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El día en que lo mataron, Marco Rivadeneira, líder campesino y miembro del Coordinador Nacional Agrario, estaba reunido con campesinos de Puerto Asís, Putumayo discutiendo las propuestas que le presentarían al gobierno nacional en el marco de una mesa de diálogo instalada oficialmente el 6 de agosto de 2019 para sustituir los cultivos de coca en varias veredas del municipio.
Su apuesta era clara: reemplazar las violentas erradicaciones forzosas por procesos de concertación con las comunidades que permitieran llegar a soluciones sostenibles en el tiempo. La misma orientación tenía el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pero ante los incumplimientos del gobierno, la negativa de abrir nuevas inscripciones y la persistencia de las erradicaciones forzosas, Marco y otros líderes optaron por buscar una salida para cientos de campesinos que quedaron por fuera del programa en Puerto Asís. Y en ese esfuerzo fue asesinado esta semana.
Este triste episodio, que se repite cientos de veces en todo el país, devela la responsabilidad de un gobierno que se empeña en implementar una política antidrogas a todas luces fallida, incumplir sistemáticamente los acuerdos de paz y cruzarse de brazos a la hora de proteger la vida de los dirigentes sociales. Es la hora que como sociedad exijamos que se contenga esta otra pandemia.
La firma del acuerdo de paz y la solución al problema de los cultivos ilícitos contenida en este abrió una gran posibilidad para que el Putumayo dejara atrás su larga historia de guerra y de rezago social y económico. En efecto, cerca de 20 mil familias del departamento (3 mil en Puerto Asís) confiaron en los compromisos contenidos en el acuerdo y, en 2017, tomaron la decisión de inscribirse voluntariamente en el PNIS.
Como ha sido ampliamente documentado por UNODC y otros estudios (Observatorio de Tierras, FIP, Dejusticia), los cultivadores cumplieron su compromiso de arrancar las matas de coca. No obstante, el gobierno no ha honrado su palabra y ha dejado a miles de familias a la deriva sin alternativas para dar ese salto a la legalidad.
En octubre del año pasado las familias inscritas al PNIS en Puerto Asís recibieron los últimos pagos que compensaban la pérdida de ingresos que han sufrido desde que dejaron la coca. Estos fueron los ‘afortunados’, pues muchos nunca recibieron los pagos o recibieron sólo una parte de lo prometido. Ahora los pagos se acabaron y los proyectos de sustitución no han llegado. ¿De qué viven ahora? “De milagro”, responden algunos.
Por su parte, el componente de seguridad alimentaria, que busca que las familias tengan garantizado su comida, apenas está empezando, casi tres años después de que los campesinos se quedaron sin sustento. Más preocupante aún, todavía no hay fechas ni recursos asegurados para los proyectos productivos que deberían reemplazar los ingresos que generaba la coca. En otras palabras, el componente más importante está desfinanciado y no ha comenzado. “¿Por qué tienen plata para fumigar, pero no para los proyectos productivos?”, se preguntan los campesinos.
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Mientras que estas familias esperan, otro número importante de campesinos se quedaron por fuera del PNIS. Recién posesionado Iván Duque, el gobierno anunció que cumpliría sus compromisos con los vinculados al programa y que no abriría nuevas inscripciones para los que quedaron por fuera. Para estos cultivadores de coca el gobierno no ofrecería más que la respuesta violenta del ejército y la policía en operativos de erradicación forzosa. La orientación era entonces eliminar los cultivos ilícitos a toda costa. Este mandato fue aplicado a rajatabla en Puerto Asís.
Las unidades de la Policía y el Ejército encargadas de destruir la coca recorrieron el municipio y entraron varias veces en choque con los campesinos que se oponían a perder el sustento de sus familias. El corredor Puerto Vega-Teteyé, en la frontera con Ecuador, ha sido uno de los epicentros de estos conflictos. Justamente a mediados de 2019, Marco, junto con otros líderes de la zona, buscaron mediar entre la fuerza pública y los campesinos en este sector del municipio. Dada su larga trayectoria como dirigente campesino y comunal del Putumayo, Marco sabía que los enfrentamientos entre los campesinos y la fuerza pública llevarían a que los primeros salieran muertos o lesionados (como en efecto ocurrió).
Por eso, a pesar del riesgo que podría correr su vida dada la presencia de grupos armados en el territorio, Marco promovió una mesa de concertación entre las comunidades campesinas del sector y el gobierno nacional. El objetivo era simple: reemplazar la violencia por el diálogo.
De esa forma, se le ofrecía una salida a los cultivadores excluidos del PNIS para que construyeran una propuesta de desarrollo rural para sus veredas que garantizara una alternativa sostenible a la coca. El gobierno acudió al llamado y en agosto de 2019 el viceministro del Interior, un delegado del gobernador y el alcalde de ese entonces firmaron los acuerdos con los campesinos con la supervisión de la procuraduría delegada para el acompañamiento del proceso de paz.
Luego de la firma del acuerdo con el gobierno, Marco se puso en la tarea de recorrer junto con sus compañeros las veredas, hablar con los campesinos y adelantar diagnósticos de la situación de los cultivadores de coca con miras a construir las propuestas de desarrollo rural. A pesar de que el acuerdo de agosto de 2019 contemplaba la instalación de una mesa de derechos humanos para dar garantías a los campesinos vinculados a este proceso de concertación, los representantes del gobierno nunca la instalaron. Más aún, Marco fue uno de los líderes que escucharon a la ministra banalizar el asesinato de dirigentes sociales en un evento de “protección de la vida” que tuvo lugar en Putumayo. Marco fue asesinado pocos días después.
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Lo sucedido con Marco Rivadeneira pone de presente la indolencia con la cual el gobierno actúa frente al asesinato de líderes sociales. Dirigentes como él se juegan la vida diariamente persiguiendo objetivos que son del interés de toda la sociedad, pero no obtienen ninguna garantía de seguridad. Estos líderes, hombres y mujeres, pueden ser los grandes aliados en la búsqueda de la paz y el desarrollo rural por su capacidad de movilización de los campesinos y su disposición para el diálogo con las autoridades estatales, pero el gobierno los trata con desdén sin detenerse a reconocer todo lo que se pierde en un territorio cuando una de sus voces deja de escucharse a causa de la violencia armada.
Esta pandemia, la del asesinato de líderes sociales, necesita el mismo empeño que los gobiernos nacional y locales están poniendo para contener COVID-19. Mientras que en las grandes ciudades la gente se organiza y se prepara para una eventual cuarentena, en las regiones los líderes siguen trabajando por la paz ante la absoluta indiferencia de unas autoridades concentradas en el “robo de celulares”.