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La captura de Nicolás Maduro tras los bombardeos de Estados Unidos a Venezuela reactivó las alertas sobre los efectos que este nuevo escenario puede tener en el ELN –una guerrilla que ha respaldado ese régimen– y sobre las consecuencias humanitarias en la región fronteriza con Colombia.
Los intentos de expansión de ese grupo armado durante 2025 en zonas como Arauca y el Catatumbo deben leerse en una clave más amplia. Más allá de la disputa por el control de los corredores fronterizos, analistas sostienen que el fortalecimiento del ELN hizo parte de una estrategia de alistamiento del régimen de Maduro ante una eventual ofensiva militar de Estados Unidos, que hoy se materializó.
En contexto: Arauca, atrapada entre la ofensiva del ELN y su papel como eje clave en choque de Maduro y Trump
Jorge Mantilla, experto en temas de crimen, seguridad y conflicto, explica a este diario que el ELN se concibe a sí mismo como una guerrilla de alcance continental y que el actual escenario en Venezuela le abre un margen de maniobra. “Esta es la oportunidad perfecta para proyectarse políticamente de esa manera”, señala. Sin embargo, advierte que el impacto de este nuevo escenario sobre la reconfiguración del grupo armado aún es incierto y dependerá de cómo se desarrollen los hechos en las próximas horas, en particular de si una eventual salida de Maduro del poder se produce o no de manera pactada.
Si se trata de una salida negociada –añade Mantilla– los vínculos entre el ELN y el régimen bolivariano podrían profundizarse, “con miras a un escenario de confrontación irregular dentro de Venezuela, mucho más similar al de una guerra civil”. En cualquier caso, sostiene, el grupo armado se ve favorecido por “el vacío de poder que en este momento hay en Venezuela, dado que la vicepresidenta Rodríguez, que estaría llamada a asumir o a reemplazar a Nicolás Maduro, se encuentra en este momento en Moscú”.
En ese contexto, Mantilla advierte que el ELN intentará sacar provecho de una eventual escalada, especialmente si se produce una persecución del régimen contra objetivos militares o personas que respalden la intervención estadounidense. “Su rol va a ser cada vez más protagónico”, afirma.
El analista Luis Fernando Trejos coincide. “El golpe a la capacidad militar de Venezuela seguramente fue significativo lo que hace que el ELN adquiera más importancia dentro del dispositivo de defensa fronteriza del gobierno venezolano”, escribió en su cuenta de X.
ELN: ¿reacomodo interno o acciones por el ataque de Estados Unidos?
Para el ELN, la crisis abierta en Venezuela altera un factor central de su estrategia: su presencia fronteriza. La guerrilla ha construido durante años una retaguardia funcional del otro lado de la frontera —logística, refugio, economías ilegales y capacidad de repliegue— que hoy queda bajo presión ante una mayor presencia y control de actores externos.
Esto puede producir dos efectos simultáneos: por un lado, un reacomodo interno que empuje al ELN a concentrar fuerzas y disputas en territorio colombiano, elevando la intensidad del conflicto en zonas como el Catatumbo. El otro efecto podría ser una reacción política-militar que busque mostrarse como actor “antiintervencionista”, recurriendo a sabotajes o acciones de alto impacto, como ya ha ocurrido en coyunturas de tensión entre Estados Unidos y Venezuela.
Justamente hay una incertidumbre sobre la respuesta del ELN frente a la población civil persiste, sobre todo por los antecedentes recientes. El pasado 14 de diciembre esa estructura armada anunció un paro armado de 72 horas, que presentó como una “protesta” contra lo que calificó como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente Donald Trump y una supuesta amenaza de intervención de Estados Unidos en América Latina.
En los tres días de acciones violentas fueron afectados al menos 13 departamentos del país con ataques, bloqueos con explosivos, amenazas y restricciones a la movilidad que impactaron corredores viales, centros urbanos y zonas rurales.
Para la seguridad interna de Colombia, la caída del régimen chavista y la captura de Maduro podrían reconfigurar de manera drástica los equilibrios en las zonas de frontera, especialmente en regiones como Catatumbo donde grupos armados como el ELN han encontrado espacio para operar logísticamente y financiarse, en parte, a través de redes transnacionales que cruzan hacia Venezuela.
Esto podría llevar a que el ELN y otras organizaciones criminales aprovechen la incertidumbre para fortalecer su control territorial, complicando los esfuerzos de seguridad colombianos y profundizando la crisis humanitaria en la frontera.
En ese contexto, la paz total del gobierno de Gustavo Petro enfrenta uno de sus mayores desafíos. La negociación con el ELN depende, en buena medida, de incentivos regionales y de la estabilidad de los entornos donde la guerrilla opera; una frontera en crisis reduce los márgenes para ceses al fuego verificables y debilita la confianza entre las partes.
Al mismo tiempo, si el ELN percibe que pierde protección estratégica en Venezuela, podría verse presionado a definir con mayor claridad si apuesta por una salida negociada o por una escalada armada para reposicionarse. Para el Gobierno, el reto será evitar que la coyuntura externa termine arrastrando la agenda de paz, reforzando presencia estatal y protección a civiles, sin cerrar del todo la puerta a una negociación que hoy depende más que nunca de factores regionales.
La preocupaciones sobre la situación humanitaria en la frontera
En el plano humanitario, el Gobierno colombiano debe prepararse para un escenario de mayor militarización de la frontera, flujos migratorios desordenados y presión internacional para alinearse con Washington en materia de seguridad regional.
En el Catatumbo, donde la confrontación combina disputa armada, control social y economías ilegales, cualquier fractura del poder en el lado venezolano puede acelerar recomposiciones violentas y reducir los márgenes de la política de paz total. Esa región ya enfrenta una crisis por la escalada de violencia derivada de los enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC– podría ser profundo.
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“Hay que tener en cuenta que el presidente Lula ordenó el cierre de la frontera entre Venezuela y Brasil, por lo que, de darse un escenario de desplazamiento masivo o de refugiados, muy seguramente ese fenómeno se concentraría en la frontera con Colombia”, señala el investigador Mantilla.
Ante esas preocupaciones, el gobernador encargado de Norte de Santander, Julio César Silva, lideró una reunión de coordinación con los secretarios de despacho y expresó su preocupación por un posible desabastecimiento en Cúcuta, ante un eventual aumento de la presión sobre la ciudad.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta para coordinar la respuesta del Estado ante la crisis en la frontera y avanzar en un decreto de estado de emergencia económica, social y ecológica.
“En el marco de este PMU se definirán y coordinarán medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria dirigidas tanto a connacionales como a migrantes venezolanos y personas de otras nacionalidades que ingresen al país”, escribió Benedetti en su cuenta de X.
El Ministerio del Interior liderará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la ciudad de Cúcuta, con el propósito de adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, en respuesta a la situación en la frontera.
— Armando Benedetti (@AABenedetti) January 3, 2026
En el marco de…
Las alertas humanitarias no se concentran solo en un posible aumento de personas desplazadas hacia Cúcuta. También apuntan a la exposición de la población civil que transita o permanece en zonas bajo control del ELN en las rutas fronterizas.
“Hay que recordar que el ELN se ha convertido en la autoridad migratoria y fronteriza en la frontera entre Colombia y Venezuela, por lo que estaríamos hablando de un escenario de control territorial sobre trochas, de control sobre dinámicas de trata de personas y de tráfico de migrantes. Entonces, tendríamos a una población vulnerable bajo el control de un grupo armado en plena expansión que seguramente instrumentalizaría a esta población, bien sea con fines políticos o económicos”, añade Mantilla.
La circular de la Procuraduría para garantía de derechos humanos
La Procuraduría General de la Nación emitió una circular en la que exhorta “a las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal para que activen de manera inmediata los mecanismos de atención necesarios de garantía de Derechos Humanos ante las acciones que se puedan presentar”.
Además, ordena a las Procuradurías Regionales y Provinciales articularse con las defensorías y personerías locales, abrir canales directos de comunicación, identificar áreas de riesgo por migración o posibles afectaciones de derechos, realizar visitas de verificación, reportar situaciones que impacten la convivencia y formular recomendaciones a las autoridades.
En la circular también pide que se adopten las “demás medidas que consideren conducentes en orden a verificar las condiciones de seguridad de los habitantes de las zonas de frontera y que promuevan espacios de diálogo y concertación ciudadana en dichas regiones”.
Mientras se redefine el tablero político y militar en Venezuela, la frontera en Colombia vuelve a perfilarse como uno de los principales escenarios de impacto. El fortalecimiento del ELN, la incertidumbre sobre su respuesta armada y la fragilidad humanitaria en territorios como Catatumbo plantea un riesgo inmediato para la población civil.
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