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La solicitud del Acueducto el pasado 7 de marzo de imponer una medida cautelar contra los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá expedido por el Ministerio de Ambiente, fue acogida este viernes por el Tribunal de Cundinamarca.
La magistrada, Nelly Villamizar, ordenó la suspensión temporal del trámite, hasta tanto los documentos y pruebas técnicas sean revisadas por las entidades que “no tuvieron la posibilidad de controvertir y contradecirlos”, indicó durante la audiencia que inició este viernes a las 9 de la mañana.
En la decisión, estuvo presente el alcalde, Carlos Fernando Galán; el gobernador, Jorge Rey y la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada, entre demás funcionarios.
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Tan solo horas antes de la audiencia, la defensora por el medioambiente, Claudia Calao, había presentado una recusación contra la magistrada Villamizar, “con la finalidad de que se aparte del conocimiento del trámite de la medida cautelar”. “Espero imparcialidad para garantizar justicia ambiental para la Sábana de Bogotá”, sentenció Estrada, a través de su cuenta en X.
La magistrada, Nelly Villamizar, es conocida como la “madrina del río Bogotá”, pues en 2001 presentó un fallo que sigue vigente, ordenando que todas las entidades territoriales participaran en la protección y descontaminación del afluente. Además, es recordada por dar la orden de aplazar el paro nacional para el 28 de febrero de 2021, lo que causó gran revuelo y poco efecto, entre otras sentencias.
La resolución de MinAmbiente
Una directriz del Ministerio de Ambiente reactivó el choque entre el Distrito y la nación. Se trata de la reciente consulta pública por un proyecto de resolución que cambiaría el ordenamiento territorial de los municipios de la sabana de Bogotá. En ella se delimitan cinco zonas (recarga de acuíferos, bosques naturales andinos, bosques secos subxerofíticos, humedales y áreas de amenazas naturales) y las declara áreas de especial importancia ambiental, cobijando con medidas de protección a casi 581.000 hectáreas (ha), lo que obligaría a acogerse a nuevas reglas ambientales a cualquier iniciativa urbanística, minera o agrícola.
En este pleito hay una verdad irrefutable: el flujo migratorio desde la capital hacia los municipios vecinos generó una creciente demanda de vivienda, obras de urbanismo y zonas de producción, que vienen ejerciendo presión en los ecosistemas de una zona originalmente rural. Y esto se respalda en cifras: según Bogotá Cómo Vamos, entre 2005 y 2018 la población de estos municipios pasó del 47 % al 63 % y, según el DANE, la tasa de crecimiento poblacional aumentó 117 %.
En lo ambiental, cerca del 70 % de los humedales han sufrido alguna modificación por la expansión, y la conectividad hídrica se ha visto fragmentada un 85 %. Para completar, de 2000 a 2018 se perdieron 36.000 ha con potencial agrícola (casi el 10 % de la zona más fértil de la sabana) y el acceso al agua también se ha visto afectado: gran parte de los municipios reportan demandas muy altas, sobrepasando la oferta hídrica. De ahí, que nueve de las diez cuencas de la sabana se encuentren en riesgo.
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Pero construir de manera desmedida en un territorio como la sabana, a través del relleno de humedales, también tiene sus consecuencias. 21.570 hectáreas están en zonas de alta amenaza por inundaciones y deslizamientos. De hecho, sucesos como el de hace unos años en Mosquera, en cercanías del humedal La Herrera, o las inundaciones en la autopista norte del año pasado, fungen como el ejemplo perfecto.
Aunque varios actores reconocen la importancia y el legado a la preservación de la resolución, una vez sea expedida, hay otros actores que han presentado sus reparos. Entre ellos, la Alcaldía de Bogotá y el gremio constructor, quienes aseguran que lo planteado en la resolución impactaría el desarrollo de nuevas unidades de vivienda y la realización de obras como la ampliación de la autopista norte, la Av. Boyacá; así como la PTAR Canoas.
Dichas críticas han sido desestimadas por expertos, quienes aseguran que la resolución no reemplazaría ni suprimiría lo estipulado en los POT Y PBOT de Bogotá y los 35 municipios, sino que daría nuevas directrices para la preservación de este ecosistema de interés nacional. No obstante, tanto el Distrito como los demás opositores, sostienen que existen puntos ambiguos en la norma que “les generan incertidumbre”.
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Por Redacción Bogotá
