Tras un mes de caravana del Eln y Gobierno, no llega ayuda urgente a Chocó y Valle

La carava humanitaria de delegados del Eln y el Gobierno visitó las comunidades del Bajo Calima y San Juan.

Foto: Natalia Romero Peñuela

“Todo sigue igual”, es la respuesta unánime.

Las noches sobre colchonetas en el piso, la escasez de alimentos, las dificultades sanitarias y la incertidumbre siguen siendo el día a día de los albergues temporales en Buenaventura y Dagua en donde se resguardan las comunidades desplazadas por el conflicto armado de los ríos Calima (Valle del Cauca) y San Juan (Chocó). “Tal cual ustedes vieron las cosas el día que vinieron, tal cual así siguen. Tenemos dificultades de alimentación, aseo, salud e inseguridad”, sostiene Carolina Ballesteros desde el salón comunal del barrio R9 en Buenaventura, que hace más de un año se convirtió en el hospedaje de ella y 48 personas más de las comunidades Guadual, Ceivito y San Isidro.

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Hace exactamente un mes, delegados de la mesa de diálogo entre el Gobierno Petro y la guerrilla del Eln los visitaron para conocer sus necesidades más urgentes y las condiciones necesarias para retornar a sus territorios. La visita se dio en el marco de la caravana humanitaria que se pactó en la mesa, encabezada, por parte del gobierno, por Horacio Guerrero, Carlos Rosero, Mabel Lara y Dayana Domicó; y, por parte del Eln, los gestores de paz Juan Carlos Cuellar y Jairo Arriguí. Luego del encuentro en los albergues, la caravana se embarcó por los ríos para registrar la situación de las comunidades confinadas y las garantías que necesitaban para permanecer y vivir tranquilas allí.

El recorrido estuvo acompañado por miembros de organizaciones afro e indígenas, representantes de la Iglesia católica y de organismos internacionales. Allí recogieron una serie de propuestas de alivios humanitarios que deben ser discutidos y concretados en el segundo ciclo de diálogo entre el Eln y el Gobierno, que empezó el pasado lunes 13 de febrero en México y durará 21 días. Entre ellas hay medidas concretas como desminar de la zona, una petición unánime de todas las comunidades, y cesar los retenes y restricciones de movilidad por el río San Juan y sus afluentes. Y otras que se deben revisar caso a caso como los planes de retorno de los desplazados.

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Sin embargo, durante la visita todos, delegados y organizaciones, coincidieron en que había acciones urgentes a desarrollar mientras esa discusión se llevaba a cabo. “Además de la pérdida de la libertad de movimiento, hay una condición muy crítica en términos de alimentación y salud. Esto amerita acciones urgentes. Un coliseo no es un espacio adecuado para albergar a la gente. Eso debe ajustarse de manera inmediata”, señaló en ese momento el gestor de paz del Eln, Juan Carlos Cuellar.

Las comunidades solicitaron auxilios en alimentación, aseo y salud y los delegados aseguraron que debían gestionarlo ante las entidades competentes. Sin embargo, estas ayudas solo han llegado a la comunidad wounaan de Santa Rosa de Guayacán, ubicada en el Centro de Eje Humanitario Arcesio Paz Paz en Dagua, a quienes esa alcaldía les entregó kits de aseo y alimentos. En los demás nada ha cambiado.

“No ha llegado ni comida ni elementos de aseo ni ha venido ninguna entidad a visitarnos. Nosotros estamos muy mal en la parte de alimentación y seguimos en riesgo de desalojo. No ha habido ningún cambio. Cuando a uno le dicen cosas inmediatas son cosas que no esperan un mes. Estamos muy mal, la verdad”, reclama Luis Antonio Piraza, autoridad del Cabildo Indígena Wounaan Valledupar. El caserío Valledupar está ubicado en el medio río San Juan pero desde hace un año, sus 19 familias están albergadas en el Instituto Matías Mulumba, un colegio a la entrada de Buenaventura.

Las cosas no son mejores para las comunidades que no se desplazaron, pero ante el temor por los combates y la presencia de actores armados permanecen confinadas en sus caseríos. Cleider Palacios es el personero de Litoral del San Juan, el municipio más al sur del Chocó, que abarca a la mayoría de estas comunidades sobre el río. “Aquí no ha llegado ningún tipo de acción concreta. Se dieron los compromisos pero aún no se han materializado. La situación de conflictividad, los actores armados continúan en el territorio. Ha habido enfrentamientos hacia las zonas de las bocanas”, señala Palacios. Y asegura que aunque la alcaldía de Litoral ya envió a la Unidad de Víctimas el listado de los requerimientos necesarios para atender a la población, siguen a la espera.

De hecho, en una reunión realizada el sábado 11 de febrero en la Pastoral Social de Buenaventura, según Eladio Ballesteros, coordinador de la junta del Consejo Comunitario de Bajo Calima, “la Unidad de Víctimas se comprometió en resolver el tema de unos mercados para Cabecera, Malaguita, Chachajo. Pero la situación de los caseríos continúa igual o más complicada. Los actores siguen en el territorio”.

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Un informe que aún no se socializa

A la reunión del sábado fueron convocados apenas el jueves anterior algunos líderes de las comunidades. Según contaron varios asistentes, la idea era que Carlos Rosero, de la delegación de Gobierno, y Juan Carlos Cuellar, del Eln, les entregarían el informe de los alivios que se iba a llevar a discusión en la mesa de negociación en México, pero esto finalmente no se realizó.

“Nos citaron para decirnos que ahí no se definía nada, que tenían era un esqueleto que se iba a llevar a la mesa en México, pero no lo socializaron. Solo nos dijeron que iban a llevar las iniciativas y el 27 de este mes resolvían eso allá”, contó Eladio Ballesteros. Ante el anuncio, la reunión se tornó tensa y varios de los líderes decidieron salir.

Sobre esto, Juan Carlos Cuellar aseguró que lo fundamental por ahora es avanzar en lo que ya está acordado. “Debemos avanzar en el desarrollo de las medidas de emergencia y el corredor humanitario que ya se habían acordado con las comunidades. Lo que estamos conciliando aquí (en México) es el informe en el que se van a concertar los demás alivios humanitarios”, señaló el gestor de paz.