A lo largo de la última semana, las disidencias de las FARC, el ELN y otros actores armados activos estuvieron en el ojo de la opinión pública, con miras al futuro inmediato de la Paz Total. La disidencia al mando de Iván Mordisco -que pactó con el gobierno el inicio de diálogos exploratorios de fin del conflicto para el próximo 16 de mayo- le pidió al ELN un cese de hostilidades.
En los territorios hay percepciones similares a las de antes de la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón: Colombia no resiste más muertos, ni violencia indiscriminada contra la población civil. El 2023 ha sido convulso desde su inicio, cuando el presidente Gustavo Petro anunció un cese bilateral, que no fue acordado con algunos de los grupos armados al margen de la ley, lo que sumado a una serie de incumplimientos en las acciones bélicas no ha permitido disminuir la guerra en distintas regiones.
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De hecho, sobre estos escenarios, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) – a través de su Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos- realizó un informe que muestra el resultado de un monitoreo a las acciones de incumplimiento al cese al fuego bilateral y temporal, desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de marzo.
El panorama, desalentador desde las cifras: en Colombia se han presentado 80 hechos violentos que afectan al cese bilateral, que incluye acciones criminales como 45 hostilidades contra población civil y 35 enfrentamientos que involucraron a la Fuerza Pública.
Tanto para las confrontaciones armadas, como para los ataques a civiles, enero fue el mes más hostil con 19 hostigamientos y 15 cruces entre actores armados.
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Si separamos estos hechos por responsabilidad que tuvieron los grupos armados, Indepaz documentó que el Comando Coordinador de Occidente -que incluye a la Columna Móvil Dagoberto Ramos, al frente Jaime Martínez, al Frente 30, a la Columna Móvil Urías Rondón, al frente Carlos Patiño y al frente Franco Benavídez- fue responsable de 22 hechos de violencia; la cifra más grande de hechos violentos atribuida a disidencias de las FARC.
Estuvieron también registrados los hechos que involucraron al Comando Conjunto de Oriente -con el frente 10- y al Bloque Magdalena Medio -con los frentes 4, 33, 37 y 36- que fueron responsables de ocho episodios de violencia más en el primer trimestre de 2023.
Lea aquí el informe completo:
Otros hallazgos
La Segunda Marquetalia, en cabeza de Iván Márquez, también protagoniza hechos que se suman al informe que publicó Indepaz. De acuerdo con el observatorio, esta facción guerrillera ha sido responsable de 10 hechos violentos, cifra que supera a los hechos perpetrados por las Agc (con ocho) y a la Fuerza Pública (con tres). Aquí el informe hace una salvedad importante para tener en cuenta y es que un mismo hecho de violencia puede involucrar en simultáneo a uno o más actores, así no se trate de enfrentamientos directos.
A pesar de que las confrontaciones entre grupos armados es algo cotidiano en varias regiones, Indepaz señaló que hay un desescalamiento de confrontaciones entre grupos armados ilegales y fuerza del Estado; así como en este último trimestre está la tendencia a la disminución de “eventos fatales”.
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Hay un llamado especial al Gobierno Nacional para que contenga la violencia generada por el Estado Mayor Central y las Agc, pues según Indepaz a estos grupos se les atribuye el mayor porcentaje de ataques que afectan a la población civil. En línea con eso, se estima que la mayor parte de las afectaciones “son acciones de control social por medio de patrullajes, amenazas, agresión a líderes, restricciones a la movilidad y confinamientos”.
Este tipo de ataques no son ni mucho menos casos aislados. La Defensoría del Pueblo advirtió que en los tres primeros meses de 2023 han sido asesinados 35 líderes sociales (en el mismo periodo de 2022 había 59 casos). Este flagelo ha caído sobre líderes comunales, líderes y lideresas LGBTIQ+, sindicalistas, liderazgos afro, activistas de derechos humanos y defensores juveniles.
El posconflicto no ha detenido estos escenarios dolorosos. La Defensoría aprovechó este balance para mostrarle al país que entre 2016 y 2022 fueron asesinados 1.116 líderes sociales. El año pasado fue el que se llevó las cifras más altas con una contabilización de 215 homicidios de este tipo, que superaron por ejemplo casi al doble lo sucedido en 2017.
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¿Hay credibilidad frente al cese al fuego? Sobre este interrogante, Indepaz cierra su informe al decir que “la persistencia de eventos que afectan la credibilidad del cese al fuego y de agresiones a la población soporta el reclamo de sectores de la sociedad de la adopción de medidas más efectivas y monitoreo riguroso del cumplimiento de los protocolos firmados”.
La violencia que describe Indepaz en este informe se concentra en 54 municipios y el 70% de estos casos fueron en Cauca, Antioquia y Nariño. Sin embargo, esto no deja de ser un flagelo de nivel nacional, en el que líderes, lideresas y poblaciones enteras están al acecho por un conflicto armado que se resiste a irse de sus territorios.
En ese primer trimestre del año hubo 59 hechos de verificación que dan constancia de una guerra hostil. La paz sigue siendo el camino elegido por las comunidades; allí ven la salida a tantos años de sufrimiento que les ha dejado horrores adversos como un saldo de 27 masacres cometidas en lo que va de 2023.