Este martes 15 de noviembre comienzan las pruebas de una de las turbinas de Hidroituango, proyecto que presuntamente entrará en operaciones el 30 de noviembre. En medio de estos anuncios por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y las solicitudes de la Procuraduría para mitigar los riesgos por la reactivación, Colombia +20 viajó a territorio antioqueño, a la zona de influencia del megaproyecto.
Afectaciones a la salud, recrudecimiento de la violencia, problemas de movilidad y falta de alternativas económicas por la imposibilidad de trabajar a orillas del río Cauca fueron las principales alertas de las comunidades durante la visita. Muchas de ellas son producto de la inundación de 2018, provocada por el taponamiento de túneles de Hidroituango, en su primer intento de entrar en operaciones.
Tras horas de viaje por las carreteras del norte de Antioquia, y sorteando las dificultades climáticas por las fuertes lluvias, la última semana de octubre estuvimos en Valdivia, Ituango y Toledo. Allí conocimos de primera mano la situación humanitaria de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del megaproyecto. La misión la convocó la organización española Zehar-Errefuxiateukin, que trabaja por la defensa de los derechos humanos, en el marco de un proyecto de educación para la ciudadanía global financiado por el gobierno Vasco.
Acceso a salud en Puerto Valdivia: cuatro años en crisis
El corregimiento de Puerto Valdivia está a orillas del río Cauca, “aguas abajo” de Hidroituango y fue nuestro primer destino en esta misión periodística, realizada junto a seis medios de comunicación españoles como eldiario.es, Desplazados.org, Pikara Magazine, Berria, entre otros.
Con la catástrofe que generó la inundación de 2018, el centro de salud de este corregimiento fue arrasado por la fuerza de las aguas del Cauca. Esta fue una de las 140 estructuras afectadas por este hecho en el corregimiento.
Han pasado cuatro años desde estos hechos y esta población aún no cuenta con un servicio de salud del 100 % ni instalaciones adecuadas. “Se estableció un puesto de salud a orillas de la carretera que ofrece servicios básicos y se atiende consulta médica general. Con esta oferta que tenemos desde ese puesto satélite no se abarca ni el 30 % de la necesidad real en salud del corregimiento y la población que habita alrededor”, resaltó Dorian Pulgarín, gerente hospitalaria y promotora de salud de Puerto Valdivia.
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Según Pulgarín, aproximadamente 9.500 personas del corregimiento y zonas aledañas accedían al servicio de salud en Puerto Valdivia, pero con el daño a la infraestructura el riesgo en el traslado hasta el hospital del municipio puede definir la vida o muerte de los pacientes. La vía es empinada, angosta, con muchas curvas y en temporada de lluvias, los deslizamientos de piedra amenazan constantemente.
“Para una urgencia vital tenemos un promedio de 25 minutos para subir al centro de salud del municipio de Valdivia (ubicado a 20 km del corregimiento). Del puesto satélite tenemos más inconvenientes, porque no hay ambulancias ni recursos y los deslizamientos en las vías generan un riesgo mayor por accidentalidad”, explicó la promotora.
Gustavo de Jesús Baena, habitante de Puerto Valdivia, le contó a Colombia +20 que el hospital del municipio ya no da abasto y ha tenido que viajar hasta Yarumal, ubicado a 50 km del corregimiento, para acceder al servicio de salud.
“El hospital de Valdivia es de muy poquitos recursos y ahora con toda la gente que va del puerto es más difícil. Tuve que llevar a mi mamá una vez a Yarumal en taxi porque no había cómo más, me valió $80 mil y nos tocó estar por ocho días. Como no tenía dónde quedarme, tuve que dormir en el piso del hospital de Yarumal porque ya no me aguantaba la silla”, contó Baena.
Durante la entrevista realizada Dorian Pulgarín a orillas del Cauca, recordó cuál era el servicio de salud que tenían antes y explicó que antes lograban prevenir muertes por mordeduras de serpiente, intoxicación, partos y accidentes. “Atendíamos el 80% de las necesidades de salud justamente por la concentración poblacional de aquí pero si no tenemos un centro de salud, imagínese la importancia de este. Ese fue uno de los problemas más graves que nos trajo el proyecto y toda la contingencia de Hidroituango”.
Para habitantes como Baena, que sostenía a su familia de la pesca y la venta de oro que lograba sacar del Cauca, las afectaciones en la salud de la población van más allá de la falta de un puesto o un hospital, también habla de la parte psicológica que generó la inundación de 2018. “La enfermedad que todos nosotros tenemos es psicológica, porque nos mantenemos esperando a ver en qué momento ese monstruo de allá arriba se va a desbaratar”, comentó.
“La enfermedad que todos nosotros tenemos es psicológica, porque nos mantenemos esperando a ver en qué momento ese monstruo de allá arriba se va a desbaratar”
Gustavo de Jesús Baena, habitante de Puerto Valdivia.
En diálogo con Colombia+20 en Medellín, la Dirección Ambiental, Social y de Sostenibilidad de Hidroituango sostuvo que tan solo en mayo de este año se inició el estudio de sustracción del área donde se construirá el centro de salud de Puerto Valdivia. En los años previos han estado construyendo el puente Simón Bolívar que el río también se llevó, por allí transitaban diariamente 700 personas, pero aún no ha sido terminado por demoras del contratista, aseguró EPM. Para la comunidad el centro de salud es la prioridad, pero la empresa argumenta que con el puesto provisional entregado por ellos, por ahora, es suficiente.
La violencia que azota a la comunidad en el corazón de Hidroituango
El pasado 22 de octubre se encontró el cuerpo sin vida del líder Ricardo Antonio Valderrama, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Bosque de Ituango, y quien días atrás había sido secuestrado. Según Indepaz, Valderrama es el tercer líder social asesinado este año en el municipio de Ituango. Los otros dos casos corresponden a Ferdi Leandro Tapias y Úber Eliécer Tapias, líderes de la vereda Quebradoncita, asesinados el pasado 7 de agosto.
En ninguno de los casos está claro el autor de los hechos, sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha identificado en Ituango, Briceño y municipios aledaños la presencia de disidencias de las Farc de los frentes 18 y 36, el Clan del Golfo o Agc, el bloque Virgilio Peralta o también conocido como los Caparros, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y bandas locales vinculadas a la Oficina del Valle de Aburrá.
En medio de este contexto, los liderazgos del territorio se mantienen, aunque han bajado el perfil por temor a ser asesinados. “El silencio es el método de defensa, porque si hablamos nos matan”, alertó un líder que pidió omitir su nombre por seguridad.
El pasado 27 de agosto, el presidente Gustavo Petro instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) por la Vida en Ituango para proteger la vida de los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Aunque el presidente designó al alcalde de Ituango como el responsable de guiar este mando, tomar decisiones para frenar la violencia y recibir las denuncias, algunos líderes aseguran que ante los recientes asesinatos las instituciones no han dicho nada. “Se quedan calladitos, aquí nadie se atreve a decir nada, nosotros tampoco porque el miedo es mucho. Creíamos que con la venida de Petro a Ituango íbamos a encontrar un alcalde comprometido con responder a esto, pero al contrario, no ha sido visibile e incluso, nos señala y estigmatiza por oponernos a Hidroituango y reclamar la verdad detrás del proyecto”, expresó un líder que prefirió omitir su nombre por seguridad.
Creíamos que con la venida de Petro a Ituango íbamos a encontrar un alcalde comprometido con responder a esto, pero al contrario
Líder del norte de Antioquia
En el corazón de Ituango se ubicó este megaproyecto que ha tenido disputas con la comunidad porque ya no cuentan con una de sus principales fuentes de ingresos económicos: el río Cauca. Allí los pescadores, barequeros y campesinos sacaban su sustento diario, pero con el megaproyecto todo cambió y el sentimiento que persiste es la incertidumbre.
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“En estos momentos tenemos una amenaza grandísima con el proyecto de Hidroituango, y es que la falta de responsabilidad con la cual construyeron este megaproyecto hoy tiene a miles de familias viviendo en la total incertidumbre, porque hasta hoy no sabemos la estabilidad de ese macizo rocoso y no hay estudios que demuestren que estaremos seguros”, expresó Genaro Graciano, integrante de la Asociación de Defensores del Agua, articulada al Movimiento Ríos Vivos Colombia.
El Movimiento Ríos Vivos está conformado por 15 organizaciones de las subregiones del Occidente, Norte y Bajo Cauca antioqueño que denuncian y se oponen a las afectaciones sociales y ambientales de los megaproyectos a orillas del Cauca.
Han sido los principales críticos de Hidroituango por las afectaciones directas que ha generado a la población, como cambios en la calidad del agua, la vida, enfermedades y modificación del paisaje, pero a su vez permitió la articulación comunitaria y la visibilidad de las necesidades de pescadores, campesinos y barequeros antioqueños.
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Aunque con la llegada de la hidroeléctrica se generó desplazamiento por las inundaciones en la zona de influencia, la fuerte disputa entre los grupos armados ilegales por el control territorial también ha dejado un gran saldo. “Tristemente hay que decirlo, Ituango ha sido epicentro de desplazamientos forzados de las comunidades producto de los enfrentamientos entre estructuras armadas, quedando muchas veces las comunidades por las balas de uno y otro lado”, explicó Carlos Palacios, defensor de derechos humanos de la Red de Organizaciones Campesinas y Sociales del Norte y Bajo Cauca antioqueño.
Ituango ha sido epicentro de desplazamientos forzados de las comunidades producto de los enfrentamientos entre estructuras armadas
Carlos Palacios, defensor de derechos humanos
Solo en 2021, en Ituango se desplazaron 4.847 personas por estas razones, según el informe “La guerra no para en Antioquia”, de la Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Sumapaz.
“Si este proyecto fracasa, estos municipios quedan incomunicados”
Esa fue una de las frases de alerta de una lideresa del Movimiento Ríos Vivos cuando llegamos a Toledo. Aunque este municipio se encuentra a 27 kilómetros del megaproyecto, en la parte alta el deterioro de las vías por la presión en la montaña, sumado a las fuertes lluvias de este año, ha generado grandes afectaciones.
Para llegar al casco urbano de Toledo tuvimos que hacerlo en mototaxi, pues su tamaño es el ideal para pasar por las angostas y agrestes trochas y retazos de vía que la ola invernal no se terminó de llevar. Un trayecto que normalmente tomaría una hora, nos llevó casi dos por los huecos, zonas inundadas y estrechos caminos que limitaban con los abismos.
La dificultad que tuvimos al llegar al pueblo es la que día a día sus campesinos padecen para sacar lo poco que logran sembrar, pues con la llegada de Hidroituango y la contingencia de 2018 no pudieron volver a abastecerse del río Cauca ni extraer oro de allí.
“La hidroeléctrica se compromete con los campesinos a dejar sacar los recursos del territorio, a mantenerles las vías en buen estado, pero las utilizan, generan más daño y no aportan para su mantenimiento. Por eso le pedimos a la empresa que cumpla con el mantenimiento de las vías terciarias”, relataron líderes de la Red de Organizaciones Campesinas y Sociales del Norte de Antioquia.
Le pedimos a la empresa que cumpla con el mantenimiento de las vías terciarias
Líderes del norte de Antioquia
Sobre estos hechos, EPM respondió en una rueda de prensa, realizada con el equipo de periodistas internacionales en Medellín, que se están articulando con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para el mejoramiento de las vías. Esto con el fin de integrar estas obras a los pilares de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), del que son parte Ituango, Valdivia y 11 municipios más del Bajo Cauca y nordeste antioqueño.
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Los líderes también resaltaron que el vapor que genera la caída de agua por el vertedero provisional, construido tras la inundación de 2018 con una altura de 20 metros, afectó el clima bajando las temperaturas, y a su vez los cultivos. “Los árboles echan la flor, pero no echan el fruto. Si sale, se les cae pequeñito. Por eso se debe hacer un estudio más profundo sobre el tema agrícola para saber qué otras afectaciones vendrán”, explicaron.
Sin el barequeo, la agricultura afectada y sin muchas alternativas económicas, los campesinos de Toledo y los demás municipios de la zona han tenido que rebuscar los ingresos con jornales u otras labores del campo, aunque no es suficiente para asegurar las tres comidas diarias. “El abandono ha sido total”, comentó desanimado uno de ellos. Las mujeres campesinas también se suman a este llamado, pues la mayoría de ellas eran barequeras y mantenían a sus familias del río Cauca. “A nosotras la empresa nos quitó las alas porque ya no podemos visitar el río”, expresó una integrante de la Asociación ‘Mujeres defensoras del agua y la vida’ (Amarú), articulada al Movimiento Ríos Vivos.
A este difícil panorama se suma el fuerte control y la presencia de grupos armados en el municipio de Toledo, como las disidencias de las Farc y El Mesa, una organización criminal que inició en Bello (Antioquia), pero que se ha extendido por el norte del departamento con sus actividades de narcotráfico. Por la vía que conduce de la hidroeléctrica a Toledo se pueden observar grafitis en letra roja con la palabra “Mesa” en las fachadas de las casas; y en menos de 1 km, en las señales de tránsito, mensajes de “Presente FARC-EP”.
“Las casas aparecen todas rayadas, personas asesinadas, de todo sucede menos contra la empresa. Hemos sabido históricamente que los grupos para sostenerse cobran ‘vacunas’ o unos llaman ‘impuestos para la paz’, otros porque son un estado distinto, entonces uno presupone que la empresa tiene que estar pagando a todos los grupos para poder estar ahí tranquilitos”, comentó un defensor de derechos humanos.
El equipo de la Dirección ambiental, social y de sostenibilidad de Hidroituango, dirigida por Robinson Miranda, respondió durante la entrevista con los periodistas que al inicio de la construcción del proyecto en el año 2010 se presentaron algunos atentados por parte de grupos armados ilegales, también extorsiones y restricción a la movilidad pero aseguran jamás haber pagado una “vacuna”.
“En el marco de la política institucional de derechos humanos tenemos como uno de los lineamientos no pagar extorsiones ni tener relacionamiento con este tipo de organizaciones, incluso en las cláusulas de los contratistas tenemos el respeto a esa política. No estamos completamente seguros que un contratista no haya pagado una extorsión pero hacemos la diligencia para que eso no suceda”, explicó Kelly Valencia, profesional ambiental y social del equipo.
Aunque para EPM las dinámicas del conflicto y la vulneración de derechos humanos en esta zona del país es clara, resalta que el Estado colombiano es el responsable así no haya logrado una presencia, protección ni garantía de derechos efectiva; responsabilidad que no debe recaer sobre ellos, resaltaron.
Este martes EPM realizará el simulacro de evacuación de casi 4.000 personas de los municipios aguas abajo como Valdivia, Tarazá, Cáceres y Nechí, pero también de habitantes del sur de Córdoba, Sucre y Bolívar que tienen conexión con el río Cauca.
📢 Si vives en la ribera del río Cauca en Ituango, Briceño, Valdivia y Tarazá, participa del simulacro de evacuación que se realizará este 15 de noviembre de 2022 a las 9:00 a.m. y ten en cuenta estos datos 👇 pic.twitter.com/kz5hFUJAKy
— EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) November 13, 2022
Los habitantes temen volver a perder todas sus pertenencias, otros se rehúsan a salir nuevamente de sus territorios y tener que comenzar de cero, porque aseguran que “la hidroeléctrica ha venido trabajando a su antojo”. En las próximas semanas los ojos del país estarán puestos en cómo evolucionarán estas acciones de reactivación de Hidroituango, pero no hay que dejar de lado los llamados de las comunidades y los incumplimientos que aún padecen desde la contingencia de 2018.
En Hidroituango la JEP también busca desaparecidos
En diciembre de 2020, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia, ubicados en el área de influencia de Hidroituango.
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Por esta razón, la JEP dictó medidas cautelares ese mismo año en el megaproyecto para iniciar labores de búsqueda de estas víctimas de los paramilitares de los bloques Mineros y Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaron en este territorio; los frentes 18, 36 y 5 de las Farc, y de unidades de la Fuerza Pública.
EPM aseguró que ha facilitado las visitas de la JEP al megaproyecto y que en alianza con la organización Equitas, centro forense colombiano, iniciarán un proceso subacuático para la búsqueda de desaparecidos en este área.