Se aplaza la esperanza de poner fin al eterno trancón de la Autopista Sur, que a diario padecen miles de conductores y pasajeros de tres localidades del sur de Bogotá y del municipio de Soacha. La obra, que comenzó hace dos años y con la que la administración pretendía mejorar la movilidad en la zona, sigue en veremos. Todo, por cuenta de múltiples líos descubiertos alrededor del contrato, que llevaron al Distrito, primero a suspender las obras y luego a tomar cartas en el asunto. Hoy, si bien, ya se reactivaron los trabajos, la administración no quiere que el asunto quede sin sanción y por eso adelanta una investigación.
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La obra
La obra de la discordia se proyectó en la autopista Sur con Avenida Bosa. En 2021 se adjudicó el contrato para construir una intersección y ampliación de la av. Las Torres, para mejorar el flujo vehicular. El contrato IDU-1013-2022 lo ganó el Consorcio CC Intersección av. Bosa, integrado por Constructora Conconcreto S.A. (con 75 % de participación) y Conconcreto Proyecto S.A.S. (25 %), por valor de $181.740 millones (90 % financiada con regalías y 10 % con recursos del Distrito). El contrato de interventoría (vigilancia del contrato) lo ganó el consorcio Las Torres 2022.
El objeto: estructurar cuatro orejas, que solucionarán en su totalidad las conexiones desde el nororiente, noroccidente, suroriente y suroccidente. Además, ampliar a cuatro carriles la Avenida Las Torres, que hoy solo cuenta con uno por sentido, para descongestionar así la salida sur de Bogotá. En total, los diseños hablan de seis puentes vehiculares y un ciclopuente; 37.200 metros cuadrados de espacio público; 21.200 metros cuadrados de zonas verdes; 1,3 kilómetros de ciclorrutas; 30 ciclo parqueaderos, y un puente peatonal sobre la Autopista Sur.
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Con esto, no solo se apunta a garantizar el movimiento en todos los sentidos y optimizar la conexión entre las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, sino a beneficiar a más de 2,8 millones de personas de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, particularmente, en los barrios Apogeo, Ismael Perdomo, Timiza y Bosa Central, así como a usuarios de barrios en el área de influencia como La Primavera I, cementerio Jardines del Apogeo, Andalucía II, Gualoche y La Estancia.
El constructor, a partir de 2022, tenían 39 meses para pasar todo esto del diseño a la realidad, pero falló. En los primeros dos años, el avance fue nulo: para el primero de enero de 2024 reportaba apenas 7,1 %. Bajo la actual administración, en algo se avanzó: si bien, según el cronograma, la obra debía ir en 50%, el último reporte habla del 37,91 %, lo que evidencia un retraso que el IDU intenta corregir. De paso, abrió un proceso sancionatorio contra los desarrolladores del proyecto.
¿Retrasos?
Desde el Concejo de Bogotá, Diana Diago (Centro Democrático) tiene bajo escrutinio las obras que adelanta el Distrito. La concejala enfatiza en que “el Metro no es la única obra de Bogotá. Hay muchas que requieren vigilancia”, señaló la cabildante, quien cuestionó al IDU por el manejo que le dio a la obra de la Avenida Bosa, ya que, a inicios del 2025, el vecindario y comerciantes, ratificaron los retrasos y la suspensión de los trabajos.
En efecto, el IDU confirmó a la concejala Diago, en respuesta a un derecho de petición, que los contratos de obra IDU-1013-2022 e interventoría IDU-1220-2022, estuvieron suspendidos del 6 al 30 de diciembre de 2024. La causa, según el Distrito, tuvo origen en un conflicto que se descubrió con una de las empresas que conforma el Consorcio interventor Las Torres 2022, “debido a la inhabilidad de uno de los integrantes de dicho consorcio”.
Para febrero, se reportaron únicamente 26 trabajadores en obra y 50 en labores administrativas, muy pocos para un proyecto de esta magnitud. Esto último adquiere gravedad, ya que el contrato reinició el 31 de diciembre de 2024: “a la fecha de corte (17 de febrero) no se han ejecutado actividades de obra y la interventoría Consorcio Las Torres 2022 ha realizado acciones conminatorias al contratista, en búsqueda de reiniciar las actividades”, indicó la entidad. ¿Qué pasó con el consorcio de interventoría?
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IDU responde
En comunicación con este diario, el IDU aclaró que el Consorcio Las Torres 2022 lo conforman las firmas Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL sucursal Colombia (32 %), Conurma Ingenieros Consultores SL sucursal Colombia (30 %), Sigt Ingenieros y Consultores S.A.S. (5 %) y ALEPH Ingeniería y Consultoría S.A.S. (33 %). Esta última, con la mayor participación, estaba inhabilitada para ejecutar el contrato de interventoría, irregularidad que descubrieron tres años después de la adjudicación.
“Conforme con el reporte del Registro Único Empresarial y Social (RUES), la firma ALEPH Ingeniería y Consultoría S.A.S., se encontró inhabilitada por habérsele declarado incumplimiento contractual en dos contratos durante una misma vigencia fiscal (no se trata de contratos con el IDU). Esta inhabilidad ocasionó la suspensión del contrato de obra e interventoría entre el 6 y el 30 de diciembre, mientras se realizaba la cesión de la participación de la empresa ALEPH”, señaló el IDU.
El lío con el consorcio interventor se solucionó y, ahí sí, empezó a trabajar, al punto de poner en evidencia los atrasos de la obra, a través de un informe, que derivó en que el IDU tuviera que abrir un proceso sancionatorio contra del contratista. “La interventoría Consorcio Torres 2022, en enero de 2025, a través de un informe, conminó (medidas o actos jurídicos que buscan presionar, instar o exigir el cumplimiento de una obligación) al constructor a retomar el normal desarrollo de las actividades. Además, remitió al IDU el 22 de enero un informe técnico, en el que relacionó los incumplimientos del contratista”.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto no tuvo más opción que adelantar las acciones administrativas y emitir una citación para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del contratista, que podría terminar en una multa por $2.704 millones, por presunto incumplimiento del contrato.
Cabe resaltar los esfuerzos paulatinos para que la obra se ponga al día. Hoy, ya hay 116 trabajadores y, el pasado primero de marzo, se reportaron actividades de fundida de concreto, correspondientes al cabezal del puente siete, sumándose a las actividades realizadas en otros puentes que conforman el proyecto, el cual, si bien estaba planeado inaugurarse en enero del 2026, la gente tendrá que esperar unos meses más, por cuenta de los líos contractuales y los retrasos.
El IDU prometió apretar al consorcio: “Conconcreto ha venido presentando unos retrasos en algunos de sus proyectos. Les estamos dando todas las garantías, para que se nivelen y vuelvan a tener a tiempo los cronogramas. Sin embargo, también tenemos herramientas como sanciones, multas o caducidades, de ser necesario, para que lograr que estos proyectos avancen. Garantías y apoyo a todos los contratistas, pero lo que nos corresponde es que los proyectos se terminen y, de esta manera, cuidar los recursos de los bogotanos. Vamos a seguir controlando y supervisando todas las obras, buscando que los proyectos se terminen”, concluyó el director del IDU, Orlando Molano, a este diario.
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Por Juan Camilo Parra
