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Violencia obstétrica, el horror no contado de los paramilitares en Santander

Hombres del Bloque Central Bolívar, que se tomaron el centro de salud del corregimiento de Cincelada, “jugaron” a ser médicos y torturaron a una mujer durante su parto. 17 años después aún sufre las consecuencias físicas y emocionales. Su testimonio podría entrar al macrocaso 08 que abrió la JEP.

Cindy A. Morales Castillo
12 de septiembre de 2022 - 03:00 a. m.
Durante cuatro años Cristina tuvo su útero descolgado como consecuencia de la tortura que recibió durante el parto. / Gustavo Torrijos
Durante cuatro años Cristina tuvo su útero descolgado como consecuencia de la tortura que recibió durante el parto. / Gustavo Torrijos
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Cristina* confunde en su memoria los dolores del parto y los de la tortura. A la dolencia de parir se le sumó para siempre el padecimiento que le hicieron sufrir paramilitares un martes de abril de 2005 y que se tradujo, entre muchas otras cosas, en un dolor físico que hace 17 años no cesa.

Volver a ese momento le disgusta, en parte por la impunidad con la que ha pasado su caso por todas las justicias a las que se lo ha contado, pero también por vergüenza. Se pregunta cómo fue posible que cinco paramilitares hubieran “jugado” a ser médicos mientras ella intentaba dar a luz, se retorcía y su cuerpo se desangraba y se desgarraba.

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Ese martes bajó desde su vereda hasta Cincelada, un corregimiento del sur de Santander famoso por ser el lugar de nacimiento de la heroína de la independencia Antonia Santos y cuyo nombre, en lengua de los guanes, significa sin miedo, un contrasentido a lo que vivieron sus pobladores.

Para entonces, según las cuentas de Cristina, aún faltaban al menos 20 días para cumplir las 39 semanas del embarazo. Sin embargo, fue al centro de salud por recomendación del médico, que en el último control le había dicho que debía hacerle una autorización para que fuera trasladada al hospital de Charalá. “Como habían pasado 10 años de mi último embarazo, el doctor me dijo que debían hacerme cesárea y que en Cincelada no me podían atender porque no tenían los implementos, entonces que mejor con tiempo pasara por la autorización”, dice Cristina, quien entonces tenía 34 años.

Para llegar a Cincelada desde su casa debe caminar al menos dos horas y media o esperar que ese día haya un transporte que la lleve por la trocha que hace de camino. De ahí a Charalá hay apenas 12 kilómetros, pero al menos cuatro son una senda angosta y filuda de pura piedra y arena, donde los kilómetros no se registran en grandes postes, sino que están inscritos literalmente en cualquier roca del camino.

Además, dice Cristina, debía dejarle todo listo a los hombres que trabajan en su “ranchito”, donde siembra yuca, plátano y maíz. “Tocaba preparar a la que iba a hacer lo del día porque eso toca dejarles cocinado todo”, explica.

“Lo que hubo aquí no solo fue una toma, sino un control absoluto y territorial. No más piense que el palacio municipal -que ahora es la subestación de Policía- era la trinchera de la señora Luz Marina Eslava, que actuaba como inspectora de Policía y al mismo tiempo era paramilitar”.

Rodolfo Maya, presidente de la Asociación de Víctimas de Coromoro

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Ya avisados, tanto ella como su esposo, de que el embarazo tenía algún riesgo, era mejor ir con tiempo al hospital, y así ese martes fatídico llegaron al centro de salud. “Yo sí creo que hubo algo de mala suerte porque cuando yo llegué había otra mujer embarazada y allá dijeron ‘a las dos las vamos a echar en la ambulancia para bajarlas a Charalá, pero fue a ella a la que mandaron y a mí me dejaron ahí en el hospital”, relata Cristina.

La enfermera que la había atendido durante los pocos controles prenatales que tuvo no estaba y nadie le daba razón de si la iban a trasladar al otro pueblo. La única orden era que ni ella ni su esposo podían salir del centro de salud.

Las vejaciones de los “paras”

Desde 1999, paramilitares del Frente Comunero Cacique Guanentá (FCCG), del Bloque Central Bolívar, tenían asediado al Magdalena Medio. Varias sentencias han probado que, con la complicidad y omisión de las autoridades, esos grupos de autodefensa reclutaron a menores de edad y asediaron a la población.

El caso más conocido de estos abusos, y que escandalizó al país, se dio en Riachuelo, otro corregimiento de Charalá, donde el Frente Comunero Cacique Guanentá tenía su base militar y que está apenas a 47 minutos de Cincelada. Allí Lucila Inés Gutiérrez, rectora del colegio de Riachuelo, y su esposo el exconcejal de Charalá Luis Moreno Ocampo, apoyaron a los paramilitares para secuestrar, torturar y abusar sexualmente de los niños que estudiaban en el colegio.

“La pareja, además de organizar bazares y reinados desde 2001, prestó su casa para retener a los secuestrados y torturarlos, y abrieron las puertas del colegio para que los jefes paramilitares eligieran a las niñas y jóvenes que violaron y esclavizaron sexualmente”, dice el volumen territorial del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV), que cita la sentencia de Justicia y Paz del 11 de agosto de 2017.

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En 2002, según Justicia y Paz, ese grupo paramilitar instauró también una escuela de entrenamiento que duró poco tiempo y tuvo al menos 70 miembros, ubicada entre la vereda La Mina, corregimiento de Pueblo Viejo, del municipio de Coromoro, cuyo alcalde era Rubén Darío Martínez Cáceres.

El Registro Único de Víctimas afirma que al menos 32.446 personas sufrieron violencia sexual durante el conflicto armado. Las mujeres y niñas representan el 92,5 %, lo que evidencia la forma en que sus cuerpos se usaron como un arma más en el conflicto. El informe de género de la CEV escuchó los testimonios de 10.864 mujeres, cuyos victimarios fueron las guerrillas, los paramilitares y la Fuerza Pública. El documento da cuenta de violencias de todo tipo: sexuales y reproductivas.

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“Fue como si me arrancaran las entrañas”

Cristina, como los casi 5.500 habitantes del corregimiento si suman las veredas y la cabecera municipal, sabían del poderío paramilitar y, más que eso, se habían acostumbrado a él. Rodolfo Maya, presidente de la Asociación de Víctimas de Coromoro y parte de la Mesa de Víctimas de ese municipio, lo explica así: “Lo que hubo aquí no solo fue una toma, sino un control absoluto y territorial. No más piense que el palacio municipal -que ahora es la subestación de Policía- era la trinchera de la señora Luz Marina Eslava, que actuaba como inspectora de Policía y al mismo tiempo era paramilitar”, afirma Maya.

Según una sentencia de Justicia y Paz de 2017, Eslava era parte de la estructura paramilitar donde era conocida como Yoli. Dentro de la inspección de Policía secuestraba y torturaba a campesinos y pobladores a quienes señalaban de colaboradores de las guerrillas. Lo hacía dentro de una de las celdas que hay en la estación y cuyo nombre, en una paradoja propia de la historia de este país errático, es: Calabozo Antonia Santos.

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A eso se sumaron casos como el de Javier Rincón, un joven de 15 años que resultó reclutado con la falsa promesa de que lo iban a contratar para manejar vehículos. Su madre logró sacarlo del grupo armado y enviarlo fuera del territorio, pero un día antes de su regreso fue asesinado, según documenta la sentencia.Tal como se habían tomado la inspección lo hicieron con el centro de salud, por ese entonces una edificación de apenas un solo piso con cuatro consultorios y una improvisada sala de espera con dos filas de cinco sillas. La orden de no dejar ir a Cristina venía de cinco paramilitares que por diversión o simplemente por la sed de poder suplantaron las funciones de los médicos.

“Como no tenía dolores porque no era el tiempo, entonces ellos dijeron que me indujeran el parto”.

Sin la enfermera que había estado en los controles, Cristina quedó a merced de una doctora de la que no se acuerda el nombre y de la auxiliar, que siguieron una a una las absurdas órdenes de los hombres”. “Como no tenía dolores porque no era el tiempo, entonces ellos dijeron que me indujeran el parto. De eso me acuerdo perfectamente, porque mandaron a ponerme una inyección pitocín (medicamento para iniciar o hacer más fuertes las contracciones), no le deseo ese dolor a nadie. Y ahí me decían que hiciera fuerza, pero nada, mi bebé no salía. Entonces decidieron que me dieran otra emisión, eso pasó en menos de dos horas. Todo esto lo hacía la doctora, pero ellos eran los que decían”, detalla la mujer.

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Afuera su esposo se impacientaba y les dijo a los señores que no entendía qué estaba pasando porque solo escuchaba los gritos de Cristina. Pidió -o más bien con la fuerza de un padre protector- les exigió que le dejaran sacar a su esposa y que él la llevaba al otro hospital. “Él estaba bien envalentonado de escuchar esa tortura, pero le dijeron que yo no me podía ir y que mejor se quedara calladito porque si seguía molestando, lo iban a amarrar y pues qué hizo, callarse y esperar el golpe a ver qué pasaba (…) Yo creo que ellos tenían miedo de que nosotros fuéramos a contar que ellos tenían tomado el hospital”, asegura Cristina.

Antes de este hijo, esta campesina ya había tenido otros tres partos, dos de ellos con partera y uno más en el hospital de Charalá. “Mis otros partos fueron normales, así sin drogas ni nada. Partos naturales y normales. Yo por eso digo que este fue muy traumático”, afirma.

Los paramilitares le dieron la orden a la doctora de sacar como fuera al bebé del vientre.

No es para menos. Las inyecciones hacían su efecto y las contracciones eran cada vez más fuertes, como no las había sentido en ninguno de sus anteriores partos. Pero el suplicio no acababa ahí, los paramilitares le dieron la orden a la doctora de sacar como fuera al bebé del vientre. “Me metía las dos manos a tirarme el bebé, y usted no se imagina el dolor. Es como si le quitaran a uno las entrañas. Y encima me dice: ‘Puje, puje, es que tiene que botar el niño’, pero era imposible. Entonces me echaron a la camilla y como empecé a sangrar me empezaron a echar agua, pero no a limpiar, me tiraban baldados de agua fría y ahí sentí que el mundo me daba vueltas y lo último que vi fue que me aplicaban otra inyección para reanimarme”, detalla Cristina.

“Menos mal que mi esposo me lleva 20 años, y como ya tiene sus años ya no es tan activo, porque si no seguro que me hubiera dejado. Eso habría dicho que yo tengo otro o que ya no lo quiero, y la verdad es que yo no tenía ganas de nada de nada”

Víctimas de violencia obstétrica por parte de paramilitares

Cuando los hombres vieron que la situación estaba fuera de control, mandaron a llamar a la ambulancia y la mujer dice que escuchó que decían que era probable que murieran los dos (ella y el bebé). “Yo siento que ahí mi Dios me iluminó y pensé aquí hay una de dos: o me muero o me voy corriendo. Entonces me boté de la camilla, me resbalé y apenas pude dar tres pasos cuando el niño cayó al suelo. En esas llegó la doctora y eso me pegó una vaciada. Alzaron al niño y le mandaron más agua a él. Eso fue una tortura muy terrible”, cuenta Cristina. Hace una pausa como para perderse en sus recuerdos o quizá para no dejarlos escapar de sus manos recias donde se asoma la tierra que ha labrado. Apenas se puede escuchar la atrocidad de lo que está contando y muy pasito dice que no entiende por qué le tocó a ella.

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“He tenido 17 años de dolores”

El bebé nació, y hoy es un joven sano, pero la tragedia personal de Cristina no cesó. Los dolores de los días posteriores eran casi tan intensos como los del parto. “Era como una tortura que no terminaba. Tenía intensos dolores vaginales, botaba materia y yo era cada vez más enferma. Me tocó entonces volver al puesto de salud, pero lo hice porque ya había vuelto la enfermera”, dice.

Apenas la vio, dice Cristina, la enfermera quedó en shock: “ella no dejaba de preguntarme una y otra vez qué era lo que me habían hecho y me decía: ‘si yo hubiera estado aquí no hubiera dejado hacer eso’”, afirma. El diagnóstico de la enfermera no fue nada alentador, el útero de Cristina quedó colgando, como le confirmó un médico tras cuatro años de padecer dolores agudos. “El doctor me vio y me dijo que la cirugía era para ya, pero imagínese todo el tiempo en que tuve ese sufrimiento. Los exámenes duraron como un mes y ahí me metieron a la operación, y se dieron cuenta de que mi matriz estaba 12 centímetros desgarrada”, cuenta Cristina.

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Durante ese tiempo, detalla, estuvo planificando con inyecciones, no tenía período menstrual y estaba constantemente infectada. Ni qué decir de los malestares que tiene en la cintura y en la vejiga que le han causado incontinencia. “A mí me da pena decir esto, pero a veces sí tenía coágulos de sangre, pero con un olor muy desagradable. Por eso les tocó operarme, porque eso ya iba para cáncer”, afirma.

Su vida sexual también se vio afectada. “Fue totalmente destruida porque a mí siempre me dolía algo”, dice. En su siguiente respuesta también se ve el machismo al que estamos expuestas las mujeres. “Menos mal que mi esposo me lleva 20 años, y como ya tiene sus años ya no es tan activo, porque si no seguro que me hubiera dejado. Eso habría dicho que yo tengo otro o que ya no lo quiero, y la verdad es que yo no tenía ganas de nada de nada”, afirma.

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Los Convenios de Ginebra indican que las mujeres en estado de embarazo son sujetos de protección y respeto particular en el conflicto armado, un hecho que reafirma la convención de Belem do Pará, en el que específicamente se afirma que la violencia física, sexual y psicológica contra la mujer también puede darse en establecimientos de salud. En Colombia, la Ley 1257 de 2008, que entre otras cosas regula el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, y la ley de ética médica conmina al personal de salud a actuar de oficio en este tipo de casos y reportarlos a las autoridades judiciales. En el caso de Cristina, nadie lo hizo.

Otras mujeres de la zona en varios testimonios a este diario afirman que ni ellas ni otras se atrevieron a hacerse controles prenatales o a visitar el centro de salud durante el tiempo en que los paramilitares tuvieron el control de este.

La habitación del terror donde parió Cristina todavía existe en el centro de salud, que ahora ya tiene dos pisos. El día de esta entrevista ella aprovechó que bajaba al pueblo para pedir una cita médica, una más de las tantas que ha tenido por las secuelas físicas que le dejó ese hecho violento, a ver si “le dan con el chiste”. Allí nos indicó cuál era el consultorio. La luz de hospital no llega hasta el lugar, que está ubicado al fondo de la edificación. Dentro hay una camilla ginecológica y sobre ella una media sábana blanca y una máquina que parecía un ultrasonido. Es una habitación sin ventanas donde se concentra un olor particular. “Ahí hay una energía, ¿no le parece?”, pregunta la mujer.

En 2016, Riachuelo fue beneficiario del plan de reparación colectiva por los probados delitos de lesa humanidad que llevó a cabo el Bloque Central Bolívar. Casi todos esos delitos cometidos en ese municipio los sufrió también su vecino Coromoro y el corregimiento de Cincelada. Por eso ese mismo año presentaron una petición ante la Unidad para la Atención de Víctimas para lograr el reconocimiento colectivo. Esa entidad le negó la petición porque, según la resolución a la que obtuvo acceso Colombia+20, no se podía afirmar que “existan afectaciones al tejido social, entendiendo que no hay una plena identificación de algún elemento de cohesión” entre la comunidad.

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Cristina pasó su caso por vía administrativa a través de la Ley 1448, que contempla la reparación de las víctimas, pero no fue admitido por lo que actualmente ella no aparece en el Registro Único de Víctimas. Luego surtió todo el proceso de la Ley de Justicia y Paz (con la que se buscó la desmovilización de paramilitares), pero hasta ahora no prosperó. La última esperanza la tiene puesta en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde presentó testimonio para un informe. Es posible que ese tribunal de paz lo incluya dentro del macrocaso 08 que abrió recientemente y que investigará las alianzas de paramilitares, Fuerza Pública y terceros civiles. “Espero que salga porque será la última vez que cuente lo que me pasó”, dice tajantemente.

*Esta nota fue realizada con una lideresa de Santander que por razones de seguridad prefirió no dar su nombre.

**Nombre de la protagonista cambiado por seguridad.

***Este texto es parte de varios productos periodísticos construidos con lideresas sociales de Santander, Córdoba, Sucre y Cundinamarca en el marco del proyecto de International Media Support (IMS) “Implementando la Resolución 1325 a través de los medios”, en asocio con la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y el apoyo de la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo.

Cindy A. Morales Castillo

Por Cindy A. Morales Castillo

Periodista con posgrado en Estudios Internacionales. Actualmente es la editora de Colombia+20 de El Espectador y docente de Narrativas Digitales de la Universidad Javeriana.@cinmoralejacmorales@elespectador.com

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