Un nuevo caso de hurto a un vehículo de movilidad sostenible se registró en las últimas horas en el sur de Bogotá. Cuatro hombres armados con cuchillos abordaron a una mujer y a su hija de 16 años mientras se movilizaban en una motocicleta eléctrica por una ciclorruta del barrio Tintalito, a la altura de la avenida Ciudad de Cali.
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Aprovechando el momento y la poca presencia de transeúntes, los agresores interceptaron a las víctimas, las atacaron y arrastraron a la mujer varios metros sobre el asfalto con el fin de separarla de la motocicleta y robársela.
En cuestión de minutos, los delincuentes huyeron del lugar en el vehículo, dejando a la mujer y a su hija golpeadas en el suelo. En medio del pánico, la víctima logró gritar para pedir ayuda a algunos transeúntes que se encontraban en la zona.
Uno de ellos, por fortuna, era un policía que se encontraba fuera de su horario de servicio, quien no dudó en auxiliar a la mujer y activar las acciones necesarias para ubicar a los responsables y recuperar la motocicleta.
Con el apoyo de algunos vecinos del sector, el uniformado logró retener a uno de los presuntos responsables, quien intentaba hacerse pasar por reciclador de chatarra, una modalidad común entre personas que se movilizan en carrozas improvisadas por las calles del sector.
La mujer lo reconoció de inmediato y, junto con el policía, lo presionó para que revelara la ubicación del vehículo y de sus cómplices. Ante la insistencia, el sospechoso sacó su celular y contactó a los otros participantes del hurto, a quienes les pidió devolver la motocicleta con la condición de que la víctima no interpusiera la denuncia.
Minutos después, los cómplices regresaron al lugar y entregaron la motocicleta a la mujer. Sin embargo, al cumplir su palabra y no presentar la denuncia, los responsables quedaron en libertad y huyeron del sitio entre risas.
Aunque la mujer y su hija no sufrieron heridas de gravedad y lograron recuperar el vehículo, el caso deja en evidencia la desconfianza de los ciudadanos en el sistema de justicia. Para muchas víctimas, denunciar no garantiza que los responsables sean procesados ni sancionados, lo que perpetúa la impunidad y desincentiva la denuncia de este tipo de delitos.
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Ciclo de desconfianza e impunidad
Casos como el ocurrido en el sur de Bogotá no son hechos aislados. Semanas atrás se conoció la captura de un hombre de 44 años en el barrio San Felipe, localidad de Barrios Unidos, minutos después de robar varios celulares avaluados en más de COP 10 millones.
El caso tomó relevancia al revelarse que el detenido acumulaba al menos 19 anotaciones judiciales por delitos como hurto y homicidio. Aun así, pese a su reincidencia, la autoridad judicial ordenó dejarlo en libertad mientras avanza el proceso, una decisión que refuerza la percepción de impunidad frente a delitos recurrentes en la capital.
Sobre este fenómeno, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió en noviembre sobre el alto nivel de impunidad en los delitos relacionados con el hurto y la comercialización de vehículos y autopartes robadas.
Según el mandatario, aunque se han logrado reducciones en el hurto de vehículos, siete de cada diez capturados recuperan su libertad en poco tiempo, lo que dificulta atacar de raíz estas economías ilegales. “Estamos logrando reducir el hurto de vehículos, pero siete de cada diez capturados quedan libres”, señaló durante una jornada de entrega de automotores recuperados.
Las cifras respaldan esta preocupación. Datos del Inpec, recopilados por la Corporación Excelencia en la Justicia, muestran un aumento sostenido de la reincidencia penal en Colombia desde 2016. Mientras ese año el 16 % de los condenados reincidía, para 2024 la cifra ascendió al 22,6 %.
Para Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, el problema es estructural y tiene como principal falla el sistema judicial. Esta dinámica, advierte, erosiona la confianza ciudadana: siete de cada diez personas no confían en la justicia y tres estarían dispuestas a armarse para defenderse, un escenario que alimenta la peligrosa normalización de la justicia por mano propia.
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Por Redacción Bogotá
