La muerte de siete menores de edad en un bombardeo de las Fuerzas Militares en Guaviare, ocurrido el pasado 10 de noviembre, desató la mayor tormenta política, ética e institucional que ha enfrentado el gobierno de Gustavo Petro en materia de seguridad y derechos humanos.
La operación, dirigida contra el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, al mando de “Iván Mordisco”, dejó 19 muertos y reactivó una fractura que el mandatario había prometido cerrar: la de los ataques aéreos sobre campamentos donde hay niños, niñas y adolescentes reclutados forzadamente por los grupos armados.
Es, como coincide buena parte de los analistas, el peor bombardeo en la era Petro.
El episodio ocurrió tres años después de que el Gobierno anunciara un giro profundo en su política de seguridad. “Los bombardeos deben ser suspendidos”, dijo en agosto de 2022 el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, en una directriz que marcaba distancia con dos décadas de operaciones aéreas intensivas y que se convirtió casi en un símbolo de la paz total de Petro.
La apuesta era evitar que el Estado reprodujera daños contra menores reclutados —víctimas dos veces por un lado de los grupos armados, y por el otro de operaciones militares sin salvaguardias claras—.
Pero el viraje empezó a erosionarse pronto. Los ataques del EMC en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, así como la expansión territorial de las disidencias, intensificaron la presión de la Fuerza Pública para recuperar capacidades ofensivas. El 24 de julio de 2024, en el disputado corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, el Gobierno ejecutó su primer bombardeo confirmado, una acción presentada como destrucción de un campo minado y sin víctimas. A partir de ese momento las operaciones aéreas se fueron reactivando de forma gradual y, al parecer, sin lineamientos claros o verificación de menores.
La defensora del Pueblo, Iris Marín —esa entidad que dio a conocer lo ocurrido con los menores en Guaviare—, pidió públicamente al presidente suspender los bombardeos y evaluar la situación, advirtiendo que “hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado muertos”.
En respuesta, el presidente Petro detalló en un mensaje en su cuenta de X que en la ofensiva contra Iván Mordisco que, en efecto, 12 menores murieron en esos ataques, entre ellos cuatro adolescentes en Caquetá el 1° de octubre de 2025, siete en Guaviare el 10 de noviembre y uno en Arauca el 13 de noviembre.
Además, dijo que en Arauca se rescató un adolescente con vida, pero murieron ocho personas, entre ellas un menor de 16 años confirmado por Medicina Legal y otro cuya edad aún está en análisis, que podría estar entre 15 y 25 años.
En otros trinos, Petro confirmó que los bombardeos no se suspenderían porque los “capos” aumentarían el reclutamiento y que “en adelante” todo se hará bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden. Toda acción que he ordenado y ordene hacia delante se supeditará al DIH. La acción militar no es lo mejor, pero si determinados grupos no quieren hacer la paz, actuaremos”, aseguró en su cuenta de X.
Todo ese mensaje condensó la encrucijada más compleja que ha enfrentado la paz total desde 2022.
El impacto en las elecciones
Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la reactivación de bombardeos desde 2024 ya anunciaba una ruptura en la doctrina oficial. “El presidente ese viraje ya lo dio, y para mí lo dio con el movimiento de Pedro Sánchez (ministro de Defensa). Ese es el momento donde él dice: vamos con el Ejército”, afirma. Y añade un componente electoral: “Este viraje hacia un Petro más militarista tiene un tinte electoral muy fuerte. Yo creo que estos mensajes de fuerza han sido recomendados como una manera de mostrarle a Estados Unidos que este país está combatiendo al narcotráfico”.
Para Bonilla, el bombardeo abre una grieta mayor. No solo por la magnitud de la tragedia, sino por la distancia entre el discurso de derechos humanos del Gobierno y lo ocurrido en el terreno. “Lo que pasó fue inaceptable”, asegura. “Había una gran mejoría en derechos humanos en la Fuerza Pública. Eso lo rompió totalmente este bombardeo, porque además hay muchísimas inconsistencias en las versiones”.
Las contradicciones que describe Bonilla coinciden con los relatos dispersos que circularon en las primeras horas: una hipótesis de urgencia táctica para evitar una emboscada, la necesidad de neutralizar el anillo de seguridad de Luis Felipe Ramírez, conocido como “Pescado”, y uno de los mandos de la disidencia de “Mordisco” en Arauca -donde también se llevaron a cabo bombardeos desde inicios de la semana- y, simultáneamente, afirmaciones de que el campamento había sido identificado meses antes. “Honestamente no creo que con tanta infiltración que se supone que tenían, ¿cómo se dice que no se sabía que había niños?”, asegura la investigadora.
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Las consecuencias ya se ven. La oposición radicó una moción de censura contra el ministro Sánchez, la Procuraduría anunció indagaciones y el lunes la justicia penal militar y policial anunció que su Fiscalía también abrió una indagación. Además, organizaciones humanitarias y sectores de izquierda le exigieron al presidente Petro claridad sobre los protocolos aplicados.
Así las cosas, el bombardeo en Guaviare no solo dejó al Gobierno atrapado entre dos lógicas difíciles de conciliar, como son responder a la presión territorial del EMC y de otros grupos armados, y sostener su narrativa de protección de la vida, sino que muestra que la acción también tiene tintes electorales.
“A Petro esto le va a restar votos, pero a estas alturas el presidente tiene muy poco aprecio por los votos del campo de la izquierda o de la defensa de los derechos humanos porque para él ese sector no pone votos. Él está mucho más interesado en las alianzas con otra clase de gente, mucho más regional, o con una política más tradicional, o incluso se ha dado cuenta de que hay más campo en las políticas más militaristas”, explica Bonilla.
Pero las repercusiones no necesariamente se concentran en Petro, sino en quienes han construido su capital alrededor de la defensa de los derechos humanos. Para Bonilla, episodios como este ponen en aprietos a figuras que se identifican con ese campo, porque se espera de ellas una respuesta más severa de la que finalmente emiten. El caso de Iván Cepeda, dice, ilustra esa tensión: la expectativa de un pronunciamiento contundente contrasta con una reacción moderada que lo deja “en un entuerto complejo”.
En el terreno armado, las repercusiones tampoco son homogéneas. Algunas facciones del EMC —en particular las alineadas con “Calarcá”— pueden incluso capitalizar este tipo de operaciones, reforzando su narrativa interna de resistencia. Y mientras la Fuerza Pública concentra esfuerzos en la persecución de “Mordisco, esa insistencia —dice Bonilla— contribuye a sobredimensionar su figura: “Lo inflan, lo hacen parecer más grande de lo que es”. Ese contraste es aún más notorio frente al Clan del Golfo. “Con el Clan del Golfo no les interesa, nunca les ha interesado golpearlo contundentemente”, explica.
Ya fueron identificadas las víctimas del bombardeo en Guaviare
Un informe fechado el pasado 13 de noviembre detalla la identificación parcial de las víctimas mortales del bombardeo en Guaviare, un departamento marcado por una prolongada disputa armada y en el que hace presencia tanto la disidencia de Calarcá Córdoba -en negociaciones con el Gobierno- como la de Iván Mordisco -hacia quien iba el ataque del Gobierno-.
De los 19 cuerpos, hasta ahora solo han sido plenamente identificados ocho hombres y seis mujeres. Cuatro hombres y una mujer permanecen sin identificación completa. Las víctimas tienen edades que oscilan entre los 13 y 32 años.
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Entre las víctimas plenamente identificadas mayores de 18 años se encuentran Exenover Barbosa Pescador, de 32 años, oriundo de Mapiripán, Meta; José Edilberto Pito Casso, de 31 años, de Silvia, Cauca y Yan Carlos Martínez Rivera, de 22 años, de Puerto Leguízamo, Putumayo.
También aparecen Elizabeth Cuéllar Rodríguez, de 20 años, de Armenia, Quindío; Harol Stiven Villamil Villarraga, de 20 años, de Bogotá; Edier Fabián Montaño Valencia, de 20 años, de Policarpa, Nariño; Jhon Fredy Acosta Morales, de 19 años, de El Retorno, Guaviare; Faber Illeras Gamboa, de 19 años, de El Charco, Nariño; y Francy Nonokudo Gómez, de 18 años, de Solano, Caquetá.
Por otra parte, entre las víctimas menores de edad están: un adolescente de 16 años de Miraflores, Guaviare; y una de 16 años, de Tibú, Norte de Santander. También hay una menor de 17 años, de Puerto Leguízamo, Putumayo; y otro más de 15 años, de Fortul, Arauca.
La más pequeña es una niña de 13 años, oriunda de Puerto Santander, Amazonas.
Los 13 bombardeos desde julio
La tendencia operacional respalda esa lectura. Aunque el Gobierno nunca anunció formalmente un cambio, la Fuerza Pública realizó al menos 13 bombardeos adicionales entre julio de 2024 y noviembre de 2025: 11 contra estructuras del EMC en Cauca, Nariño, Meta, Caquetá y Guaviare; dos contra el Clan del Golfo en Córdoba y Chocó, y uno contra mandos del ELN en Arauca.
Aunque la mayoría fueron presentados como acciones contra campamentos, laboratorios o anillos de seguridad, varios se ejecutaron en zonas donde comunidades o entidades advertían reclutamiento reciente.
Desde ese punto, la ofensiva aérea avanzó de forma sostenida. Después del ocurrido en julio de 2024 en Cauca, en agosto de ese año, un operativo en Toribío golpeó la estructura Dagoberto Ramos, y en septiembre, ataques en Leiva y Policarpa (Nariño) afectaron enclaves logísticos y campamentos del EMC. En octubre de 2024, el eje se desplazó a Caquetá con bombardeos en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, donde se destruyó un depósito de explosivos y buscaron neutralizar un mando medio. En noviembre, en La Macarena, Meta, la Fuerza Pública apuntó al frente Jorge Briceño, y en diciembre, en Vista Hermosa, se atacó una célula vinculada a “Calarcá Córdoba”.
La intensificación continuó en 2025. En febrero, en zonas rurales del Guaviare, un bombardeo se dirigió contra estructura de “Pescado”, y en marzo, otra operación fue ejecutada contra un campamento de instrucción del EMC. Simultáneamente, la ofensiva se extendió a otros grupos. En abril por primera vez ocurrió un bombardeo contra el Clan del Golfo en Tierralta, Córdoba; en mayo, otro en Riosucio, Chocó, y en junio, el primer ataque aéreo de la era Petro contra el ELN, en Arauquita, Arauca.
El bombardeo en Guaviare sintetiza las tensiones acumuladas entre la política de paz, las demandas operativas de la Fuerza Pública y los límites del Estado en territorios donde los grupos armados ampliaron su presencia.
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