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“¡A guardar, a guardar!”, se oye que gritan al otro lado del teléfono, mientras un hombre al que llamaremos Hernando, quien atiende nuestra llamada con un celular clandestino desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, pide disculpas: “Si gusta yo le marco mañana, acá es complicado hablar”.
Hernando es un miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), procesado por secuestro, rebelión y fuga de presos. Aprovecha la llamada para decir que no se ha llegado a nada con lo alivios humanitarios pactados entre la guerrilla del ELN y el Gobierno Nacional en diciembre pasado. “No se han cumplido lo más mínimo (...) la gente [en las cárceles] está a la expectativa, pero de cumplimiento no hay nada”, asegura.
Como lo había informado Colombia+20, la delegación del ELN puso la crisis carcelaria sobre la mesa de diálogos con el Gobierno, aquello ocurrió durante el segundo ciclo de conversaciones, que inició en México el 13 de febrero y se extendió hasta el 10 de marzo.
Desde el 12 de diciembre de 2022 ambas delegaciones anunciaron acuerdos parciales que implicaban, por el lado del ELN, alivios humanitarios en zonas rurales con presencia de esa guerrilla, como el río San Juan en Chocó y el Bajo Calima en Valle del Cauca, mientras que el Gobierno se comprometía a buscar estrategias para sacar de las cárceles a 8 presos del ELN con enfermedades terminales o a punto de morir, para que pudieran estar con sus familias.
También se comprometió a mejorar la atención a 40 prisioneros con enfermedades de gravedad, aunque no en fase terminal. El propio Otty Patiño, jefe de la delegación negociadora del Gobierno, hizo el anuncio ante los medios.
No obstante, ninguno de los ocho presos políticos sobre los que se acordó la excarcelación ha salido de la cárcel hasta el momento y no hay alivios para los otros 40. Nelson Enrique Acevedo Durán, uno de los prisioneros en estado terminal, falleció el pasado 11 de abril, lo que motivó un comunicado del ELN diciendo que “los acuerdos están por cumplirse”.
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Colombia+20 confirmó con una fuente cercana a la mesa de diálogos que los alivios para los presos “no han avanzado absolutamente nada, no ha salido ni uno”. Esa fuente agregó que el Gobierno presentó excusas, pero tampoco muestra mucha voluntad de cumplir: “Siempre hay algún pero, ni siquiera el tema de la regionalización se ha logrado, el Minjusticia dice que no le puede dar la orden al INPEC, el INPEC dice que no le puede dar la orden a los directores de cada cárcel, están enredados ahí”.
Esta misma persona confirmó que sí se han realizado citas médicas para varios de los 40 enfermos graves que no están en fase terminal, aunque aseguró que estas suelen ser citas de rutina.
Otro de los compromisos pactados tenía que ver con la “regionalización”, es decir, que los prisioneros del ELN fueran trasladados a cárceles en las ciudades o regiones donde se encuentra su arraigo familiar y local, para que pudieran estar más cerca de entorno. Para esto los gestores de paz del ELN debían adelantar unos censos de presos políticos de dicha organización que determinaran cuántos guerrilleros hay presos y en dónde se encuentran, pues ni siquiera hay una certeza sobre el número total de prisioneros.
Pero los censos tampoco se han realizado, pues el mismo ELN prefirió no continuar con ellos mientras no hubiera certeza de lo que vaya a ocurrir con los alivios humanitarios.
Una guerrillera que está presa en un centro de reclusión de Bogotá explicó a Colombia+20 que hace un mes llegaron indicaciones a la cárcel La Picota para que los prisioneros, bien organizados en esa penitenciaría, entregaran un censo de cuántos son. Ese listado arrojó más de 70 miembros del ELN, aunque no todos fueron reconocidos.
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Pero luego llegó la orientación contraria: los censos tienen que ser avalados por las estructuras y frentes de esa guerrilla en los territorios, pues son los únicos que pueden certificar realmente que los prisioneros censados sí pertenecen al ELN. Los problemas, según esta prisionera, han venido de la negligencia del INPEC, cuyos procedimientos son burocráticos y retrasan las cosas, de la propia crisis en la mesa de negociaciones, y de la poca capacidad de maniobra que tienen los gestores de paz, quienes inicialmente debían levantar los censos.
Fuentes cercanas al Gobierno le dijeron a este diario que sí se han hecho esfuerzos por adelantar los alivios humanitarios relacionados con temas carcelarios, pero que se requieren varios procesos con la Rama Judicial que puedan tomar tiempo.
Desconfianza por ataques del ELN
Como informó Colombia+20 el ELN también arreció su ofensiva militar, lo que ha propiciado un clima de escalamiento del conflicto y desconfianza de la opinión pública hacia los diálogos, con ataques como el del 28 de marzo en El Carmen, Norte de Santander, donde mataron nueve reclutas regulares del Ejército mientras dormían, lanzándoles tatucos explosivos.
Ese hecho propició que el presidente Gustavo Petro llamara a una reunión de emergencia a inicios de este mes a su delegación ante los diálogos. El principal mensaje de Petro a ese guerrilla es si está usando la mesa para fortalecerse militarmente o si está allí con una vocación de paz real. La otra exigencia es que en el tercer ciclo que empezará en La Habana a finales de abril se pacte con la contraparte un cese al fuego y de hostilidades, como antesala para que se cumpla la participación de la sociedad civil en el proceso.
El ataque a la unidad militar en Norte de Santander se sumó al paro armado que decretó esa guerrilla a finales de febrero en la región del río Sipí, en el Chocó, la misma en donde las comunidades piden que se implementen los alivios humanitarios. Además, el Frente Occidental de esa guerrilla declaró en un comunicado que no ve con buenos ojos la propuesta de Paz Total del Gobierno. Otras acciones como retenes en carreteras, instalación de explosivos y hasta una sesión fotográfica con guerrilleros armados y niños pequeños en la plaza de un caserío del Catatumbo han enrarecido el ambiente las negociaciones.
Del lado del Gobierno, la vicepresidenta, Francia Márquez, es la encargada de acompañar las primeras medidas urgentes que se ejecutarán en el marco de dichos alivios humanitarios-. En marzo pasado, recibió la síntesis del recorrido de la caravana humanitaria por el Calima y el Bajo San Juan, una iniciativa que surgió del primer ciclo de diálogos con ese grupo armado.
En ese resumen estan los pedidos más importantes de los habitantes de esas zonas. Por ahora solo se ha avanzado en una visita de la vicepresidente hace unas semanas a Docordó, cabecera municipal del Litoral del San Juan, donde entregó ayudas humanitarias y empezó a dibujar una hoja de ruta para la atención a mediano y largo plazo de las comunidades afectadas.
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La crisis en las negociaciones retrasó los alivios
Todos los presos consultados, así como las fuentes cercanas a la mesa de diálogos, coinciden en que la crisis que atraviesan las negociaciones con el ELN incidió para que no se llevaran a cabo los alivios humanitarios pactados en relación a los prisioneros de la guerrilla.
Diego*, quien se presenta como “el prisionero del ELN con más años en las cárceles del país”, aceptó conversar con nosotros desde una cárcel del norte del país en donde se encuentra cumpliendo varias condenas por rebelión y homicidio que suman, según él, más de 100 años.
“Estoy preparado para morir en una prisión, pero nunca voy a estar de rodillas”, asegura tranquilo al otro lado del teléfono este hombre, que es guerrillero desde los 11años y fue capturado en una ciudad del noroccidente colombiano cuando visitaba a su hija bebé, en medio de un desplazamiento hacia el Catatumbo. Dice que ha sufrido varios preinfartos y que tiene una enfermedad coronaria por la que su caso está incluido dentro de los alivios para enfermos graves, pero no en fase terminal.
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La entrevista con Diego tiene lugar el 17 de abril por la noche. “Hoy estoy cumpliendo 25 años de estar preso”, cuenta mientras apunta que en todo este tiempo ha pasado por 16 cárceles diferentes. “Hubo un tropiezo en los diálogos por la operación que se hizo en Catatumbo”, sostiene Diego, refiriéndose al ataque con explosivos de la guerrilla que acabó con la vida de nueve soldados regulares en El Carmen, Norte de Santander.
Otra fuente cercana a la mesa de diálogos coincide con esta apreciación pero agrega que los desencuentros vienen desde el 31 de diciembre, cuando el presidente Gustavo Petro anunció un cese al fuego que no había sido pactado en la mesa de diálogos. El ELN no aceptó ese decreto de cese bilateral y el sentimiento en la mesa de diálogos es que desde entonces el Gobierno ha cedido poco, hasta que se pacte un cese. Las esperanzas están puestas en el tercer ciclo de diálogos que iniciará en La Habana en mayo.
“El sistema se preocupa es por reprimir, no se les ve ninguna voluntad de que quieran implementar la humanización en las cárceles”, insiste Diego. Agrega que la reforma a la justicia que ha planteado el ministro Néstor Osuna debería escuchar a los presos, que son quienes sufren el sistema carcelario desde adentro.
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La postura de Diego es compartida por buena parte de los reclusos, que ya hicieron una huelga nacional el 14 de febrero pidiendo ser tenidos en cuenta en la reforma. “Esperamos un alivio humanitario a la situación que hay en las cárceles, partiendo de lo que la misma Corte ha decretado, esperamos que se cumpla eso, es lo mínimo”, asegura Hernando desde Cómbita.
Los presos políticos y comunes desarrollaron una protesta masiva en una docena de cárceles del país, que se levantó el 18 de febrero después de una reunión virtual con altos funcionarios de la Defensoría, el comisionado de paz Danilo Rueda, la dirección del INPEC y delegados del Ministerio de Justicia.
“Trataron de embolatar la reunión socializando la reforma, pero esa reunión se dio por la presión de la huelga de hambre del 14 de febrero”, explica Hernando: “se pidieron unas mesas nacionales y regionales [para que los presos participen de la reforma] que el Ministro [Néstor Osuna] las rechazó. El problema carcelario ya tocó fondo, hay una incapacidad del Estado para sostener estos sitios, la corrupción se carcomió las cárceles y no son capaces de sostenerlas, no hay ni resocialización, ni lo mínimo para vivir acá, la crisis está desbordada”, concluye.