JEP no aceptó al hacker Sepúlveda como espía de los negociadores de paz

En febrero pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Sepúlveda quien pidió que se revisara su condena de 10 años de prisión.

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Con el argumento de que él era un tercero civil que cometió delitos durante las elecciones presidenciales de 2014, cuando le descubrieron una trama de espionaje contra los negociadores de paz en La Habana, Andrés Sepúlveda intentó entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y recibir sus beneficios, como la excarcelación por la condena a 10 años que lo tiene tras las rejas. Pues bien, este martes, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó su solicitud de sometimiento.

La JEP encontró que el caso del hacker Sepúlveda no tiene relación con el conflicto, pues éste no fue el origen ni influyó en la determinación, capacidad, modo u objetivos que llevaron a Sepúlveda a la comisión de los delitos por los cuales fue condenado por el Juzgado 22 Penal de conocimiento de Bogotá. “Si bien los hechos por los que actualmente responde ante la justicia se cometieron antes del 1 de diciembre de 2016, su comportamiento y sus delitos no contribuyeron de manera directa o indirecta en el marco del conflicto armado interno”, enfatizó el tribunal de paz. Tampoco Sepúlveda financió, patrocinó, promovió, auspició la conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley, otra de las posibilidades por las que la JEP pudiera haberlo acogido.

Dicha Sala escribió en su fallo que tuvo en cuenta el interrogatorio que dio Sepúlveda en el proceso ordinario, en el cual manifestó “que su actuar delictivo estuvo motivado por un enriquecimiento ilícito y personal para intervenir en el proceso electoral”. Según admitió, buscaba lesionar la imagen del entonces candidato a la reelección presidencial Juan Manuel Santos, dijo la JEP.

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De todas maneras, la Sala resaltó que “lo cierto y probado es que concertó con un grupo de personas la obtención de un beneficio económico puntual y con una misión específica, adquirir información privilegiada de carácter estatal, a través de métodos y medios electrónicos fraudulentos y sin ser autorizado legalmente para ello”. Por esta razón, la JEP negó las peticiones de su abogado que había pretendido los beneficios de amnistía, extinción de la sanción penal y la libertad condicional inmediata y definitiva.

Hasta ahora, lo que ha dicho la justicia ordinaria del hacker Andrés Sepúlveda, es que infiltró las comunicaciones del proceso de paz trabajando para la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014 y que luego fue condenado a 10 años de prisión por este y otros delitos. El hacker Sepúlveda ya ha realizado dos huelgas de hambre protestando por la condena, aunque la segunda fue para que la JEP acogiera su caso.

Sepúlveda fue capturado el 6 de mayo de 2014, en un operativo adelantado por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación en su oficina ubicada en el norte de Bogotá, por haber traficado con información proveniente de las cuentas de miembros de las FARC y negociadores de La Habana. Luego, se señalaría que Sepúlveda no realizó ningún hackeo, debido a que no contaba la formación para ello. La Fiscalía revelaría parte de la información recolectada, entre la cual habría fotografías que se enviaron desde y hacia correos de las FARC, la dirección IP del Grupo Empresarial Palco (sede de las conversaciones en La Habana) y un informe de la Dipol, sobre el paro nacional agrario, fechado el 21 de noviembre de 2013, así como otra información de inteligencia militar que se encontró la Fiscalía General, utilizada por Andrés Sepúlveda enriquecimiento ilícito.

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En febrero pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Sepúlveda quien pidió que se revisara su condena de 10 años de prisión, cuyo fallo fue precisamente por “chuzar” las comunicaciones de varios negociadores de la guerrilla de las Farc en el marco del proceso de paz que se adelantaba en La Habana (Cuba).

En agosto de 2017, El Espectador lo entrevistó y estos dijo de las protestas que estaba desarrollando: “Son varios hechos por los que protesto. No me han dejado colaborar con la justicia. Yo tengo varias solicitudes de la Fiscalía en Bogotá y en las que estoy involucrado, como las de infiltración al proceso de paz, otra que implica a la gente de la fachada militar de inteligencia Andrómeda y otra en la que están miembros de la Policía. La Fiscalía me está preparando como testigo para esos casos. Este año por lo menos me han trasladado 20 veces de la cárcel de Picaleña (Ibagué) a La Picota (Bogotá) y dificultan ese proceso”, puntualizó.

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