Con premeditación y pleno conocimiento de sus acciones, así definió Medicina Legal el actuar homicida de Darwin Felipe Beltrán, procesado por el doble homicidio de sus hijos Susan Camila de 7 años y Santy Esteban de 3 años, en hechos que ocurrieron en 2024 al interior de una vivienda del barrio Las Ferias, occidente de Bogotá. El acusado permanece en centro carcelario, mientras se resuelve la apelación de la defensa ante la negativa del juzgado de permitirle acceder a un preacuerdo.
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Este es de los casos más recientes que han estremecido a la ciudad en el marco de la violencia vicaria. Una violencia considerada como la segunda más extrema, luego del feminicidio. Aunque abogados y organizaciones defensoras de mujeres reconocen este tipo de violencia de género, en Colombia no hay ley que lo penalice.
Una violencia que escala
De acuerdo con la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género, EMEG, actualizada en 2025 por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría de la Mujer, 1 de cada 10 mujeres con hijas o hijos en Bogotá experimentó violencia vicaria al menos una vez durante los últimos dos años.
Esta violencia caracterizada por tener la intención clara de generar daño a la mujer a través del sufrimiento infligido a los hijos, hijas, familiares o incluso mascotas, no es una problemática reciente, pero ha permanecido invisible “tanto en la sociedad como en las políticas públicas, lo que ha impedido su prevención y atención”, dijo la exembajadora de Suecia en Colombia, Helena Storm, durante un diálogo de alto nivel organizado por ONU Mujeres.
Este daño se ve incluso reflejado en las cifras de violencia intrafamiliar, donde Bogotá registró su mayor índice en su historia. Según la Veeduría Distrital, solo en el primer trimestre se registraron 15.538 casos, un aumento de 58,5 % frente al mismo periodo de 2025. Las cifras ubican, además, a las mujeres como principales víctimas, con el 71,9 % de los reportes. Adicionalmente, los casos que involucran a menores de edad aumentaron 99,1 %, duplicando los números en un año.
Pero este tipo de violencia de género no solo termina en casos repudiables como el de Susan y Santy, sino que también se ejerce de manera diaria, sobre todo, antecedida tras una separación o divorcio. Así lo explica Sonia Vaccaro, experta internacional y una de las primeras personas en definir la violencia vicaria a nivel mundial.
“En la violencia vicaria existe una historia previa de maltrato. Usualmente puede ser extrema, que concluye en el asesinato, secuestro y desaparición de hijos/as; o cotidiana, con la cual los padres aprovechan las visitas, la custodia compartida o exclusiva y todo contacto para continuar el daño contra la madre”, explica.
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En otras palabras, o más bien historias, mujeres son controladas o castigadas a través de conductas como amenazas verbales, violencia sexual, lesiones, control coercitivo, incumplimiento del régimen de visitas, manipulación emocional, descuido o abuso de niñas y niños, dañar el vínculo afectivo entre la madre y sus hijos o cualquier otra conducta. Incluso sus efectos pueden incluir trauma emocional, daño psicológico, aislamiento y riesgos para la integridad de las personas involucradas.
Bogotá quiere prevenir esta violencia
La violencia vicaria no es reconocida en el marco jurídico colombiano, a pesar de que la Corte Constitucional la ha nombrado en dos sentencias. Como en el caso de Susan y Santy, su padre está siendo procesado por homicidio agravado. Un vacío que, más allá de lo legal al no penalizarse bajo su entendido —como sí lo hacen países como España, Galicia, México, Uruguay, Argentina y Australia—, mantiene en el anonimato las relaciones de poder, dominación u otros antecedentes de este ciclo de violencia machista. Esto impide, por supuesto, entender la magnitud del problema para no solo sancionarla, sino prevenirla.
La única radiografía que tenemos es gracias a la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria, que desde 2023 ha recibido más de 7.200 casos, de los cuales más de 3.000 ocurrieron en el país durante 2024.
Mientras el nuevo legislativo hace lo propio para, por tercera vez, lograr aprobar y crear la tipificación del delito, desde el Concejo de Bogotá se aprobó un proyecto de acuerdo que pretende fortalecer la capacidad institucional para identificar y actuar frente a la violencia vicaria en Bogotá.
La iniciativa está dirigida especialmente a las Comisarías de Familia y Casas de Justicia, las primeras puertas de respuesta que pueden tener las víctimas. Liderado por el concejal Julián Triana y de coautoría con el concejal Emel Rojas, el texto establece que el Distrito deberá formar y capacitar al personal lo suficiente para abordar estos casos con enfoque de género y derechos humanos. Asegurando, siempre, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes para protegerlos.
Pero la responsabilidad también recaerá sobre la Secretaría de la Mujer, quien tendrá la tarea, en articulación con Seguridad, de desarrollar acciones, campañas y/o jornadas pedagógicas como espacios de formación comunitaria, difusión de información, encuentros con expertas y organizaciones sociales y/o cualquier otra acción que contribuya a reconocer la violencia vicaria como una forma de violencia basada en género.
En caso de que se registre algún caso, este deberá atenderse a través de la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias (RUA), incluyendo a aquellas que fueron revictimizadas y promoviendo que los casos sean tratados con la debida diligencia y perspectiva de género.
Aunque no se incluye en el acuerdo, la Secretaría de Educación también ha realizado en las aulas ejercicios de identificación y formación a docentes y orientadores, pues son ellos el primer contacto para conocer y reportar oportunamente ante cualquier señal de alerta de sus estudiantes.
Desde la Secretaría de la Mujer destacaron el fortalecimiento de los equipos que componen la Ruta Única de Atención a mujeres víctimas de violencias y recordaron la disposición de las 6 casas refugio que acogen a las mujeres y sus hijos si corren peligro inminente.
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Mientras el Congreso salda el vacío legal y tipifica la violencia vicaria en el código penal, Bogotá decidió no esperar y lo hizo a través de la prevención. La aprobación del acuerdo pone en la luz un fenómeno que ha querido minimizarse y endilga la responsabilidad en ese primer contacto de justicia que tienen las víctimas.
Pero para que esta iniciativa no se quede en el papel, el Distrito deberá garantizar que la capacitación institucional se traduzca en una respuesta rápida, articulada y sin revictimización, donde las vidas de las mujeres y sus hijos no queden en riesgo.
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Por Redacción Bogotá
