La comunidad de Peñas Coloradas lleva 18 años sin poder retornar a su territorio

En Peñas Coloradas ninguna casa queda en pie y la maleza da cuenta de los años de abandono. / Comisión de la Verdad.

Foto: Comisión de la Verdad

Hasta 2028 el Ejército podrá disponer de siete hectáreas del corregimiento de Peñas Coloradas que recibió en comodato el 30 de enero de 2008, por parte del alcalde de Cartagena del Chairá de ese momento, Orlando Arteaga (2008-2011). El general Carlos Iván Moreno Ojeda recibió los terrenos de este corregimiento por un plazo de 10 años, para que allí funcionara la base militar de la Brigada Móvil 22, bajo la figura de comodato o préstamo de uso. Sin embargo, el contrato se renovó automáticamente por 10 años más ignorando las peticiones de la comunidad de Peñas Coloradas, que salió desplazada forzosamente en abril de 2004 por enfrentamientos entre las extintas Farc y el Ejército. En este tipo de contrato se entrega de forma gratuita un predio para un uso determinado por las partes y finalizado el plazo, debe ser restituido.

Así lo documentó la Comisión de la Verdad en uno de sus casos, que integran el Informe Final, titulado “Zona de despeje: Vistahermosa, San Vicente del Caguán posdespeje y desplazamiento de Peñas Coloradas (1998-2004)”.

“Entre el 23 y 27 de abril, cerca de 3.000 personas se vieron obligadas a desplazarse del corregimiento y sus alrededores, luego de que el Ejército y la Policía antinarcóticos lanzaran un operativo que terminó con la ocupación del pueblo”, se lee en el documento de la Comisión de la Verdad.

Aquí puede leer el caso completo:

Esta zona era de gran interés por ser el punto central de conexión entre los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá, donde los bloques Sur y Oriental de las Farc, y su columna móvil Teófilo Forero tenían dominio. Allí también funcionaba uno de los principales centros de acopio y producción de hoja de coca. En estos territorios fue donde más fuerte se desarrolló el Plan Patriota, cuando en el año 2003 se creó la Fuerza de Tarea Conjunta para llevar a cabo detenciones masivas contra la población, como parte de la política contrainsurgente, y realizar acciones contra el narcotráfico en el país.

La población de Peñas Coloradas lleva 18 años buscando retornar a su territorio y completar su proceso de reparación, luego de ser reconocido como sujeto de reparación colectiva en 2015 por parte de la Unidad de Víctimas. Sin embargo, el no tener tierras ha dificultado el avance en el proceso.

“El obstáculo mayor que se tiene es que el colectivo se encuentra disperso por todo el país, no hay un territorio de base, se tiene que trabajar solo con la comunidad que se encuentra en Cartagena del Chairá”, dice una resolución de inclusión de la Unidad para las Víctimas fechada el 1° diciembre de 2015 y que fue enviada por la entidad a Colombia+20.

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Después de los desplazamientos, la población se dispersó a Caquetá, Cauca, Valle del Cauca y Risaralda. En cada uno de estos lugares crearon asociaciones que acogen a las familias peñunas desplazadas.

Norvey Caro Duque es uno de los líderes que lleva la vocería de la comunidad de Peñas Coloradas, y en entrevista con esta redacción explicó que tienen claridad sobre la imposibilidad de retornar, pero sí quieren ser reubicados y consolidarse nuevamente como colectivo.

“Nosotros ya tenemos claro que no podemos retornar a Peñas Coloradas, pero queremos volver a crear un pueblo en cualquier parte que se llame Peñas Coloradas. Tenemos la capacidad para hacer un pueblo modelo con lo que hemos aprendido de lo bueno y lo malo”, explicó Caro.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) también ha acompañado este proceso y, según su respuesta entregada a este medio, ha identificado 132 predios en Peñas Coloradas que han sido inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

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“Con Restitución de Tierras hemos bajado en dos comisiones a Peñas Coloradas. Entrar a Peñas hoy en día es una suerte porque el pueblo tiene el retén, las casas están en ruinas y el Ejército señala que no se puede entrar porque está minado. Si usted logra entrar no puede tomar fotos, ellos no autorizan. Es muy berraco y duro haber perdido todo, ellos no tenían que apoderarse de lo que hay ahí”, recordó el líder Norvey Caro.

Las seis asociaciones creadas por los habitantes de Peñas Coloradas en diferentes partes del país, han buscado visibilizar lo vivido, y en marzo de este año le entregaron un informe de 47 páginas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las afectaciones que vivieron durante el conflicto.

La retaguardia de las Farc en el Caguán

A Peñas Coloradas se puede llegar en lancha, por el río Caguán, desde Cartagena del Chairá luego de dos horas de trayecto. Ubicada en la región del bajo y medio Caguán, este corregimiento se convirtió en un punto estratégico que conectaba las entradas y salidas de las Farc desde el sur al resto del país.

“La retaguardia de las Farc era el Caguán, pero dentro del Caguán están los Llanos del Yarí y la Serranía de Chiribiquete, que era otra zona de retaguardia. En este caso, Peñas Coloradas está en un punto intermedio, porque tiene conexión con el Yarí, pero también con la zona de La Macarena”, explicó Teófilo Vásquez, exinvestigador de la Comisión de la Verdad.

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Se fundó a finales de los años 70 e inicios de los 80 con la llegada de familias colonas de Nariño, Valle del Cauca, Huila, Tolima y el mismo Caquetá. En medio de una tierra selvática fértil, la bonanza cocalera que se vivió en la región y el río Caguán como la principal vía de comunicación, Peñas Coloradas se convirtió en el principal centro de acopio y comercialización de cocaína en 2000.

A pesar de estar dispersa en el país, esta comunidad se mantiene a través de un grupo de Whatsapp, por el que charlan sobre los avances del proceso y coordinan las actividades de memoria que cada 25 de abril realizan en Florencia o Cartagena del Chairá para seguir exigiendo su restitución y reparación.