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Hace un mes, en Caquetá, el Gobierno—con Gloria Quiceno como nueva jefa negociadora— anunció junto a Calarcá, jefe de la disidencia conocida como Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la reactivación de la mesa de diálogo y el compromiso de realizar un nuevo ciclo de conversaciones. El gesto buscaba revivir un proceso que llevaba meses congelado y transmitir la idea de que la política de “paz total” aún tenía una ruta viable.
La foto de Calarcá con la delegación oficial buscó dar señales de voluntad, pero el terreno cuenta otra historia. En Amalfi, Antioquia, integrantes del Frente 36 —una de las estructuras más fuertes del EMBF— derribaron un helicóptero de la Policía con un dron cargado de explosivos. El ataque, que dejó muertos y heridos, marcó un salto cualitativo en la confrontación armada y puso sobre la mesa el contraste entre el discurso de paz y la práctica de guerra en los territorios.
El Frente 36 es un viejo conocido del conflicto en Antioquia. Nunca se acogió al Acuerdo de Paz de 2016, mantuvo control en corredores estratégicos que conectan Anorí, Briceño y Amalfi con el Magdalena Medio, y se financia de la minería ilegal y los cultivos ilícitos.
Su origen remite a los años en que el Bloque Magdalena Medio de las FARC hacía presencia en esa zona y consolidaba corredores de movilidad hacia el nordeste antioqueño y el Bajo Cauca. Tras la firma del acuerdo, este frente se replegó, pero bajo el mando de Cabuyo y luego de otros mandos medios, mantuvo operaciones armadas que le dieron autonomía frente a estructuras centrales.
Su presencia ha generado disputas constantes con el Clan del Golfo y el ELN, lo que convierte al nordeste antioqueño en uno de los escenarios más críticos de la guerra fragmentada que vive Colombia.
En paralelo, el EMBF intentaba sostener la fachada de un proceso político. Desde abril, sus voceros enviaron cartas al presidente Gustavo Petro pidiéndole regresar a la mesa “sin ultimátum” y con la mediación de veedores internacionales.
También rechazaron el diseño gubernamental de Zonas de Ubicación Temporal generalizadas, aceptando solo una en el Catatumbo, donde opera el Frente 33, con el que se había instalado una Zona de Ubicación Temporal. En otro comunicado, insistieron en que cualquier avance debía pasar por un cese al fuego bilateral y verificable, aunque en la práctica nunca renunciaron a sus operaciones militares.
El cese decretado en 2023 se venció el 15 de abril de 2025 sin prórroga, bajo el argumento de que no había avances sustantivos. Aun así, el Gobierno y el EMBF mantuvieron la narrativa de que habría un nuevo ciclo de conversaciones. Entre tanto, los frentes siguieron actuando de manera autónoma, como lo demuestra el ataque en Amalfi.
Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), este episodio confirma la debilidad estructural de la mesa: “Estas estructuras son una confluencia de frentes que quedaron tras la desmovilización de las FARC. El 33, el 36 y otros mandos tienen mucha autonomía, y esto prueba que Calarcá no tiene el mando general, lo que hace muy difícil que haya una sola línea, aunque estén en una mesa de diálogo. A lo máximo se logrará la desmovilización de unos pocos, pero no más. Mientras tanto, el Gobierno aparece como un Estado incapaz, no porque no quiera, sino porque no puede”.
Bonilla insiste en que las mesas de negociación con estructuras tan dispersas carecen de fuerza real: “Lo que buscan es interlocución política y legitimidad, pero no hay una cadena de mando fuerte. El riesgo es que el Gobierno se siente con una cúpula que no controla lo que pasa en el terreno. Y mientras tanto, el Estado aparece debilitado, aislado y con cada vez menos capacidad de cumplir promesas de desarrollo territorial”.
Además: 18 muertos y 68 heridos, lo que se sabe hasta ahora de los ataques en Cali y Amalfi
Drones, los “nuevos cilindros bomba”
El ataque con drones también refleja un cambio de época en la guerra. Bonilla advierte que esta tecnología se está convirtiendo en el “nuevo cilindro bomba”: “Son baratos, fáciles de usar, pueden entrar por Venezuela o comprarse por Amazon y modificarse. Ya en el Catatumbo el ELN repartió panfletos buscando ‘droneros’. Esto no es nuevo. Lo grave es que Colombia no tiene regulación ni trazabilidad sobre estas armas, y estamos quedadísimos en inversión tecnológica. El equipo militar está en tierra por falta de recursos, y aunque la Fuerza Pública sabe lo que necesita para responder, no hay plata para sostenerlo”.
Aunque en el pasado ya se habían registrado ataques con drones contra instalaciones militares en Arauca y Norte de Santander, es la primera vez que un aparato de este tipo logra derribar un helicóptero de la Policía en Colombia. El hecho confirma advertencias de organismos internacionales que han alertado sobre la rápida adaptación de los grupos armados ilegales a tecnologías de bajo costo con alto poder de impacto.
El mismo presidente Petro reaccionó a este ataque en sus redes sociales, informó que el grupo responsable ya estaba bajo fuego de artillería como respuesta militar inmediata.
Desde ayer el grupo que fue capaz de derribar el helicóptero de la policía está bajo fuego de artillería. pic.twitter.com/T4IyXWiIjC
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2025
Lo ocurrido en Amalfi no alterará la mesa de manera inmediata, porque nunca hubo un compromiso formal de cese al fuego. Pero sí desnuda la contradicción de fondo: el EMBF busca legitimidad política con el Gobierno, mientras sus frentes exhiben poder militar en las regiones. Para los expertos, esta paradoja refleja los límites de la “paz total” con estructuras fragmentadas, más interesadas en reposicionarse en la guerra que en asumir compromisos de desescalada.
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