Aracataca se ha convertido en epicentro de la guerra que libran dos grupos herederos del paramilitarismo: el Clan del Golfo –autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)– y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En medio de esa confrontación ha quedado la población civil, especialmente la comunidad de Serankwa, del pueblo indígena arhuaco, en el área rural de ese municipio del Magdalena.
Las cifras recientes de la violencia dan cuenta de la profundización del conflicto en la Sierra Nevada. Según fuentes del Ejército, tres integrantes de la comunidad indígena fueron asesinados en medio de los enfrentamientos y al menos nueve personas resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad. Con este hecho ya serían 26 las masacres registradas en lo que va de 2026, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Para el investigador Lerber Dimas Vásquez, lo ocurrido en esa zona de la Sierra Nevada evidencia una violación al Derecho Internacional Humanitario. Se trata de “la degradación de un conflicto que no respeta las reglas mínimas. Serankwa (padre de todo) es el sector indígena arhuaco de la cuenca del río Aracataca que está siendo arrasado con armas no convencionales”, escribió en su cuenta de X.
Frente a esta situación, organizaciones sociales, la diócesis de Santa Marta y defensores de Derechos Humanos enviaron una carta urgente este 10 de marzo a los grupos armados –ambos en una mesa de negociación con el Gobierno Petro– en la que piden detener los enfrentamientos y adoptar medidas humanitarias para proteger a la población civil.
En la misiva, las organizaciones advierten que varias comunidades rurales del municipio atraviesan una situación crítica. “Comunidades como Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku enfrentan hoy una situación crítica caracterizada por personas heridas, confinamientos, desplazamiento forzado, desapariciones y destrucción de viviendas y bienes de subsistencia, afectando gravemente la vida comunitaria y el ejercicio de sus derechos fundamentales”, señala el comunicado firmado por las organizaciones Vivamos Humanos, Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, Coordinadora Humanitaria, Asafronelman y Afroresilientes.
Las organizaciones también recordaron que las partes en conflicto tienen obligaciones frente a la población civil. “De conformidad con el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional II relativo a los conflictos armados no internacionales, todas las partes en un conflicto armado tienen la obligación de: Respetar y proteger a la población civil que no participa directamente en las hostilidades”, agrega el documento.
En ese contexto, piden que se permita el ingreso de misiones humanitarias y adoptar medidas urgentes para aliviar la situación de las comunidades. En particular, solicitan declarar un cese al fuego en las zonas afectadas del municipio y habilitar un corredor que permita evacuar a los heridos y llevar ayuda a las poblaciones confinadas.
“Permitir y facilitar el establecimiento de un corredor humanitario temporal que permita la evacuación de personas heridas, el desconfinamiento de comunidades y el ingreso de ayuda humanitaria”, piden las organizaciones en el documento.
También recuerdan que los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de la Sierra Nevada son sujetos de especial protección constitucional. “Su protección es un deber ético, jurídico y humanitario que interpela a todos los actores”, se lee al final de la carta.
La apertura del corredor humanitario y los llamados de la Defensoría
Este 8 de marzo, durante la jornada de elecciones legislativas, los enfrentamientos en zona rural de Aracataca se recrudecieron.
Ante la situación humanitaria, la Defensoría del Pueblo pidió la apertura de un corredor humanitario para atender a las personas heridas y permitir el ingreso de ayuda a las comunidades afectadas. La respuesta llegó dos días después. El 10 de marzo, la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional realizó una operación aérea de apoyo humanitario para evacuar a personas de la comunidad de Serankwa, del pueblo indígena arhuaco, en el área rural de Aracataca.
Entre las personas trasladadas hay niños, mujeres y varios heridos, quienes, según indicó la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, serán atendidos en Santa Marta. Allí, las autoridades dispusieron atención médica en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche.
Este 11 de marzo, la Defensoría emitió un nuevo comunicado en el que informó que acompañó a las autoridades tradicionales arhuacas en la misión humanitaria en la zona.
La entidad también señaló que informó al Ministerio del Interior sobre la materialización de los riesgos advertidos en las Alertas Tempranas 020 y 013 de 2025 y pidió convocar de manera urgente a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) para coordinar acciones de protección y atención humanitaria en la zona.
“Reafirmamos nuestro enérgico llamado al denominado Clan del Golfo y a los autodenominados Conquistadores de la Sierra Nevada a dar cumplimiento a las normas del derecho internacional humanitario, absteniéndose de dirigir ataques contra la población civil”, se lee en el comunicado.
Los acuerdos que han firmado el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra
El episodio de violencia en la Sierra Nevada pone en jaque los acercamientos del Gobierno con estos grupos en el marco de la política de paz total.
Tanto el Clan del Golfo como las ACSN participan en espacios socio-jurídicos de conversación con el Ejecutivo y, según recordó la Defensoría, en febrero habían asumido compromisos para respetar el derecho internacional humanitario y proteger a la población civil.
El pacto más reciente fue el de las Autodefensas de la Sierra que el pasado 18 de febrero, tras una reunión en Bogotá, hicieron énfasis en el respeto de los derechos de la población civil, especialmente de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, siguiendo el Derecho Internacional Humanitario.
Por su parte, el Clan del Golfo firmó un pacto de respeto a los comicios, que quedó consignado en el acuerdo del pasado 5 de diciembre, al cierre del segundo ciclo de conversaciones en Catar.
“La paz electoral va más allá del día de la votación. Implica el respeto a la participación política, a la libre expresión de los ciudadanos y al desarrollo normal de la dinámica electoral en los municipios”, afirmó el pasado enero Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con esa estructura, en entrevista con Colombia+20.
Pese a esos compromisos, los recientes combates en Aracataca muestran que la confrontación entre ambos grupos sigue afectando directamente a la población civil de la Sierra Nevada, que hoy enfrenta confinamientos, desplazamientos y una crisis humanitaria que amenaza con recrudecerse.
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