Bogotá

4 Jul 2019 - 2:35 a. m.

Solicitan ante el Consejo de Estado tomar medidas cautelares para el metro de Bogotá

Con la solicitud, radicada por cuatro concejales del Polo Democrático, se busca suspender cualquier actuación administrativa encaminada a adelantar la primera línea del proyecto.

-Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com

A cuatro meses de que el Distrito adjudique la construcción y operación de la primera línea del metro, los detractores del proyecto siguen buscando ponerle freno a través de medidas jurídicas que alertan sobre posibles irregularidades en la ejecución de las obras. Esta vez, cuatro concejales de la bancada del Polo Democrático, radicaron ante el Consejo de Estado una solicitud para que se tomen medidas cautelares de urgencia, como la suspensión de cualquier acción administrativa que represente un avance para el proyecto.

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Los cabildantes Xinia Navarro, Manuel Sarmiento, Celio Nieves, y Álvaro Argote, piden que se interrumpa la licitación pública, abierta el pasado viernes y en la cual hay seis consorcios precalificados para construir y operar la primera línea del metro, hasta tanto no sea resuelta de fondo la demanda interpuesta por ellos en marzo de este año. 

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En esa ocasión, los concejales radicaron la demanda, que se encuentra en poder del Consejo de Estado, porque, entre otras cosas, "el proyecto habría violado el artículo 188 del decreto 690 del 2003 el cual compila el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, la cual se encuentra en poder del Consejo de Estado".

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Cabe recordar que, el pasado jueves, a horas de que el Distrito presentara de manera formal la apertura de la licitación pública para la selección del consorcio que construiría el metro de Bogotá, un juez aceptó una acción de cumplimiento en la que se solicitaba a la administración dar explicaciones sobre la ejecución de los recursos para el proyecto.

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En el recurso, interpuesto por el concejal Hollman Morris (Progresistas), se pide claridad específicamente sobre cómo se dio inicio a la ejecución del 15 % del presupuesto de las vigencias futuras ordinarias, aprobadas en noviembre de 2017. 

Morris argumenta que dichos recursos, equivalentes a un billón de pesos, "no fueron ejecutados como lo exige la ley, dentro de la vigencia, puesto que la administración no suscribió ningún tipo de contrato para la construcción del metro".

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