no es clara para las mismas mujeres. Eva cuenta que cuando le entregaron los documentos “parecería que yo los hubiera escrito. Decían: ‘Yo, identificada con cédula tal, autorizo para que…’. Ponen leyes que uno no entiende y prácticamente los abogados están encima de uno y solo dicen firme aquí, aquí y aquí”. A esto se suma que la interpretación de altruismo podría ser amplia, contradiciendo incluso el hecho de que a las mujeres les entregan dineros, que muestran como “apoyos económicos” y no como remuneración. Así está definido también en el contrato de Eva.
Para María Cristina Hurtado, abogada y politóloga feminista, estos contratos de carácter civil contradicen todas las convenciones internacionales sobre trata y tráfico de niños, niñas y explotación sexual de mujeres. “Los contratos de tipo civil no pueden hacer que las personas renuncien a sus derechos sexuales y reproductivos. En mi perspectiva, son contratos leoninos, que deberían declararse nulos, porque están viciados en el consentimiento, teniendo en cuenta las razones de las mujeres que llevaron a firmarlo”.
Por su parte, para una abogada experta en derecho de familia y quien pidió omitir su nombre, estos contratos no son ilegales. “Ahora bien, la crítica que hago es que sí tienen un objeto ilícito e incluso la misma mujer gestante podría incurrir en el delito de trata de personas. Solo que aquí habría que tener mucho cuidado para no revictimizarlas, sabiendo que la mayoría son mujeres vulnerables, que pudieron ser llevadas a cometer un delito”.
Mientras llega la regulación
A la fecha se han radicado 16 proyectos de ley en el Congreso, el último lo realizó el Gobierno Nacional en 2023, pero todos los han archivado. La Corte Constitucional, en al menos dos ocasiones, ha reiterado la urgencia de que el Legislativo regule la práctica de gestación subrogada, bien sea confirmando su núcleo altruista o prohibiéndola totalmente, tal como ocurrió en Guatemala; los estados de Querétaro y San Luis Potosí, en México, así como España, Italia, Austria, Francia, Alemania y Suiza. Por ahora el avance más reciente está con la Ley 2608, que el pasado 27 de julio incluyó la explotación reproductiva como una de las conductas sancionatorias en el marco de la trata de personas.
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En medio de este panorama, y mientras el Congreso, la Corte Suprema de Justicia o el nuevo Ejecutivo —encabezado por el nuevo ministro de Justicia, Iván Cancino— toman la decisión de llevar de nuevo la discusión al Congreso, las autoridades en Bogotá (ciudad que se ha calificado como el epicentro de vientres de alquiler), se buscan caminos legales desde una mirada de contención. Como es la intención del proyecto de acuerdo “Bogotá No se Alquila”, que radicó el concejal Andrés Barrios (Centro Democrático), con el que pretende crear un protocolo distrital de prevención y protección frente a esta práctica. De llegar a ser aprobado, la responsabilidad de esta tarea recaería especialmente en cuatro secretarías: Mujer, Integración Social, Salud y Seguridad.
Las dos primeras diseñarían y pondrían en marcha una ruta de asistencia integral dirigida a las mujeres para ofrecerles orientación clara, veraz y comprensible sobre los riesgos de la maternidad subrogada; brindarles acompañamiento jurídico y psicosocial, de manera gratuita, especialmente cuando tema ser demandada, y darles acceso prioritario a programas de empleabilidad y seguridad alimentaria. La Secretaría de la Mujer también tendría la tarea, en coordinación con la de Seguridad, de implementar un sistema de alerta temprana para remitir información a las autoridades competentes en casos de captación de mujeres en redes sociales, grupos de mensajería y demás espacios públicos, para ofrecerles la maternidad subrogada como “oportunidad laboral” o salida a la pobreza.
Finalmente, la Secretaría de Salud tendría el rol de acompañar a las mujeres en salud física y mental posterior al parto, fortalecer la auditoría en la calidad de los consentimientos, verificar si alrededor de los servicios de salud habilitados se desarrollan prácticas de intermediación financiera y, ante la ausencia de datos, crear una variable que permita identificar estos casos dentro del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila). El proyecto de acuerdo necesita dos debates en Comisión y Plenaria para ser aprobado. Barrios está a la espera de que el proyecto sea agendado en el período de sesiones ordinarias que iniciará el próximo 1° de agosto.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, entre enero y el 21 de julio de 2026, las IPS Clínica de la Mujer y Clínica Country reportaron 70 casos de gestación subrogada en la ciudad. Las EPS, que también reportaron información, fueron Sanitas, Sura y Compensar.
Desde la Secretaría de la Mujer recordaron que quienes realizaron esta práctica y necesiten orientación pueden acudir a la Ruta Única de Atención a Mujeres. “Cualquiera que tenga dudas puede llamar a la Línea Púrpura 018000112137, o ir a las Casas de Justicia, de Igualdad, Manzanas de Cuidado y a cualquiera de nuestros servicios. Así brindamos en un caso atención jurídica y psicológica”, detalló la secretaria de la Mujer, Laura Tami.
Eva no solo manifestó tener un impacto emocional, sino también físico. Hasta finales de agosto será atendida por medicina prepagada, producto del contrato con los padres extranjeros. Luego la afiliación a salud correrá por su cuenta. Hoy padece fuertes cólicos, su brazo derecho está dormido y sufre un sangrado, que obliga a realizarle una pequeña intervención quirúrgica, conocida como legrado.
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De los mellizos guarda fotos de la última vez que los pudo ver. Recuerda con detalle cómo pudo cambiarles el pañal y amamantarlos. Escenas que quedarán en su memoria. Lo que viene son trámites jurídicos, pues deberá presentarse ante un juzgado de familia, en el que los abogados ya la preparan para lograr que en el registro civil se anule su figura como madre biológica. “Yo ya perdí por todos lados. No tengo a nadie para pelear por mí. Yo regalé prácticamente un hijo. Eso es trata de personas. Me arrepiento y no lo volvería a hacer”.
*El nombre fue cambiado a petición de la mujer.
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Por María Angélica García Puerto
