En política de drogas, el 2023 terminó con la derogación de un decreto y la publicación para comentarios de otro que le pararon los pelos de punta a los medios, las redes sociales y la oposición desinformada.
Lo primero fue la derogación del decreto 1844 del 2018, lo cual es un paso acertado y una deuda pendiente que tenía este gobierno con un discurso progresista en lo que se refiere a la política de drogas. Como lo explicó el profesor Iturralde en la Silla Vacía, la derogación confirma lo que ya había dicho la Corte Constitucional: “el Estado no puede prohibir de manera absoluta y establecer sanciones administrativas por el simple hecho de portar drogas que son una dosis personal”. Además de ser consistente con la Corte, esta derogación probablemente reducirá la arbitrariedad policial que gasta recursos en perseguir consumidores en lugar de perseguir estructuras criminales.
De hecho, derogar este decreto, era parte de las recomendaciones que varias organizaciones le hicimos al Gobierno Nacional sobre la nueva política de drogas cuando inició su mandato. Este paso se complementa con el innovador protocolo sobre consumo de sustancias psicoactivas, emitido por el Ministerio de Justicia, que le da las pautas a los entes territoriales para que regulen el consumo en el espacio público.
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Otra de las recomendaciones que le hicimos al Gobierno Petro fue promover y facilitar la investigación y los usos lícitos de la hoja de coca, en particular los productos de las comunidades étnicas y campesinas. Este fue de hecho el objeto de la propuesta de decreto publicado a finales de noviembre del año pasado, en el cual se establece la ruta para cultivar y procesar de manera legal cultivos de coca, amapola y marihuana para usos médicos, científicos e industriales. Un primer paso muy importante para crear mercados para productos que utilizan hoja de coca y desarrollar investigación de punta en las universidades y centros de investigación. La propuesta de decreto se puede mejorar, pero va por buen camino.
De hecho, estas iniciativas junto con la publicación de la política de drogas liderada por el Ministerio de Justicia, es lo más relevante que ha ocurrido durante este Gobierno en estos temas. Sin embargo, todavía hay mucho camino por correr y son varias las expectativas para los dos años y medio de gobierno que quedan:
1. El Ministerio de Justicia debe definir urgentemente el plan de acción, el presupuesto y la ruta para implementar la política de drogas. Esta implementación requiere de una articulación institucional que aún es deficiente.
2. A partir del protocolo del Ministerio de Justicia, a nivel local esperamos que los alcaldes hagan la tarea de manera responsable y desarrollen la regulación para el consumo de sustancias psicoactivas que será la guía para saber bajo que circunstancias, en que horarios y en qué espacios públicos se puede o no consumir y articulen con el Ministerio de Salud una política orientada a la reducción de riesgos y daños.
3. La dirección de sustitución de cultivos ilícitos actualmente parte la Agencia de Renovación del Territorio, debe terminar de implementar y cerrar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), así como diseñar e implementar el nuevo programa de transformación territorial en alianza con el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y otras agencias del Estado incorporando los aprendizajes de lo que no funcionó. Ojalá que el primer ajuste sea diseñar un programa escalonado e incremental que no se limite a sustituir un cultivo por otro, sino que tenga metas ambiciosas de inserción al mercado en cadenas de valor sostenible, sujeto obviamente a las restricciones presupuestales del gobierno y ambientales del territorio, y que priorice y focalice los esfuerzos de transformación territorial en unas regiones particulares, pues está claro que no tenemos la capacidad de atender 100.000 hogares al mismo tiempo. Como lo muestra la evaluación que acabamos de terminar en el CESED, contratada por el DNP, el PNIS no solo tuvo problemas en su diseño e implementación. A pesar de identificar que la recepción de beneficios redujo marginalmente la pobreza multidimensional de los menos vulnerables del programa, también encontramos que el PNIS, tanto su anuncio como la implementación, aumentó los cultivos de coca y la deforestación. Así que hay mucho que aprender y ajustar en un nuevo diseño.
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4. Seguimos sin diseñar e implementar un programa de Pagos por Servicios Ambientales en las zonas cocaleras importantes para la provisión de servicios ecosistémicos. Si cambian la coca por vacas o por un monocultivo en las estrategias de sustitución no le estaremos haciendo ningún bien a las zonas estratégicas en términos ambientales.
5. La regulación del cannabis es una deuda pendiente. El gobierno nacional debe caracterizar el mercado actual y diseñar un modelo regulatorio con criterios de equidad y reparación que esté listo para discusión en el Congreso Nacional cuando se retome la propuesta de modificar el artículo 49 de la Constitución. Así mismo debe articularse con los congresistas para organizar las iniciativas legislativas pendientes para esta regulación e intentar nuevamente unas mayorías informadas que apoyen la regulación del mercado. La socialización de estas incitativas con los actores que actualmente participan del mercado (pequeños cultivadores, por ejemplo) es también fundamental, pues de lo que se trata es que transiten a la legalidad.
6. La política de drogas es el talón de aquiles de la Paz total y debe discutirse el alcance de las negociaciones y procesos de sometimiento en relación con las actividades ilícitas que financian a estos grupos.
7. Colombia debe liderar la discusión internacional sobre la política de drogas y definir una estrategia internacional en la cual se articulen el equipo diplomático en Nueva York, Viena, Washington y Ginebra en aras de lograr mayor capacidad técnica, coordinación y liderazgo.
8. La planeación de una nueva cumbre Latinoamericana debe tener objetivos concretos y articulados con la Política Nacional. El Congreso en Cali, el año pasado, fue cuando menos improvisado en su organización y alcance, y los presidentes de Colombia y México se quedaron enfrascados en la amenaza del fentanilo, olvidando otros problemas más relevantes para la región.
9. Colombia debe apoyar formalmente la petición de Bolivia de revisar la clasificación de la hoja coca como sustancia restringida. Si los países Andino Amazónicos no operan como un bloque, serán solo voces aisladas en el panorama internacional.
10. La estrategia de comunicación en estos temas referentes a una nueva política de drogas no es menor. Es importante revisar cómo y cuándo se presentan y anuncian las iniciativas y cómo se le explica a la opinión pública los cambios necesarios en la política de drogas.
En conclusión, aunque Colombia tiene la oportunidad de liderar a nivel internacional y consolidar su posición como un referente en la implementación de políticas de drogas basadas en evidencia y orientadas al bienestar de las personas y las comunidades, persisten desafíos para los próximos dos años y medio que incluyen aspectos críticos para lograr un verdadero cambio de paradigma.
*María Alejandra Vélez es la directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas