Consulta popular: ¿apuesta por la democracia o un intento por sacar las reforma?

La propuesta anunciada por el presidente Petro para convocar una consulta popular para que sea el pueblo quien decida si se acepta o rechaza los puntos clave de las reformas laboral y de salud, cuenta ya con una férrea oposición de los partidos que no hacen parte de la coalición de gobierno y de otros sectores políticos y económicos, en lo que se ha convertido en el escenario servido para el debate en las en las próximas elecciones.

Que si es oportuno o no, que si es una jugada de Petro para evadir los esfuerzos de la oposición para hundir dos de las reformas más importantes del Gobierno del cambio, es una cosa. Pero que si el pueblo puede ser convocado a pronunciarse, es otra cosa bien diferente, que bien vale la pena dilucidar, por fuera del favor que despierte la iniciativa o de si se considera un inconveniente, entre otras cosas, por el costo económico que implica poner en marcha esta consulta de orden nacional. Este asunto en particular lo dejaremos a un lado: nos interesa enfocarnos en lo que puede significar este momento del debate democrático.

Las discusiones actuales parecen confundirse y, entre posiciones radicalizadas, parece que también se quiere ignorar que, desde la Constitución de 1991, Colombia es una democracia no solo representativa sino también participativa.

No por haber elegido a quienes deben representar los diversos intereses que configuran el mosaico de sectores, grupos, poblaciones y personas que plasman la diversidad de nuestro país, representados en partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, pierde importancia la participación directa de la ciudadanía en los asuntos que son de su interés.

Ya sea por su propia iniciativa, por ejemplo, a través de mecanismos de participación ciudadana establecidos y regulados en la Ley 134 de 1994 y la 1757 de 2015, como la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, referendo, consulta popular, revocatoria del mandato y cabildo abierto; o también mediante la movilización social y la protesta pacífica. De igual forma, una autoridad pública puede convocar la participación de la ciudadanía, de acuerdo con las normas que rigen los mecanismos de participación ciudadana, entre ellos, el plebiscito y la consulta popular.

Así también, participar en la elección de representantes para las corporaciones públicas de elección popular, incluido el Congreso de la República, no despoja al pueblo –el constituyente primario– de la voluntad de expresarse para defender la primacía de los derechos fundamentales reconocidos en la carta política (vida, libertad, igualdad, paz, intimidad, seguridad, salud, educación, información y expresión, entre otros derechos que sustentan nuestro ordenamiento democrático) a través de los mecanismos institucionales de participación o desde la lógica de la movilización.

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Esta pluralidad de opciones para la participación ciudadana configura, por cierto, el trasfondo y el sostén que dan vida y garantía a una democracia palpitante: es decir, la participación ciudadana es esencial para la vigencia y garantía de los derechos fundamentales que nuestra Carta Política de manera explícita reconoce así como en la conformación, ejercicio y control del poder político.

En igual sentido, la participación ciudadana también es un vehículo para garantizar la libertad e igualdad ante la ley, la protección y el trato igualitario de las autoridades; el goce de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación alguna, puesto que si bien es responsabilidad del Estado proveer, proteger y garantizar estos derechos, la participación ciudadana es fundamental y es garantía para que nuestra democracia sea real y efectiva.

El presidente, el pueblo y el conejo

Aquí, bien vale la pena hacer un alto para recordar por qué estamos enfrentados a este debate.

Lo que se ha visto en el pasado reciente, ha sido la profundización de las desigualdades sociales y falta de protección que padecen sectores sociales históricamente excluidos. La pandemia del Covid-19 desnudó de forma ostensible esta realidad.

Muchos gobiernos del mundo, como lo hizo en su momento el presidente Iván Duque, optaron por utilizar poderes excepcionales para adoptar medidas rápidas que les permitiera enfrentar la crisis de salud pública.

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En Colombia, estas facultades extraordinarias fueron utilizadas de forma desproporcionada o sin límite de tiempo. Con ello se afectó el Estado de derecho, la división de poderes y, particularmente, los derechos civiles y sociales se vieron limitados.

La movilización social se incrementó ante la ineficiencia de la respuesta estatal en un contexto de aislamiento por razones de salud pública. La precariedad de la respuesta estatal ante esta situación de crisis mostró la dimensión de la pobreza y la precariedad de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, lo que terminó siendo la mecha que prendió el estallido social, como se pudo evidenciar en las grandes ciudades y en muchos otros municipios del país, donde el protagonismo, aunque no exclusivo, lo tuvo la población joven que no encontró opciones de vida para ellos y sus familias.

En ese momento, el país necesitaba y pedía un cambio. Y Gustavo Petro personificó para muchos la oportunidad de que, esta vez sí, las cosas podrían cambiar. Un gobierno que promete el cambio atrae a un gran número de sectores excluidos y empobrecidos.

Petro y Francia Márquez llegan al poder en la segunda vuelta con una votación muy alta, pero reñida con el segundo candidato, por una diferencia de 688.102 votos, según datos del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE. Se trató de una promesa de transformación, de cambio para las mayorías olvidadas y excluidas. Aquí parecía que por fin se podría aspirar a una sociedad más incluyente en derechos, garantías y libertades. Que por fin se tuvieran en cuenta especialmente a quienes han estado histórica y crecientemente, siendo marginado de los frutos del desarrollo, el bienestar y la paz, además de que han tenido que vivir más de cerca el largo ciclo de la violencia armada en el país.

Se aspiró a un gobierno sensible a las demandas ciudadanas que se vieron reflejadas en el estallido social y que como país, que nos permitiera acercarnos más a la promesa de un estado social y democrático de derecho. Pero muy pronto vimos que esa tarea no iba a ser tan fácil, con la oposición férrea de quienes por largo tiempo han estado en el poder y que, no solo ejercen su derecho legítimo de ser oposición en una democracia desde sus particulares convicciones frente a las propuestas de un gobierno de cambio, sino que pareciera que deliberadamente bloquean las posibilidades de que las reformas que buscan ese cambio se hagan realidad.

En el legislativo no hay opción de superar esta barrera sin recurrir a las viejas y arraigadas prácticas del clientelismo, las prebendas y otros manejos que suelen emplearse para anclarse en el poder y lucrarse de él mientras sea posible. Lamentablemente, pareciera que también esto vale para quienes prometen lograr el “cambio”.

Ente tanto, las transformaciones no se alcanzan pues tanto detractores como aliados en la política no se desmarcan del hábito de perseguir el lucro que se deriva del poder, para llegar al poder y ejercer el poder sobre todos los demás. Porque parece que en la política todo vale, y las alianzas con quienes representan las prácticas más deleznables que se suponía que se iban a erradicar: corrupción, despilfarro, apropiación de dineros públicos, resultan ser aliados – transitorios, quien sabe – para alcanzar ideales más altos.

La consulta popular que lanza el Presidente Petro es una opción en nuestro sistema democrático frente al bloqueo de las reformas sociales en el Congreso.

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Desde una perspectiva política, es válido buscar el apoyo popular para alcanzar las promesas de cambio, para superar las barreras del deficitario reparto del goce efectivo de los derechos. Pero también hay una pregunta de fondo: ¿todo este movimiento será para sobreaguar una coyuntura adversa para el gobierno y renovar el respaldo que se vio en las urnas para que estas ideas puedan tener continuidad con un nuevo gobierno del cambio? Gustavo Petro ha demostrado que es capaz de convocar a la ciudadanía a la calle, pero no es claro hasta dónde querrá llegar, en el marco constitucional y legal vigente, ni cuánto hará la oposición para impedírselo.

Lo que sí parece ser claro, es el grado de polarización del país y que aúpan los dirigentes de todos los colores en defensa de sus propios intereses.

*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con dos capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central) y Cali (Foro Suroccidente).