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En ningún año de la última década se habían registrado en Colombia tantas masacres como las que se perpetraron en 2022: entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado se cometieron 92 masacres en el territorio nacional, que dejaron 321 víctimas mortales: 270 hombres, 30 mujeres, 14 niños y 7 niñas. Un aumento casi del 20% con relación a 2021.
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La alarmante cifra está incluida en el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre Colombia, que fue revelado este viernes y será presentado el próximo 7 de marzo en Ginebra (Suiza) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es el primero de los informes de esa dependencia de Naciones Unidas que alcanza a monitorear los primeros meses del Gobierno Petro, que, según las cifras, no ha mejorado la situación de derechos humanos en el país.
El documento también revela que las masacres se concentraron en el suroccidente del país (Cauca, Nariño y Valle del Cauca) y en Antioquia. En uno de los casos documentados por el ACNUDH, tres indígenas awás fueron asesinados justo cuando estaban reunidos planeando acciones para oponerse al avance de los cultivos de coca en su territorio.
El panorama tampoco es alentador en materia de defensores de derechos humanos. El informe reporta 116 personas defensoras asesinadas durante 2022. Casi la mitad de los homicidios (52) se dirigieron a miembros de las Juntas de Acción Comunal, mientras que en 2021 habían sido 13 asesinatos contra esa población. Pero el documento también llamó la atención sobre los líderes indígenas asesinados en Cauca: los hermanos Marcos Fidel y Albeiro Camayo, Guillermo Chicame, Miller Correa, Luis Tombé, Yemi Chocué y el niño Breiner Cucuñame; así como los asesinados en Nariño, pertenecientes al pueblo awá: Juan Orlando Moriano, John Faver Nastacuas, Carlos José García, Gerardo Pai y Carlos García.
Juliette de Rivero, representante en Colombia del ACNUDH, sostuvo que durante el año pasado registraron un recrudecimiento de la crisis de derechos humanos de las poblaciones étnicas (indígenas y afros). Por eso, dijo que valoran como una buena señal el hecho de que el Gobierno Petro haya nombrado en cargos claves para esas poblaciones a líderes indígenas y afrodescendientes de amplia trayectoria.
En relación con los homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de Rivero sostuvo que su oficina recomienda “la reforma completa de la Unidad Nacional de Protección”, con participación de la sociedad civil, y dijo que saludan los esfuerzos de su nuevo director, Augusto Rodríguez, por “limpiar” esa entidad.
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Ante los elevados niveles de violencia reportados en 2022, el ACNUDH se refirió explícitamente al cambio de enfoque en la política de seguridad del Gobierno Petro: “Es oportuno que el cambio de enfoque de la política de seguridad por parte del Gobierno hacia un enfoque de seguridad humana se complemente con una actuación de la Fuerza Pública orientada primordialmente a la protección de las comunidades en mayor riesgo”. Por ello, urgió, como lo ha venido haciendo en sus últimos informes anuales, a que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad – creada con el Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 – adopte la política pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales, “que incluya la afectación del patrimonio de esas organizaciones”.
El documento también recoge las cifras de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), según las cuales durante 2022 fueron desplazadas 82.862 personas y fueron confinadas 102.395, lo que también representa un aumento considerable frente a 2021, cuando se desplazaron 73.974 y 65.685 sufrieron confinamiento. Esas afectaciones se concentraron en Arauca, Cauca, Chocó y Nariño, sobre población indígena y afrodescendiente principalmente.
En 2022, el ACNUDH conoció 115 casos de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados no estatales. De estos, 20 habrían sido asesinados.
Un capítulo específico en el documento se le dedicó a las afectaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública. El año pasado el ACNUDH recibió 71 denuncias de “privaciones arbitrarias a la vida” que habrían sido cometidas por integrantes de la Policía y de las Fuerzas Militares, concentradas en Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander. Esa oficina sostuvo que trasladó esas denuncias al Ministerio de Defensa, institución que desestimó 41 casos y dijo que actuó en los otros 30 casos.
La representante en Colombia del ACNUDH sostuvo que la decisión de prohibir los bombardeos a grupos armados cuando se presuma la presencia de menores de edad es “un avance importante” en el cambio de enfoque de la fuerza pública.
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El documento se refirió específicamente al caso de Alto Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), en donde en un operativo del Ejército murieron 11 personas, y al caso de Chochó (Sucre) en el que miembros de la Policía asesinaron a tres jóvenes. Para esa oficina, dichos episodios “indican la urgencia de avanzar en la reforma a las doctrinas militar y policial, y que se priorice la protección de la población civil en el diseño y ejecución de las operaciones militares y operativos policiales”.
Durante la presentación de sus resultados, Juliette de Rivero precisó que “es importante implementar las recomendaciones del informe final de la Comision de la Verdad, que recomendó una seguridad para la paz”.
Con base en esa crítica situación humanitaria en el país, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos exhortó en el documento al Gobierno colombiano a que en los procesos de diálogo o negociación con los grupos armados ilegales “se acuerden medidas inmediatas para desescalar la violencia y mitigar sus impactos, y se consideren las normas y estándares internacionales sobre derechos de las víctimas y lucha contra la impunidad”.