Jairo Amarís Gutiérrez, un humilde empleado bogotano, se sorprendió cuando fue a retirar su salario y le notificaron que su cuenta estaba embargada. Era 2018 y la sorpresa escaló a angustia al saber la causa: la Secretaría de Movilidad de Bogotá le estaban cobrando $38 millones por una infracción. Según la resolución, tres años antes, a las 11:50 p.m. del 27 de abril de 2015, lo descubrieron ebrio al volante de una camioneta, de placas HVL085, por las calles de Kennedy.
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Esa noche le impusieron una multa por $15 millones, que se duplicó por los intereses. Pero más allá del monto, su impacto era fácil de explicar: él nunca aprendió a manejar, no tiene vehículo ni licencia. Lo habían suplantado. Para completar, en sus indagaciones, no solo descubrió este caso.
A su nombre existían otras dos multas: una del 30 de abril, en Curumaní (Cesar), a bordo del automóvil de placa UUO419, y otra del 7 de abril de 2016, en Aguachica (Cesar), en una camioneta de placa URW102. Ambas por exceso de velocidad.
Su historia, seguro, es la de muchos, al igual que su lucha por demostrar el error… un suplicio. Transcurridos ocho años desde el día de la primera multa y, a pesar de existir una resolución del 3 de mayo pasado, en la que el Distrito reconocía el error, la multa multimillonaria siguió activa casi dos meses más en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones de Tránsito (SIMIT). Solo después de indagar por este caso borraron el reporte.
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Larga lucha
Desde que descubrió el caso, Amarís empezó a luchar por el restablecimiento de su derecho. Acudió primero a la Fiscalía para denunciar la falsedad y suplantación personal. No obstante, el ente acusador archivó su caso, por falta de identificación del delincuente.
En la Secretaría de Movilidad no le fue mejor. A pesar de buscar cita para denunciar que alguien falsificó su documento y que era imposible que hubiera manejado una camioneta, la entidad no lo escuchó. Ni siquiera un oficio de la Fiscalía sirvió. La autoridad de tránsito dijo que no se le había vulnerado su derecho y, en resumen, debía pagar.
Fueron casi tres años de infructuosos trámites hasta que acudió a la Personería. En diciembre de 2022, tras analizar su versión y los soportes, el ente de control halló méritos para adelantar la intervención y pidió a la Secretaría de Movilidad copia del expediente.
“Lo analizamos y llamó la atención que no hubieran valorado un documento, que emitió el agente que impuso el comparendo, en el que aclaró, con nombre y cédula, quién había cometido realmente la infracción. Pese a esto, Movilidad no lo tuvo en cuenta a la hora de sancionar a Amarís, vulnerando el debido proceso”, explicó la entidad.
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Ante esto, Luz Myriam Robayo, delegada para Asuntos Policivos y Civiles de la Personería, no solo pidió la revocatoria directa de la resolución que sancionaba a Amarís, sino que remitió el caso para adelantar las investigaciones disciplinarias por omisión contra los servidores públicos involucrados en la sanción y los que después se negaron a revisar el expediente.
Finalmente, se le pidió a la Fiscalía desarchivar el proceso, al tener ya un nombre del posible suplantador. Tras seis meses de seguimiento, en mayo pasado, la autoridad de Tránsito emitió la resolución a través de la cual revocó la multa.
En el proceso encontraron que el sujeto identificado como José Ignacio Atencio Arias fue quien presentó un documento a nombre de Amarís, pero luego dio su verdadero nombre en la prueba de alcoholemia. Tras validar su verdadera identidad, el agente lo dejó consignado en un documento dentro del expediente, que Movilidad ignoró, pues no solo registró el comparendo a nombre de Amarís, sino que nada hizo ante el flagrante delito de falsedad de documento.
Demostrada la identificación errónea del infractor y la manera cómo Movilidad emitió un fallo contrario a derecho, quedó claro que “Jairo Amaris Gutiérrez siempre tuvo la razón y que le fue indilgada erróneamente una responsabilidad que no tenía por qué soportar, que se le ocasionó un perjuicio injustificable, donde se vieron vulneraron sus derechos por más de ocho (8) años; se le negó por la Secretaría de Movilidad el derecho a ser escuchado, y al derecho constitucional al debido proceso, lo cual solo se pudo remediar por la intervención del Ministerio Público”, explicó la Personería de Bogotá.
Ahora, el ministerio público busca que los responsables asuman las consecuencias disciplinarias y penales por sus omisiones, así como las fiscales, ya que el error hoy se podría considerar un detrimento patrimonial, al no haber vinculado al proceso al verdadero infractor, con lo que se pierde el recaudo por la infracción.
Actualmente, al consultar el documento de identidad del supuesto suplantador en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), se conoce que tiene licencia vigente para conducir moto y carro, tramitadas en 2018 en Bogotá.
Y mientras él puede seguir transitando tranquilo, hoy Amarís sigue su lucha, pues a pesar de la resolución que indica que lo suplantaron, con la que se libró de pagar $40 millones, aún tiene cargadas dos multas más que en el SIMIT, que suman $2 millones, por infracciones que nunca cometió.
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