Seguridad en Bogotá: la delgada línea entre la defensa propia y un crimen

La capital fue sacudida esta semana por distintos enfrentamientos a mano armada. Uno de estos causa controversia. Se presentó luego de un aparente fleteo, en el barrio Restrepo, donde la víctima enfrentó a los ladrones, los desarmó y con la misma pistola que lo intimidaron los atacó. Uno de los ladrones murió en el sitio y otro quedó herido de gravedad. Esto reabre el debate sobre las consecuencias que puede traer defenderse ante un hurto, ya sea por valentía, desespero o venganza.

Lea: Otra balacera en Bogotá: una persona murió en el Restrepo

Según las cifras de la Secretaría de Seguridad, todos los delitos de alto impacto en Bogotá (excepto el hurto a bicicletas) tuvieron una notoria disminución el año pasado. Sin embargo, la Cámara de Comercio de Bogotá entregó los resultados de la Encuesta de Percepción y Victimización de la capital en 2020, y evidenció que los bogotanos sienten que la realidad es otra. La encuesta demostró que la percepción de inseguridad en el 2020 ha sido la más alta en los últimos cinco años, al alcanzar 76% sobrepasando en 16 puntos porcentuales al 60% que se registró en 2019.

Esto implica que, aunque el Distrito viene trabajando por combatir la delincuencia, para los bogotanos sigue sin ser suficiente. Esta percepción de inseguridad sumada a un ambiente de desconfianza frente a las autoridades ha hecho que cada vez sean más frecuentes los videos o los comentarios de personas celebrando cuando atacan a un ladrón, respaldando la defensa personal y la justicia por mano propia como alternativa. No obstante, actuar de esta forma puede resultar más perjudicial para la víctima que para el mismo victimario.

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Para John Anzola, experto en seguridad y convivencia, enfrentarse a un delincuente es algo que puede tener consecuencias negativas, no solo por el hecho de resultar herido o incluso perder la vida durante un enfrentamiento, sino también en el marco legal. Cada caso es particular y es sometido a un exhaustivo análisis para determinar cuando aplica y cuando no la legítima defensa.

Casos como el del médico, que en enero de 2020 disparó y asesinó a tres hombres que intentaron robarlo en el norte de Bogotá o el del pasajero que intervino en enero de este año en un robo en un bus de SITP en la localidad de Kennedy y asesinó a uno de los ladrones, en principio se consideran legítima defensa, porque actuaron impidiendo o repeliendo una agresión ilegítima a sus bienes o los de un tercero.

Sin embargo, según el experto, para que estos actos sean tipificados de esta manera y los involucrados se salven de la acción penal, se requiere de pruebas contundentes. En el caso del médico, quien se vio rodeado por tres sujetos armados en un puente peatonal y a altas horas de la noche, demostró que lo agredieron y pretendían llevárselo en un vehículo que los esperaba debajo del puente; por tanto, la legítima defensa fue ratificada por la justicia, que lo absolvió. En el caso del pasajero del bus, hasta la fecha, no se ha podido validar, ya que solo se conoce el relato de los testigos. El ciudadano huyó del lugar y hasta el momento no ha comparecido ante la justicia.

Aunque muchos de estos casos encuentran amplio respaldo ciudadano, surgen preguntas que alimentan el debate ¿Era necesario causar la muerte del asaltante? ¿Deben procesar penalmente al ciudadano que mata a un delincuente? ¿Cuál es el límite de la legítima defensa? Por esto, vale aclarar que, sin importar cómo hayan sido las circunstancias, cualquier homicidio debe ser investigado. Según cifras de la Fiscalía, en lo corrido de 2020 la justicia absolvió a 85 personas procesadas por homicidio, algunas de ellas relacionadas con casos de legítima defensa.

El derecho a la legítima defensa, consagrado en el artículo 32 del Código Penal, fija 12 situaciones en las que se puede alegar ausencia de responsabilidad penal tras cometer un delito. La legítima defensa establece que quien, protegiendo un derecho suyo o ajeno realice una conducta ilícita, será exonerado. Debe existir un peligro inminente y la defensa puede ir hasta que el peligro pasa.

Pero para que se pueda configurar, debe ser analizado a la luz del Principio de Proporcionalidad (en el que se compara el nivel y los medios de la agresión inicial con los de la respuesta), para definir si la persona se defendió de un delito o si, por el contrario, cometió otro. “Si un ladrón me intenta robar con un cuchillo y yo me defiendo con un arma de fuego, inmediatamente entro a ser investigado, porque también estoy cometiendo un delito como el homicidio. Ahí, el juez es el que dictamina qué tan proporcional fue mi defensa frente al riesgo que corría”, explicó Anzola.

Teniendo en cuenta lo anterior, para que casos como estos no sean condenables legalmente, se requiere de algo más que solo el argumento de haber respondido ante un delito previo. Según jurisprudencia de la Corte Suprema, no basta con probar que el delito fue en respuesta a una situación de peligro, se deben probar cinco requisitos para demostrar la legítima defensa: que se trató de una reacción a una agresión intencional que lo ponía a él o a otro en peligro; que la amenaza estaba en curso y debía protegerse; que era necesaria para impedir el ataque; que la defensa fue proporcional, tanto en especie de bienes y medios, y que el episodio no fue producto de una provocación previa para luego alegar legítima defensa (como en el caso de las riñas).

Lea: ¿Victimario se hizo pasar por víctima? Historia de la condena a hombre que supuestamente se defendió de hurto

Es por eso que es importante tener clara la línea que divide la legítima defensa y la justicia por cuenta propia, la cual se ha convertido en una forma de reprender a aquellos que cometen delitos —en su mayoría hurtos— utilizando agresiones físicas o exponiéndolos al escarnio público a manera de venganza. No obstante, esta práctica, más allá de darle una lección al delincuente, termina convirtiéndose en el puente perfecto para incumplir la ley.

Muestra de ello es el caso de un hombre que, tras haber sido atracado en la localidad de Suba, pasó de ser víctima a victimario, pues siguió al presunto ladrón hasta su casa y tras una riña, le disparó causándole su muerte. Al ciudadano lo capturaron y hoy lo procesan por homicidio. Las condiciones del hecho, por más que se hubiera desprendido del robo inicial, parecen diferentes y el procesado está llamado a responder.

Lea también: De víctima a victimario: capturan a hombre que asesinó a presunto ladrón en Bogotá

Por tanto, con el caso de la balacera que se presentó esta semana, en la que un hombre evitó el escape de dos ladrones, que lo habían robado segundos antes y les disparó con el arma que les quitó, reabre el debate de si fue legítima defensa o justicia por mano propia. Dependiendo del rumbo que tome el proceso, de ser calificado como legítima defensa podría ser absuelto. De lo contrario, podría enfrentarse a una pena que oscila entre los 13 y los 25 años de prisión por el delito de homicidio.

Casos como estos, además de generar una controversia judicial, curiosamente encuentran respaldo en la ciudadanía, lo que para Johan Avendaño, experto en seguridad, es algo que debe preocupar, pues representa una pérdida de institucionalidad por parte de las autoridades, lo que genera que la idea defenderse o la de castigar a un delincuente empiece a ser legitimada por más ciudadanos.

Así las cosas, el panorama para el Distrito se torna complejo, porque, además de enfocar sus esfuerzos en contrarrestar la inseguridad en la ciudad, debe trabajar también en la recuperación de la confianza en los capitalinos, y más luego de los recientes hechos en los que se han reportado tres tiroteos en menos de 48 horas.

La capital fue sacudida esta semana por distintos enfrentamientos a mano armada. Uno de estos causa controversia. Se presentó luego de un aparente fleteo, en el barrio Restrepo, donde la víctima enfrentó a los ladrones, los desarmó y con la misma pistola que lo intimidaron los atacó. Uno de los ladrones murió en el sitio y otro quedó herido de gravedad. Esto reabre el debate sobre las consecuencias que puede traer defenderse ante un hurto, ya sea por valentía, desespero o venganza.

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Según las cifras de la Secretaría de Seguridad, todos los delitos de alto impacto en Bogotá (excepto el hurto a bicicletas) tuvieron una notoria disminución el año pasado. Sin embargo, la Cámara de Comercio de Bogotá entregó los resultados de la Encuesta de Percepción y Victimización de la capital en 2020, y evidenció que los bogotanos sienten que la realidad es otra. La encuesta demostró que la percepción de inseguridad en el 2020 ha sido la más alta en los últimos cinco años, al alcanzar 76% sobrepasando en 16 puntos porcentuales al 60% que se registró en 2019.

Esto implica que, aunque el Distrito viene trabajando por combatir la delincuencia, para los bogotanos sigue sin ser suficiente. Esta percepción de inseguridad sumada a un ambiente de desconfianza frente a las autoridades ha hecho que cada vez sean más frecuentes los videos o los comentarios de personas celebrando cuando atacan a un ladrón, respaldando la defensa personal y la justicia por mano propia como alternativa. No obstante, actuar de esta forma puede resultar más perjudicial para la víctima que para el mismo victimario.

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Para John Anzola, experto en seguridad y convivencia, enfrentarse a un delincuente es algo que puede tener consecuencias negativas, no solo por el hecho de resultar herido o incluso perder la vida durante un enfrentamiento, sino también en el marco legal. Cada caso es particular y es sometido a un exhaustivo análisis para determinar cuando aplica y cuando no la legítima defensa.

Casos como el del médico, que en enero de 2020 disparó y asesinó a tres hombres que intentaron robarlo en el norte de Bogotá o el del pasajero que intervino en enero de este año en un robo en un bus de SITP en la localidad de Kennedy y asesinó a uno de los ladrones, en principio se consideran legítima defensa, porque actuaron impidiendo o repeliendo una agresión ilegítima a sus bienes o los de un tercero.

Sin embargo, según el experto, para que estos actos sean tipificados de esta manera y los involucrados se salven de la acción penal, se requiere de pruebas contundentes. En el caso del médico, quien se vio rodeado por tres sujetos armados en un puente peatonal y a altas horas de la noche, demostró que lo agredieron y pretendían llevárselo en un vehículo que los esperaba debajo del puente; por tanto, la legítima defensa fue ratificada por la justicia, que lo absolvió. En el caso del pasajero del bus, hasta la fecha, no se ha podido validar, ya que solo se conoce el relato de los testigos. El ciudadano huyó del lugar y hasta el momento no ha comparecido ante la justicia.

Aunque muchos de estos casos encuentran amplio respaldo ciudadano, surgen preguntas que alimentan el debate ¿Era necesario causar la muerte del asaltante? ¿Deben procesar penalmente al ciudadano que mata a un delincuente? ¿Cuál es el límite de la legítima defensa? Por esto, vale aclarar que, sin importar cómo hayan sido las circunstancias, cualquier homicidio debe ser investigado. Según cifras de la Fiscalía, en lo corrido de 2020 la justicia absolvió a 85 personas procesadas por homicidio, algunas de ellas relacionadas con casos de legítima defensa.

El derecho a la legítima defensa, consagrado en el artículo 32 del Código Penal, fija 12 situaciones en las que se puede alegar ausencia de responsabilidad penal tras cometer un delito. La legítima defensa establece que quien, protegiendo un derecho suyo o ajeno realice una conducta ilícita, será exonerado. Debe existir un peligro inminente y la defensa puede ir hasta que el peligro pasa.

Pero para que se pueda configurar, debe ser analizado a la luz del Principio de Proporcionalidad (en el que se compara el nivel y los medios de la agresión inicial con los de la respuesta), para definir si la persona se defendió de un delito o si, por el contrario, cometió otro. “Si un ladrón me intenta robar con un cuchillo y yo me defiendo con un arma de fuego, inmediatamente entro a ser investigado, porque también estoy cometiendo un delito como el homicidio. Ahí, el juez es el que dictamina qué tan proporcional fue mi defensa frente al riesgo que corría”, explicó Anzola.

Teniendo en cuenta lo anterior, para que casos como estos no sean condenables legalmente, se requiere de algo más que solo el argumento de haber respondido ante un delito previo. Según jurisprudencia de la Corte Suprema, no basta con probar que el delito fue en respuesta a una situación de peligro, se deben probar cinco requisitos para demostrar la legítima defensa: que se trató de una reacción a una agresión intencional que lo ponía a él o a otro en peligro; que la amenaza estaba en curso y debía protegerse; que era necesaria para impedir el ataque; que la defensa fue proporcional, tanto en especie de bienes y medios, y que el episodio no fue producto de una provocación previa para luego alegar legítima defensa (como en el caso de las riñas).

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Es por eso que es importante tener clara la línea que divide la legítima defensa y la justicia por cuenta propia, la cual se ha convertido en una forma de reprender a aquellos que cometen delitos —en su mayoría hurtos— utilizando agresiones físicas o exponiéndolos al escarnio público a manera de venganza. No obstante, esta práctica, más allá de darle una lección al delincuente, termina convirtiéndose en el puente perfecto para incumplir la ley.

Muestra de ello es el caso de un hombre que, tras haber sido atracado en la localidad de Suba, pasó de ser víctima a victimario, pues siguió al presunto ladrón hasta su casa y tras una riña, le disparó causándole su muerte. Al ciudadano lo capturaron y hoy lo procesan por homicidio. Las condiciones del hecho, por más que se hubiera desprendido del robo inicial, parecen diferentes y el procesado está llamado a responder.

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Por tanto, con el caso de la balacera que se presentó esta semana, en la que un hombre evitó el escape de dos ladrones, que lo habían robado segundos antes y les disparó con el arma que les quitó, reabre el debate de si fue legítima defensa o justicia por mano propia. Dependiendo del rumbo que tome el proceso, de ser calificado como legítima defensa podría ser absuelto. De lo contrario, podría enfrentarse a una pena que oscila entre los 13 y los 25 años de prisión por el delito de homicidio.

Casos como estos, además de generar una controversia judicial, curiosamente encuentran respaldo en la ciudadanía, lo que para Johan Avendaño, experto en seguridad, es algo que debe preocupar, pues representa una pérdida de institucionalidad por parte de las autoridades, lo que genera que la idea defenderse o la de castigar a un delincuente empiece a ser legitimada por más ciudadanos.

Así las cosas, el panorama para el Distrito se torna complejo, porque, además de enfocar sus esfuerzos en contrarrestar la inseguridad en la ciudad, debe trabajar también en la recuperación de la confianza en los capitalinos, y más luego de los recientes hechos en los que se han reportado tres tiroteos en menos de 48 horas.