10 May 2022 - 12:47 p. m.

El paro armado terminó, pero no la presencia de las Agc en los territorios

Colombia+20 habló con líderes de Antioquia, Magdalena, Sucre, Córdoba y Bajo Cauca sobre su balance tras el fin del paro armado. Todos critican al Gobierno y reiteran su llamado a buscar una salida negociada a conflicto armado.
Según la UIA, además, se presentaron 309 hechos de violencia que afectaron a civiles en 178 municipios.
Según la UIA, además, se presentaron 309 hechos de violencia que afectaron a civiles en 178 municipios.
Foto: Redes sociales

El paro armado terminó, pero en los 11 departamentos afectados aún no retorna la calma total porque la presencia de las Agc o Clan del Golfo permanece. Así lo manifestaron líderes consultados por Colombia+20 en Córdoba, Antioquia, Bajo Cauca, Magdalena y Chocó, quienes explicaron que los hechos presentados entre el 5 y la medianoche del 9 de mayo comprueban una situación que han alertado ellos y la Defensoría del Pueblo un sinnúmero de veces: la violenta expansión y el control territorial de ese grupo armado en sus territorios.

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El resultado de las medidas de confinamiento, impuestas por el grupo armado como retaliación por la extradición de Dairo Antonio Úsuga ‘Otoniel’, aún no es claro. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) registró entre el 4 y el 8 de mayo a las 4:30 p.m. un total de 24 homicidios a civiles mientras que el registro del Ministerio de Defensa solo reportó 3 homicidios del 4 al 9 de mayo a las 5 a. m.

Según la UIA, además, se presentaron 309 hechos de violencia que afectaron a civiles en 178 municipios. Dentro de estos, hubo 15 tentativas de homicidio, 26 casos de bloqueo forzado de vías, 118 destrucciones de bienes civiles y 5 ataques a misiones humanitarias. También registró 22 ataques armados a la Fuerza Pública y 2 asesinatos de uniformados. En cambio, según el Ministerio de Defensa, entre el 4 y el 9 de mayo a las 5 a. m. se reportaron 187 vehículos quemados, el bloqueo de 4 vías y la afectación de 8 terminales de transporte. Además, registraron 6 policías heridos y un fallecido, y 1 militar herido y otro muerto.

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Para Carlos Zapata, investigador de Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación, el paro armado evidencia que la frase del presidente Iván Duque “la captura de Otoniel marca el comienzo del fin del Clan del Golfo” es falsa. “El Estado y la Fuerza Pública ven una realidad opuesta a la que se vive en los territorios. Lo que hemos visto es que ese grupo armado se fortaleció en diferentes frentes de confrontación en la zona norte y occidente del país. Logró mover de nuevo al Eln hacia el Atrato; se fortalecieron en el Sur Córdoba, en el Bajo Cauca y en el Nordeste antioqueño, y a las disidencias del 18 y el 36 de las Farc hacia el norte”, explica.

El analista, que trabajó durante ocho años con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, considera que la Fuerza Pública debe responder “o por ineficiencia o por connivencia”. “En muchos territorios se ha denunciado que hasta hace menos de un año no se veían enfrentamientos entre el Ejército y las Agc. Esa connivencia permitió que expandieran el control territorial sobre sus enemigos. Pero, además, este paro armado mostró la ineficacia de su política de defensa. Era evidente que iba a haber un efecto colateral que ellos con sus aparatos de inteligencia debían prever. No pueden seguir con la misma retórica mentirosa en la que el ministro Diego Molano dice que tienen pleno control, que el Estado está a la ofensiva de los criminales, cuando lo que hemos visto ha sido un estado acorralado”, dice el investigador.

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Según la UIA, además, se presentaron 309 hechos de violencia que afectaron a civiles en 178 municipios. Dentro de estos, hubo 15 tentativas de homicidio, 26 casos de bloqueo forzado de vías, 118 destrucciones de bienes civiles y 5 ataques a misiones humanitarias.

Córdoba

El departamento de Córdoba fue el más afectado por el paro armado. Según un recuento hecho por el Observatorio de Derechos Humanos del Sur de Córdoba, solo en esa subregión se presentaron al menos 9 homicidios, 5 atentados contra la vida, 4 amenazas contra líderes sociales, 33 confinamientos colectivos, 18 quemas de vehículos, 74 grafitis nuevos de las Agc y 1 desplazamiento masivo en Puerto Libertador. Pero los hechos violentos y el confinamiento se extendieron por todo el departamento, incluso hasta Montería.

Para un líder del sur, lo que hubo en este departamento fue una demostración de poder por parte del Clan del Golfo o Agc. “Se vio lo que ya sabíamos: que tienen el control del territorio, pero también que hay una falta de voluntad del Gobierno por acabar con esta estructura armada”, dijo. Además, aseguró que la fuerza pública no actuó para evitar el paro armado ni lo previó. “En cambio les dieron todas las condiciones para que pudieran hacerlo. La Policía llegó a responderle a la gente que si las Agc decían “No se sale”, no salieran porque no tenían cómo protegerlos. Por eso se confinaron en todos los corregimientos y municipios, hasta en Montería, que no había ni militares en las calles”.

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En los corregimientos, cuentan, se confinó hasta la Policía. “La gente obedecía y quien no quiso obedecer pagó las consecuencias porque hubo hasta camiones recolectores de basura quemados y no hubo nadie para protegerlos. El Gobierno Nacional brilló por su ausencia pero tampoco hubo acciones directas por parte de los departamentales ni municipales”, señalo el líder. El hombre también aseguró que es la población civil quien ha terminado pagando las consecuencias de decisiones del Gobierno, con las que, ni siquiera, están de acuerdo. “Nosotros consideramos que Otoniel debió quedarse en Colombia contando la verdad sobre las atrocidades que cometió, en vez de extraditarlo”, añadió.

Antioquia

De acuerdo con la Corporación Jurídica Libertad, en este departamento el paro armado se extendió por zonas donde ya se había denunciado la grave crisis humanitaria: por el Bajo Cauca y Urabá, los municipios de Amalfi, Segovia y Remedios de la región del Nordeste y Puerto Berrio en el Magdalena Medio, donde residen alrededor de 881.525 personas. Allí, hubo cierres del comercio, prohibición del libre tránsito de personas y cualquier tipo de transporte, lo que generó desabastecmiento. “El mensaje ha sido ‘la persona o la empresa o cualquier otra que no acate esta orden, no se responde, y será declarado objetivo militar’”, denunció la organización el 5 de mayo.

Una de las zonas más afectadas en este departamento fue el Bajo Cauca. Justo hace dos semanas, líderes y lideresas de la zona se reunieron en Medellín con los de otras subregiones para reactivar la Mesa de Garantías de los Derechos Humanos de Antioquia. “Allí pusimos de presente las preocupaciones que nos dejaba la falta de implementación de Acuerdo de paz y analizamos cómo la falta de operatividad del Estado nos ha dejado en la mitad de la confrontación y ha mostrado que quienes tienen el control de la seguridad en el norte de Colombia son las Agc”, explica una lideresa que asegura que este paro armado solo les dio la razón.

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“Nosotros ya habíamos vivido paros armados antes pero nunca uno tan fuerte como este, que además llegó hasta centros poblados e incluso capitales”, añade. La lideresa también denunció que pese a los anuncios de patrullaje mixto por parte del Ministerio de Defensa, en su territorio no vieron presencia militar y las estaciones de Policía no tienen la capacidad de responder ante el actual violento de los paramilitares. Incluso, la estación de Policía de Tarazá fue atacada con disparos.

“En Caucasia hay un batallón grandísimo pero en la vía de ahí a Zaragoza hubo personas amenazadas y carros incinerados todos los días. En El Bagre todos los días hubo personas heridas por este grupo. Y en Tarazá la situación fue muy difícil porque la gente venía recuperándose de una inundación. ¿Cómo iban a respetar a un paro armado si estaban prácticamente en la calle?”, cuestiona. Debido a esto, los líderes coinciden en que no hay voluntad del Gobierno para restablecer el orden público ni para desmontar el paramilitarismo, una de las promesas del Acuerdo.

Chocó

Según un comunicado emitido el sábado por la Iglesia Católica y las organizaciones étnico territoriales del Chocó, 30 municipios de ese departamento y 11 de Urabá permanecieron confinados como consecuencia del paro armado; lo que evidencia que “es la población civil la que sufre las consecuencias de esta guerra demencial que estamos padeciendo en Colombia”.

Luego de cuatro días de encierro y de la quema de motos y vehículos, este lunes la gente tiene temor de hablar. Líderes del Bajo Atrato, en donde las Agc o Clan del Golfo tienen el control mayoritario del territorio, cuestionan que un grupo armado ajeno al Gobierno tenga la capacidad de encerrar a toda una población “que no tiene la culpa de nada” y que no haya ninguna solución más allá de los pronunciamientos nacionales. “Genera tristeza e indignación que aquí no haya habido ni un consejo de seguridad, ni el alcalde, ni el gobernador hayan hablado”, dice uno de ellos. Este lunes, en medio del temor, la gente empezó a salir a las calles y a abrir el comercio de nuevo.

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Sin embargo, la Iglesia y las organizaciones se sumaron al llamado general. “Dadas las circunstancias de control territorial y social que en algunas regiones del país ejercen el Clan del Golfo y el Eln, consideramos que es absolutamente necesario abordar de nuevo la opción de la solución negociada al conflicto armado”, dice el comunicado.

Sucre

“En Sucre ya se levantó el paro armado pero el pánico sigue”, dice un defensor de derechos humanos del Golfo de Morrosquillo. En ese departamento, según denuncia, los principales afectados fueron los municipios de La Mojana Sucreña, además de Montes de María y San Onofre, Tolú y Tolúviejo. “Son lugares donde llevamos casi dos años denunciando la reorganización y rearme de los paramilitares, pero la respuesta siempre fue que se trataba de delincuencia común”, asegura.

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Según relató, el lunes los negocios continuaban cerrados y los padres no mandaron a sus hijos a los centros educativos, porque las distancias son muy grandes y les daba temor que algo pasara en los recorridos. Solo en la vía que conecta Coveñas con Córdoba, hubo más de 10 vehículos quemados, de acuerdo con el recuento de las organizaciones.

“La culpa la tiene el Gobierno, que ha permitido un retroceso en esta región en lo últimos dos años. Nosotros creemos que se trata de una estrategia política a puertas de unas elecciones presidenciales donde nos meten miedo para mostrarse como la solución”, analiza el líder quien añade que pese a que hay al menos dos alertas tempranas sobre esta situación en Sucre, “no ha habido acciones efectivas aparte de capturas, pero con capturas no se va a resolver el tema”.

Magdalena

La situación es similar en el departamento de Magdalena, en donde la población se despertó con la noticia del levantamiento del paro, pero no termina de estar en calma. Allí, las Agc asesinaron a tres personas durante estos cuatro días, al parecer, por hacer caso omiso a las medidas de confinamiento impuestas por el grupo armado, según la Plataforma de Defensores de DD. HH., Activistas y Líderes de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Las AGC demostraron que tienen la capacidad de acabar con un departamento y que militarmente la fuerza pública no ha podido con ellos. El estado de violencia en que permanecemos se desbordó con este paro armado, por lo que la petición al gobierno es que cumpla con restablecer el orden y la tranquilidad”, dice Lerber DImas Vásquez, quien lidera esta organización y es profesor de la Universidad del Magdalena.

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Vásquez cuenta que estos cuatro días dejaron pérdidas para los campesinos de la Sierra Nevada, quienes tienen represadas cargas de aguacate y plátano porque los carros no podían subir. “También hay pueblos como Nueva Venecia, totalmente incomunicados y sin luz porque la entidad prestadora del servicio no ha podido acudir a reparar los postes que fueron tumbados por un vendaval días antes. Eso se suma al temor infundido en las zonas más afectadas por las acciones violentas, graffitis de “Agc” o “El que abra el negocio lo matamos” y quema de vehículos, como la zona bananera, El Banco y Ariguani”, dice. Además, según denuncias recibidas por la plataforma, el grupo armado también obligó a algunos líderes a difundir información falsa por WhatsApp sobre hechos violentos para incrementar el terror en la población.

Para el profesor Vásquez, estas acciones violentas se suman a un panorama que la población vive a diario, la diferencia es que antes el conflicto era entre Agc o Clan del Golfo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, y ahora la violencia se destinó contra la población civil”. “Esa es nuestra preocupación ahora. Antes se estaban matando entre ellos y había afectaciones a civiles en medio como el desplazamiento masivo reciente de Ciénaga, pero no entendemos ahora por qué las represalias son directamente contra la población civil. Las tres personas que mataron eran civiles, los amenazados fueron civiles y los carros que quemaron eran de civiles. Es una situación que se salió de control”, señala.

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