El hallazgo de gasas, jeringas y agujas con restos de sangre abandonadas en una vía pública de la localidad de Suba encendió de nuevo las alertas sobre una práctica que persiste en Bogotá: la mala disposición de residuos peligrosos y hospitalarios. Se trata de un problema que, pese a la regulación vigente y a los operativos de control, continúa repitiéndose y generando riesgos para la salud pública, el bienestar animal y los ecosistemas urbanos.
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El episodio más reciente derivó en el sellamiento preventivo de una clínica veterinaria de la localidad, señalada como presunta responsable del arrojo irregular de estos desechos al espacio público. Sin embargo, desde la Secretaría Distrital de Ambiente advierten que el caso no es excepcional, sino parte de un patrón que se ha identificado en distintas zonas de la ciudad.
En Suba, hace apenas dos semanas, por ejemplo, fue sellada otra clínica, esta vez de cirugía plástica, luego de comprobarse que dejó en la vía pública jeringas, tubos con sangre, ropa quirúrgica y bolsas de suero. “Los residuos peligrosos no pueden terminar en el espacio público. Cualquier establecimiento que incumpla las normas de manejo y disposición de estos elementos será objeto de medidas inmediatas, incluida la clausura”, afirmó entonces Diana Walteros, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría de Salud.
“Estamos hablando de residuos peligrosos que pueden afectar directamente a la ciudadanía, a los animales que transitan por la zona y al ambiente”, explicó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, durante la operación en la veterinaria. La funcionaria alertó que materiales contaminados, como agujas o gasas con sangre, pueden terminar en el sistema de alcantarillado y desplazarse hasta cuerpos de agua urbanos, ampliando su impacto ambiental. A esto se suma el riesgo para recicladores, recolectores, transeúntes, niños o mascotas que pueden pincharse con elementos cortopunzantes abandonados.
Las cifras del Distrito confirman que no se trata de hechos aislados. Durante las vigencias 2024 y 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente hizo visitas técnicas, requerimientos y otras acciones de control a 3.616 generadores de residuos hospitalarios en Bogotá, que produjeron una cantidad estimada de 17.477 toneladas de desechos. Aun así, los casos de disposición inadecuada continúan apareciendo en el espacio público.
En 2025, y en coordinación con entidades como la UAESP, las secretarías de Salud, de Gobierno y de Seguridad, la autoridad ambiental atendió 31 eventos de arrojo clandestino de residuos hospitalarios en calles y andenes. La mayoría correspondió a residuos cortopunzantes, como jeringas y a desechos biológicos, entre ellos, tubos de ensayo con restos de sangre humana y animal.
En el caso de la veterinaria de Suba, tras identificar un presunto responsable, las autoridades ordenaron el sellamiento temporal de tres áreas del establecimiento: cirugía, hospitalización y consulta. La medida se mantendrá hasta que el generador de los residuos demuestre que cumple con la gestión integral exigida por la ley, incluida la disposición final en sitios autorizados. “El responsable no es solo quien entrega el residuo a un gestor, sino quien lo genera. Tiene que asegurarse de que ese material llegue efectivamente a su disposición final”, recalcó Soto. Según la Secretaría, en este caso no se encontraron soportes que acreditaran ese proceso.
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) acompañó el operativo para verificar la situación de los animales que se encontraban bajo atención médica. Su director, Antonio Llamas, explicó que el sellamiento tuvo un carácter preventivo mientras avanza la investigación y que se otorgó un plazo para que seis animales que estaban a la espera de un procedimiento fueran devueltos a sus familias o trasladados a otros centros veterinarios. Más allá del establecimiento intervenido, subrayó que la mala disposición de residuos peligrosos también afecta directamente a perros, gatos y fauna silvestre urbana.
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La recurrencia de estos hallazgos no es reciente. Ya en 2021, durante debates realizados en el Concejo de Bogotá, cabildantes y entidades distritales alertaron sobre la aparición constante de residuos hospitalarios en calles, andenes y contenedores no autorizados en distintas localidades. De acuerdo con lo denunciado por el entonces concejal Samuel Arrieta, cerca de 20.000 generadores de desechos peligrosos no tuvieron una recolección adecuada. En ese momento, la información presentada daba cuenta de fallas estructurales en la gestión y el control de estos desechos, una situación que, pese a ajustes normativos posteriores, no ha sido erradicada y sigue manifestándose de manera periódica en el espacio público.
Un modelo sin exclusividad que trasladó la responsabilidad a los generadores
En consecuencia, tras las denuncias constantes, el 1 de febrero de 2022, Bogotá adoptó un nuevo modelo para la recolección, transporte y disposición de residuos hospitalarios y peligrosos. Ese año, la ciudad dejó atrás el esquema de exclusividad en la recolección y pasó a un sistema de libre competencia, en el que cada generador debe contratar directamente a un gestor externo autorizado para hacerse cargo de toda la cadena: transporte, tratamiento y disposición final.
El cambio, reglamentado mediante la Resolución 5262 del 16 de diciembre de 2021, trasladó de manera explícita la responsabilidad al generador del residuo. Clínicas, hospitales, consultorios odontológicos y veterinarios, laboratorios, bancos de sangre, centros de investigación, servicios funerarios, establecimientos de estética, barberías, peluquerías, centros de tatuajes y piercing, entre otros, deben garantizar que estos residuos no solo sean entregados a un gestor autorizado, sino que lleguen efectivamente a su disposición final, sin fugas ni irregularidades.
El modelo también exige la inscripción de los generadores ante la Secretaría Distrital de Ambiente, según su nivel de producción, y la conservación por al menos cinco años de la documentación que soporte la gestión de los residuos, como manifiestos de transporte y certificaciones de tratamiento y disposición final. Los gestores, por su parte, deben contar con licencia ambiental vigente y cumplir con la normatividad sanitaria y ambiental.
Vale aclarar que el costo por la gestión de desechos hospitalarios en Bogotá no tiene una tarifa única y depende del volumen generado, tipo de residuo y la empresa prestadora contratada.
Procesos sancionatorios
El control ambiental ha derivado en sanciones. En lo corrido de 2025, la Secretaría de Ambiente ha iniciado 19 procesos sancionatorios contra generadores que incumplieron la normativa sobre manejo de residuos hospitalarios. Los casos se concentran principalmente en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén, lo que evidencia que la problemática no se limita a un solo sector de la ciudad.
Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud recordó que el marco normativo que regula este tipo de residuos es amplio y explícito. El Decreto 780 de 2016 establece las reglas ambientales y sanitarias para la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades anteriormente mencionadas.
Esta normativa, reforzada por la Resolución 591 de 2024 del Ministerio de Salud, fija obligaciones precisas para los generadores de residuos biológicos o infecciosos, entre ellas responder de manera integral por los efectos que estos puedan ocasionar a la salud y al ambiente, garantizar su correcto embalaje, etiquetado y transporte, y verificar que lleguen a su disposición final en sitios autorizados. La responsabilidad, según la norma, no se agota con la entrega del residuo a un tercero.
En materia de control sanitario, la Secretaría de Salud informó que entre enero y noviembre de 2025 efectuó 3.318 visitas de inspección, vigilancia y control a prestadores de servicios de salud en Bogotá. De estos, 1.739 obtuvieron concepto sanitario favorable, 1.432 favorable con requerimientos y 147 fueron calificados con concepto desfavorable.
Tras los recientes episodios de disposición irregular, la entidad desplegó operativos en establecimientos cercanos a los puntos donde se reportaron los hallazgos. Como resultado, se realizaron intervenciones en ocho prestadores de servicios de salud: tres obtuvieron concepto favorable y cinco favorable con requerimientos. Adicionalmente, una IPS fue objeto de medida sanitaria de seguridad, al evidenciarse documentación que la implicaría presuntamente en la disposición irregular de residuos.
Las autoridades reiteraron el llamado a no manipular este tipo de desechos bajo ninguna circunstancia y a denunciarlos a través de las líneas 195 o 123. Para el Distrito, el control ciudadano sigue siendo una pieza clave frente a una problemática que, pese a la normativa vigente y a las sanciones previstas —incluidas clausuras temporales y suspensión de actividades—, continúa repitiéndose en las calles de Bogotá.
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