A Húber Velásquez lo mataron con un tiro de fusil en la puerta de su casa.
Ocurrió el pasado 17 de diciembre en La Batea, que es como se conoce a una curva de la carretera a solo dos kilómetros de Apartadó (Antioquia), en la vía que conduce hacia el corregimiento de San José de Apartadó. De acuerdo con los testigos, un grupo de hombres con armas largas llegó buscándolo pasadas las seis de la tarde.
“Él se rehusó a ser secuestrado, entonces le propinaron un disparo mortal”, cuenta Andrés* uno de los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. “Pasaban personas en ese momento en carros, ellos fueron quienes avisaron, porque la gente de los alrededores se escondió”.
Ese mismo día, a las 7:19 de la noche, la Comunidad de Paz confirmó el asesinato en sus redes sociales, aunque sin precisar aún el nombre de la víctima. Se trataba de la consumación de la última andanada de amenazas contra la Comunidad, un proyecto social que ha resistido desde 1997 a todos los actores armados en la región, sean estos legales o ilegales.
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Las amenazas comenzaron el 19 de noviembre en la vereda Mulatos Medio, donde los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o Clan del Golfo convocaron una reunión de las Juntas de Acción Comunal para anunciar a la población que habría un control estricto del corte de madera en la región con represalias para quien incumpliera sus órdenes.
Luego, el 6 de diciembre, fue asesinado un campesino comerciante de cerdos en la vereda El Guineo y dos días después, ocho hombres de las Agc arribaron a la vereda La Unión, donde permanece un contingente militar de la Brigada 17 realizando labores de desminado humanitario.
Según la comunidad, los paramilitares “estarían planeando estrategias de ingreso al asentamiento de San Josesito para robar documentos, dinero e informaciones y asesinar a miembros de la Comunidad, dando la apariencia de una incursión de delincuencia común”. Aquello fue denunciado en un pronunciamiento público el 20 de diciembre.
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El remate de todo fue el homicidio de Húber, comerciante y amigo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Su hermano Iván Velásquez también había sido asesinado en el mismo lugar por los paramilitares en 2002, cuando quemaron su casa y su tienda en represalia por vender víveres a los campesinos. Húber además era veedor de un proyecto de pavimentación de la carretera entre Apartadó y San José y había denunciado al alcalde Felipe Benicio Cañizales por supuestas irregularidades en ese contrato.
Esta es una obra de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) que coordina el Gobierno Nacional en Apartadó por decisión de las comunidades. En total son 8.510 metros de vía, de los cuales han sido pavimentados alrededor de dos kilómetros. La obra cuenta con una inversión de más de 5 mil millones de pesos y beneficiaría a 5.380 personas. El 18 de noviembre del año pasado, miembros del Gobierno Nacional visitaron esta vía y algunos habitantes que viven a lo largo de esta vía, entre esos Húber, denunciaron que su construcción está afectado algunas viviendas.
“Él y su esposa denunciaron fuertemente los diversos mecanismos de corrupción como utilizar materiales que no eran adecuados, hacerlo todo de mala calidad”, explica el sacerdote Javier Giraldo, un defensor de Derechos Humanos que ha acompañado a la Comunidad de Paz desde sus inicios. “Lo asesinaron después de esas denuncias, que además fueron respaldadas por un diputado de Antioquia y transmitidas en noticieros. El miedo en la región es aterrador, nadie se atreve a denunciar ni a hacer nada. Eso revela una nueva situación, en cierto modo extrema, de manipulación y amenazas, hay un deseo de dominio por el terror en toda la región”, asegura el sacerdote.
Varios líderes de la Comunidad creen que la salida de Otoniel del tablero de la confrontación lo único que hizo fue precipitar un proceso que ya venía desde antes. “Esto no es de ahorita, es un plan de ejecuciones a través del paramilitarismo”, asegura Andrés. “Se puede afirmar con toda la certeza porque las muertes han sido sistemáticas y coordinadas, aunque muy extendidas en el tiempo”.
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Una religiosa que trabaja en la zona confirmó que los miembros de las Agc han convocado a reuniones en todas las veredas del corregimiento, menos en La Unión. Estos encuentros suelen llevarse a cabo a plena luz del día en las escuelas y se imponen multas de 200 mil y hasta 500 mil pesos para quien no asista.
Hubo reuniones el 28 de septiembre en la vereda La Cristalina y el 30 de ese mismo mes en La Linda. Allí se presionó a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para que incluyeran en las listas de pobladores a los “puntos”, que es como se conoce en el Urabá a los miembros de las Agc que se establecen en algún caserío de forma permanente con un radioteléfono y una pistola para garantizar el control territorial.
Algunas de estas reuniones han ocurrido incluso en el propio caserío de San José, donde hay un búnker de la Policía y una base militar en las afueras. Los habitantes denuncian que hasta allí ha llegado en varias oportunidades con sus escoltas un hombre conocido como “Christian”, mando medio de este grupo armado, a veces para convocar a los pobladores con quienes se ha reunido por más de una hora sin mayores inconvenientes, otras veces para embarcarse en camionetas rumbo a Apartadó.
El mensaje, de acuerdo con Andrés, es que “o la gente trabaja con nosotros o se tiene que ir porque no respondemos... los matamos”. Una lista con 15 personas sobre quienes hay sentencia de muerte ya ha circulado en la región, cinco de quienes se mencionan en ella son miembros activos de la Comunidad de Paz. Andrés zanja el asunto con una explicación de causalidad: “son perfiles de personas que se han opuesto a los proyectos paramilitares. Los nueve muertos que van desde 2017 a 2021 todos tenían ese mismo perfil: no se quisieron someter a los paramilitares”, afirma.
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La Comunidad de Paz de San José de Apartadó fue fundada el 23 de marzo de 1997, cuando los pobladores del corregimiento y sus veredas firmaron una declaratoria que los identificaba como actores neutrales que rechazaban a todos los actores del conflicto armado. Desde el principio tuvieron acompañamiento de la iglesia y organizaciones de Derechos Humanos. También desde el principio comenzaron las agresiones contra ellos.
Pocos días después de aquella declaratoria el Ejército asesinó a varios campesinos de la Comunidad a quienes luego presentó como bajas en combate, este es uno de los episodios de falsos positivos documentados en la historia del país. Desde entonces, más de 300 miembros de la Comunidad de Paz han sido asesinados por los grupos armados, la gran mayoría de estos crímenes se atribuyen a los paramilitares y la Fuerza Pública, también hay casos que fueron cometidos por las extintas Farc.
Un hito doloroso del conflicto armado fue la masacre de cuatro campesinos y cuatro niños de la Comunidad en las trochas de Mulatos y La Resbalosa, ocurrida entre el 21 y el 22 de febrero de 2005. Por estos hechos fueron condenados varios militares de la Brigada 17 del Ejército que actuaron en estrecha coordinación con los paramilitares. Este hecho está dentro el caso territorial 04, sobre la situación territorial de Urabá, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad que el pasado 7 de enero declaró esta masacre como un crimen de lesa humanidad.
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El 23 de diciembre del año pasado la Comunidad de Paz convocó a una marcha para rechazar el asesinato de Húber Velásquez. Caminaron hasta La Batea, en el mismo punto del homicidio, acompañados por el sacerdote Javier Giraldo. “La ausencia de Otoniel hace más intensa su presencia” se leía en uno de los carteles que llevaban los marchantes. Ese día un hombre en moto pasó cerca de la marcha exhibiendo una pistola y luego, por la tarde, seis paramilitares incursionaron en San José y tuvieron que huir cuando una multitud de gente de la comunidad salió a rodearlos.
“No tenemos armas, sólo la palabra y poner la piel”, cuenta Andrés recordando ese momento y agregando que que siente miedo, pero que eso jamás los ha detenido: “la muerte debe doler cuando se muere sin razón, pero cuando es por justa causa creemos que la muerte no duele”.
En San José de Apartadó tienen monumento con piedras pintadas de colores que la Comunidad ha ido levantando a lo largo de los últimos 25 años. Agregan una piedra nueva por cada uno de sus miembros asesinados.
“Ya tenemos la piedra con el nombre de Húber”, dice Andrés antes de despedirse, “pero quisiéramos que eso parara, no queremos una piedra más”.
*Nombre cambiado por seguridad.
