La “jugada” del Gobierno Duque para retomar las aspersiones aéreas con glifosato

El nuevo PMA pretende revivir las aspersiones en Cúcuta, Sardinata y El Zulia (Norte de Santander). / AP

Foto: ASSOCIATED PRESS - SCOTT DALTON

A menos de dos meses del final de su mandato, el Gobierno de Iván Duque está adelantando un nuevo proceso para retomar las aspersiones aéreas con glifosato para erradicar los cultivos de uso ilícito. Esta vez, solo en tres municipios de Norte de Santander: Cúcuta, Sardinata y El Zulia.

Este nuevo intento se da luego de que en enero pasado se conoció que la Corte Constitucional tumbó en la sentencia T-413 dos documentos fundamentales para que se pudiera realizar la aspersión en 104 municipios de seis regiones país: la resolución 001 del Ministerio del Interior, que decía que no era necesaria la consulta previa, y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Con esto, la Corte le dio la razón a 93 organizaciones campesinas, étnicas y de abogados que argumentaban que se estaban vulnerando los derechos de las comunidades al debido proceso, la participación, la consulta previa y el acceso a la información, entre otras razones, porque las audiencias públicas de socialización del PMA se habían realizado de manera virtual y la mayoría de campesinos implicados no tenía acceso a internet.

Luego de esa decisión, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, entidad encargada de solicitar la aprobación del PMA a la Anla, solicitó el desistimiento de ese plan tumbado por la Corte y ese proceso se dio por terminado en lo que parecía el fracaso de la mayor bandera de campaña en temas de drogas de Duque.

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Pero en marzo pasado resurgió el proceso cuando la Policía solicitó modificar el PMA solo para la región de Norte de Santander: inicialmente para seis municipios y luego para Cúcuta, Sardinata y El Zulia. Tras esta petición inició lo que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) ha denominado un trámite exprés. De acuerdo con Cajar, en apenas 13 días -entre el 15 y el 28 de marzo- se radicó la solicitud, la Anla inició el trámite e hizo una reunión en Cúcuta con autoridades locales, la Procuraduría pidió una audiencia pública ambiental y la Anla la ordenó. “Hicieron en unos días lo que normalmente hacían en cuatro o seis meses. Más que un trámite parece que querían aprobar automáticamente el permiso”, señala uno de los abogados de ese colectivo.

Audiencia sin participación efectiva

Más que el trámite exprés lo que denuncian el Cajar, la organización de litigio estratégico Dejusticia, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y otras organizaciones es que con el nuevo trámite, el Gobierno de Duque se está saltando la decisión de la Corte Constitucional porque continúa sin cumplir los requisitos que esta estableció en la T-413 y en sentencias anteriores. Aunque la audiencia pública se llevó a cabo el pasado 31 de mayo, aseguran que esta no contó con medidas de participación efectiva.

Luis Felipe Cruz, investigador del área de Política de Drogas de Dejusticia, enumera las razones: “La audiencia fue ilegítima porque la Anla no cumplió con uno de los requisitos establecidos por la T413, que decía que la entidad debía ser proactiva al buscar la participación de las comunidades potencialmente afectada. El edicto que mencionaba fecha y lugar de la audiencia salió el 3 de mayo aunque esta fue aprobada en marzo y anunciaba que había sido fijada para el 31 de mayo. Además, solo fue publicado en la página de la Anla, ni siquiera en sus redes sociales”, denuncia.

Juan Carlos Quintero, vocero de Ascamcat asegura que ni ellos, que son una organización reconocida a nivel departamental, se enteraron de la audiencia. “Ni siquiera nosotros, que fuimos una de las 93 organizaciones demandantes por las que se dio la T-413 y que tenemos base social en los municipios, fuimos convocados. Una evidencia clara es que a la audiencia de Sardinata solo llegaron ocho personas y estamos hablando del tercer municipio cultivador de hoja de coca en Colombia”, dice Quintero. Según un censo realizado entre el Gobierno Nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Catatumbo tenía en 2020 un total de 40.116 hectáreas sembradas.

Paulo Pérez, subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana de la Anla, contradice a las organizaciones y señala que esa entidad envió comunicados físicos y digitales a las Juntas de Acción Comunal de los municipios, a las Alcaldías y compartieron la información a través de redes sociales, cuñas en la emisora de la Policía, difusión por WhatsApp, videos cortos. “Incluso llamamos a las personas que se habían inscrito en este proceso de discusión que lleva ya dos años”, aseguró.

Para Luis Felipe Cruz el desarrollo de la audiencia, además, no cumplió con los estándares de la Corte porque no permitía a la comunidad interpelar a la autoridad. La audiencia se hizo en tres espacios presenciales conectados a través videollamadas: el auditorio del Concejo de l Zulia, una institución educativa en Sardinata y el auditorio de la Policía en Cúcuta . “Pero esa modalidad mixta dificulta una comunicación en doble vía, lo que se suma a que las personas no tenían posibilidad de incidir en la decisión porque la información entregada se dio en un lenguaje demasiado técnico”, añade Cruz.

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Pérez, quien estuvo presencialmente en El Zulia, asegura que no se trata de una modalidad mixta porque aunque la conexión entre las tres sedes era virtual, hubo representantes de la Anla en los tres lugares. “El fin de esto era que la persona que hablara en alguno de los tres se escuchara en los tres auditorios, pero no se puede hablar de una modalidad virtual en ninguno de los casos. Otra cosa es que adicionamos herramientas de difusión como la transmisión web y en la radio de la Policía para que llegara a más personas”, explica. El subdirector añadió que más de 17 personas, entre autoridades, entes de control, personerías, organizaciones, concejales, intervinieron durante la audiencia.

De hecho, aseguran que el Plan de Manejo Ambiental no es claro, por ejemplo, sobre las zonas que serán excluidas en la aspersión en términos de protección ambiental, otra de las preocupaciones manifestadas por las organizaciones durante la audiencia. “En el plan anterior hablaba de que no se iba a hacer en Parques Nacionales, pero ¿dónde quedan las zonas de amortiguación?, ¿dónde quedan las Zonas de Reserva Forestal?,¿dónde quedan las Zonas de Reserva Campesina? La Policía no ha sido clara al respecto e incluso llegó a afirmar que la aspersión era beneficiosa para la fauna y la capa vegetal”, cuestiona el investigador. Al respecto, la Anla no entregó mayor información argumentando que se encuentran en el proceso de evaluación que será publicado próximamente.

El Cajar agrega que el proceso tampoco cumple con los requisitos de participación de la sentencia T-236, que en 2017 limitó las aspersiones con glifosato en áreas rurales en las que viven comunidades indígenas y campesinas. “La Corte insistió en la T-413 en que la T236 exigía espacios adicionales a la audiencia pública en la que se haga una revisión con la comunidad en materia de los riesgo de salud y esa evaluación debe incluirla la Anla en la decisión que tome, pero eso tampoco se ha hecho”, dice el abogado.

Para ese colectivo, además, la selección de los municipios donde se planea desarrollar la aspersión fue oportunista. “En una jugada eligieron tres municipios cuidadosamente para no tener que hacer consulta previa. Eran cinco pero sacaron Hacarí y San Calixto por la presencia del pueblo Barí, con quienes sí debían hacer consulta previa”, señala.

Resultados por encima de la paz

Según las organizaciones, todo esto demuestra que este nuevo trámite responde a un afán del Gobierno Duque por mostrar resultados en lo que fue su bandera de campaña en tema de drogas y que ha sido obstaculizada por al menos cuatro tutelas, las opiniones de expertos que llegaron hasta Joe Biden e incluso las recomendaciones de siete relatores especiales de la ONU que le advirtieron que este mecanismo iba en contra de los derechos humanos y el cuidado medio ambiente. Para ello, dice el abogado del Cajar, “se están aprovechando de los largos procesos jurídicos, porque ellos pueden seguir con el trámite hasta que no haya una orden judicial que suspenda el proceso por incumplir los requerimientos”.

Para Juan Carlos Quintero, no es gratuito que esto se dé en medio de un contexto electoral. “A Duque le quedan menos de 60 días para irse del Gobierno y en esos menos de 60 días pretende impulsar la aspersión con glifosato, que además está enmarcada en una política contra las drogas que ya fracasó”, añade Juan Carlos Quintero. Pese a que, según la Agencia de Defensa del Estado, las aspersiones con glifosato permitieron pasar de 180.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito en el año 2000, a cerca de 50.000 en 2014, no son pocos quienes han cuestionado que la medida no es efectiva en tiempo, pues rápidamente la cifra aumentó hasta que en 2017 alcanzó su mayor pico con 171 mil hectáreas. Según las cifras más recientes del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), al finalizar 2020, Colombia tenía 142.783 hectáreas.

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Francisco*, un campesino de la vereda El Cairo, corregimiento Las Mercedes de Sardinata, fue una de las cuatro personas que se quedó en su tierra durante las aspersiones aéreas del 2001. Eran casi 50 habitantes, pero todos los demás decidieron desplazarse porque “ese veneno” acababa también con los cultivos de pancoger y “dañaba la salud de las personas”. “En cambio eso a la coca no le hace nada. Antes uno soquea (corta la mata pequeña) y se ponen más buenas. Ellos mismos dijeron que con el veneno no hubo ninguna solución, ahora pueden ver que los cultivos aumentaron mucho más”, dice el campesino, quien asegura que la fumigación no es solución ni para ellos ni para el gobierno.

Francisco y Ascamcat coinciden en que lo que sí era una solución era el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS), creado por el Acuerdo de paz, que además establecía la aspersión como la última opción luego de haber intentado la sustitución y la erradicación terrestre con previo acuerdo con las comunidades. Por eso aseguran que este nuevo intento es otra vulneración al Acuerdo. “El gobierno no le cumplió las promesas del PNIS a las familias de Sardinata y cerró las puertas para que las de El Zulia y Cúcuta pudieran ingresar, pese a que hemos hecho solicitudes desde 2017″, denuncia Quintero. Para él, esto no tiene sentido porque “los campesinos de El Zulia y Cúcuta siembran coca por las mismas causas que siembran los campesinos de los municipios priorizados”.

¿Qué viene ahora?

La preocupación de las organizaciones de que retornen las aspersiones antes de finalizar el gobierno Duque no es descabellada. La Anla tiene 30 días desde la realización de la audiencia pública tres. De ser aprobado, el Consejo Nacional de Estupefacientes debe reunirse, tomar el concepto de la Anla y el de el Ministerio de Salud y decidir si aprobar o no las aspersiones. “Para ello no hay tiempos establecidos por la ley, pero creemos que es previsible la decisión”, señala el abogado del Cajar.

El último concepto emitido por el Instituto Nacional de Salud (INS) basado en un estudio de la Universidad de Córdoba generó polémica al declarar que el riesgo del glifosato para la salud era bajo. Sin embargo, aún no es claro si este mismo concepto será utilizado en este nuevo proceso. Colombia+20 consultó al INS y este respondió que no ha recibido solicitudes por parte del Ministerio de Salud de estudio de evaluación del riesgo sobre los tres municipios. También consultó al Ministerio de Salud, pero hasta la publicación no había recibido respuesta.

Mientras la decisión se toma, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó un trámite de cumplimiento y/o desacato en el que le pide a la justicia que exija a las entidades cumplir la sentencia de la Corte Constitucional.