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Este jueves se conoció el informe mundial de derechos humanos de la oenegé internacional Human Rights Watch (HRW) que en su capítulo sobre Colombia afirma que siguen siendo graves los problemas de derechos humanos en Colombia y que los grupos armados “siguen cometiendo graves abusos contra la población civil” y “expandiendo su presencia” en todo el país.
Así mismo, indica que ni la Fuerza Pública ni las autoridades judiciales han protegido de forma efectiva a la población, tampoco han garantizado un acceso suficiente a la justicia ni han logrado avances significativos en el desmantelamiento de los grupos armados.
“Para junio, el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios; el ELN, en 232; y los grupos “disidentes” de las FARC, en 299. Estas cifras representan un aumento de aproximadamente el 55 %, el 23 % y el 30 %, respectivamente, en comparación con 2022”, detalla el informe.
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En el documento muestra las cifras de la Defensoría del Pueblo sobre los 159 casos de reclutamiento de menores en el primer semestre de 2024 y de las 71.000 personas que resultaron confinadas entre enero y julio en el país. “El confinamiento se debe a temores, a la presencia de minas antipersona, amenazas de grupos armados y la posibilidad de ser alcanzados por el fuego cruzado”, dice HRW.
Sobre la violencia contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo, la oenegé destaca que aunque el derecho colombiano “incluye un amplio conjunto de políticas, mecanismos y leyes orientados a prevenir abusos” contra defensores de derechos humanos y a proteger a excombatientes de las FARC, su implementación “ha sido deficiente”.
HRW muestra las cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que recibió 138 alegaciones de homicidios de líderes sociales, un promedio de tres asesinatos por semana, entre enero y agosto de 2024. En diciembre de 2023, la Corte Constitucional ordenó medidas robustas para proteger a los defensores de derechos humanos y garantizar justicia, describiendo la situación como un “estado de cosas inconstitucional”.
Sobre los abusos cometidos por miembros de la fuerza pública, la oenegé dice que, aunque las denuncias de violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad han disminuido desde que el presidente Gustavo Petro asumió el cargo en agosto de 2022, la rendición de cuentas por abusos pasados sigue siendo limitada.
Además, se hace eco del caso sobre la masacre cometida por militares en Alto Remanso, Putumayo, y que fue documentada por este diario.
En el informe se indica que el año pasado y tras dos años de investigaciones, la Fiscalía General imputó a 24 militares por el asesinato de 11 personas durante un operativo. “La Corte Constitucional rechazó un intento de trasladar el caso a la justicia penal militar, una jurisdicción que históricamente ha obstaculizado el acceso a la justicia”, dice el documento y agrega que el Ministerio de Defensa ha implementado reformas parciales, como la suspensión de policías responsables de abusos y la modificación de protocolos sobre el uso de la fuerza.
“Sin embargo, no se han llevado a cabo cambios estructurales significativos, como trasladar la policía fuera del Ministerio de Defensa o limitar la jurisdicción de la justicia militar en casos de derechos humanos”, se indica.
Alertas sobre mujeres, población LGBTI y pobreza
El informe también señala que en Colombia muchas mujeres y niñas han sido víctimas de trata, especialmente la población migrante de Venezuela. Las mujeres de comunidades afro en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca y Bogotá se han visto afectadas por este flagelo.
“Muchas mujeres y niñas también sufren explotación sexual, incluso en las llamadas “casas webcam”, donde se enfrentan a condiciones de trabajo abusivas y antihigiénicas”, relata el informe sobre esta nueva práctica.
Human Rights Watch también alerta en su informe sobre los altos niveles de violencia y discriminación contra miembros de la comunidad LGBTI. “Según cifras de la ONG Colombia Diversa publicadas en julio, 159 personas LGBT fueron asesinadas en 2023, 32 de ellas posiblemente debido a prejuicios anti-LGBT”, dice el documento.
Los altos niveles de pobreza en Colombia también siguen siendo una preocupación para la oenegé, pues hay muchas comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes que siguen siendo víctimas en temas de derechos humanos.
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El documento también tiene un apartado sobre refugiados y migrantes, el cual señala que a corte de septiembre, más de 2.9 millones de ciudadanos venezolanos vivían en Colombia.
“En 2024, cientos de miles de migrantes cruzaron el Tapón del Darién desde Colombia hacia Panamá, en la mayoría de los casos con la intención de llegar a Estados Unidos. Durante su travesía de varios días a través de la selva, migrantes y solicitantes de asilo de diversas nacionalidades son con frecuencia víctimas de robos y graves abusos, incluyendo violación sexual. El gobierno carece de una estrategia clara para salvaguardar sus derechos, lo cual deja a los migrantes sin seguridad, asistencia o acceso a la justicia.”, agrega el informe sobre este punto.
Respecto a la libertad de expresión, HRW dice que “Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas", pues al menos cinco reporteros fueron asesinados entre enero y julio.
“El presidente continuó utilizando las redes sociales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos del gobierno. En septiembre, emitió una directiva presidencial dirigida a todos los funcionarios del poder ejecutivo para que garantizaran un entorno seguro para la libertad de expresión y los periodistas, evitando, entre otras, declaraciones estigmatizantes. Sin embargo, el presidente no cumplió con estas directrices durante el propio acto de presentación de la directiva presidencial”, dice el informe.
La oenegé advierte sobre un problema de cambio climático y medio ambiente, asegurando que la deforestación aumentó un 40% durante el primer trimestre del 2024, comparado con el mismo periodo en 2023. Además, dice que los productores de ganado y los grupos disidentes de las FARC son los principales impulsores de este tipo de violencia contra el medio ambiente.
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El informe anual de HRW también dedica un apartado a las reparaciones a víctimas y al desplazamiento interno, del que dice que “sigue siendo una crisis en Colombia”.
Según los datos de OCHA que publica el informe, entre enero y julio de 2024, más de 121.000 personas fueron desplazadas, y los gobiernos locales carecen de los recursos necesarios para asistirlas. Solo el 16 % de los 9,7 millones de víctimas registradas del conflicto han recibido reparaciones.
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