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En la zona rural de Riosucio, Chocó, las comunidades indígenas ya no pueden ni siquiera ir a cortar leña o plátanos sin pedirles permiso a los grupos armados ilegales que controlan el territorio.
“Estamos confinados: no tenemos libertad de movilidad”, dice una lideresa de una asociación de cabildos que reúne a 12 comunidades de cinco resguardos indígenas de los pueblos embera chamí, katío, dobida y zenú.
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La mujer hace parte de la comisión que viajó más de 800 kilómetros, desde el norte del Chocó hasta Bogotá, para tocar la puerta del gobierno de Gustavo Petro y reclamar que se atienda la crisis humanitaria y la ausencia de servicios básicos de esa población.
A la presencia de varias estructuras armadas en su territorio le suman la falta de acceso a agua potable, vivienda digna, servicios de salud y la sedimentación de la cuenca del río Salaquí, que desde hace un año comenzó a reducir su cauce hasta dejar incomunicadas a más de 6.000 personas, entre afros e indígenas, para quienes el afluente es la única vía de acceso.
Los lideres denuncian que desde el 2022 la Gobernación del Chocó se comprometió a trasladar maquinaria amarilla para dragar el río, pero hasta el momento no ha ocurrido.
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“El único apoyo que hemos recibido es de la Pastoral Social, pero necesitamos un apoyo integral del Gobierno. Por la sequía del río, no tenemos cómo sacar los productos, nuestras mujeres y niños han desarrollado enfermedades. Ya en 2022 fallecieron dos personas adultas y un niño, y en enero de este año murió otro niño”, cuenta la lideresa.
Respuestas a medias
Para buscar respuesta a sus demandas, los líderes intentaron reunirse con más de una decena de entidades del Estado, pero no todas les abrieron la puerta.
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“En el Ministerio del Interior pedimos cita con el director de Asuntos Étnicos, pero nos atendió la subdirección de Investigación, Registro y Apoyo al cumplimiento de sentencias. Vimos una gran parálisis, una deuda de más de 10 años en la falta de actualización de los censos de esta población, que afecta sus derechos como pueblos indígenas. Quedó pendiente conocer cuál es la ruta que el Ministerio va a implementar para atender a estas comunidades”, dijo Marcela Castellanos, quien hace parte de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que acompaña la gira de incidencia de las comunidades del Bajo Atrato en Bogotá.
Un líder indígena de la zona contó que ya hace varios meses, en un congreso en el municipio de Carmen del Darién, las comunidades le hicieron 51 solicitudes urgentes al Gobierno Petro, que debían ser ejecutadas en un plazo de 100 días: “Hasta ahora no las han atendido. Seguimos esperando a que nos cumplan”
“Corte Constitucional no respondió”
La preocupación de estos pueblos indígenas es creciente, pues instituciones claves para implementar las medidas de atención que se requieren no contestaron a sus llamados para reunirse, como los ministerios de Vivienda y Salud y la Corte Constitucional.
“La Corte no respondió, a pesar de que estos pueblos indígenas hacen parte de los priorizados por el auto 004 (en relación con la sentencia T025, de desplazamiento), el cual ordena que se implementen medidas de seguimiento del Estado entorno a pueblos indígenas que están en riesgo de extinción física y cultural. La Corte, teóricamente, hace audiencias frente al incumplimiento de las medidas ordenadas, por eso solicitamos cita, para reiterar que los riesgos no han cesado y se han profundizado”, explica Nury Martinez, coordinadora del equipo de Tierras y Derechos Territoriales de la CCJ.
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Eso sí, durante su visita a Bogotá las comunidades pudieron exponer sus necesidades ante el Departamento Nacional de Planeación, el Dane, la Agencia Nacional de Tierras, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Victimas, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Procuraduría General de la Nación.
También tendrán un espacio con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, con la que tratarán de visibilizar la situación de la región.