Acuerdo de Paz: las alertas sobre cómo quedaría en el Plan Nacional de Desarrollo

El presidente Gustavo Petro durante la plenaria del Consejo Nacional de Paz donde dijo hace unas semanas que no había recursos para las víctimas del conflicto ni para implementar el Acuerdo de Paz.

Foto: Presidencia - CESAR CARRION

La discusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) está en su recta final. Antes del 7 de mayo debe quedar aprobado el proyecto de ley, que marca la hoja de ruta del cuatrienio del Gobierno de Gustavo Petro. Varios sectores tienen los ojos puestos en cómo quedará incluido el Acuerdo de Paz en el PND, documento que debe destinar un apartado específico para la implementación del pacto (una obligación incumplida en 2019 por la administración de Iván Duque).

Si bien la propuesta presentada por el equipo de Petro sí incluye ese apartado especial, e incluso propone un aumento en los recursos para poner en marcha lo acordado en Cuba con las FARC en 2016, el Plan Nacional también deja varias dudas y preocupaciones, que se espera sean resueltas en los pocos días que restan para su aprobación. Este miércoles, después de tres semanas de discusiones airadas, quedó radicada la ponencia para el segundo y último debate en el Congreso.

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“Aunque hay un compromiso en los recursos, que es un avance, eso no garantiza que se acelere la implementación, sobre todo porque sigue siendo debil la capacidad institucional del actual Gobierno. Otros puntos que nos preocupan son la reincorporación, la falta de indicadores y una reducción grande en los recursos para las víctimas”, explica Carolina Varela, coordinadora del proyecto Del Capitolio Al Territorio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

La FIP analizó los documentos que se están discutiendo en el Congreso y le puso la lupa el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz para identificar cuánta plata se le asignó a cada punto del Acuerdo Final.

¿A qué le apostó el Gobierno?

Lo primero que hay que decir es que Petro, desde su campaña presidencial, ha sostenido que cumplirá lo pactado en La Habana.

Sin embargo, en noviembre, cuando salió a la luz el borrador del Plan Nacional de Desarrollo, varias voces alertaron la ausencia de menciones explícitas a la implementación del Acuerdo. La FIP encontró que el Ejecutivo “escucho los reclamos” e incluyó un subcapítulo al respecto en el capítulo de “Paz total e integral”, en el que se presentan algunas apuestas para la puesta en marcha de cada punto, aunque de forma “resumida y dispersa”.

Lo que más se destaca es que los recursos comprometidos en esta materia pasaron de 43,5 billones (en la administración anterior) a 50,4 billones, lo que supone un aumento del 16%. Casi el 83% de los recursos de implementación se destinarán a la Reforma Rural Integral, un punto que estuvo estancado durante el Gobierno Duque.

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También resalta la política de drogas que promueve Petro, y que va en una línea más cercana al Acuerdo de Paz. Un ajuste clave del PND es el reajuste en los recursos para ejecutar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que pasó de contar con 46.000 millones a 1,4 billones en el gobierno Petro. A esa apuesta se suma la de establecer mecanismos para coordinar entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos con los programas creados para la implementación (como los PDET), de tal forma que se satisfagan los derechos de las víctimas de la guerra.

Pese a que estas y otras apuestas son claves para avanzar en la implementación, hay varios asuntos que deben afinarse. Según Varela, “es importante que el Congreso le exija al Gobierno tener miradas claras sobre la implementación, porque no estamos avanzando como deberíamos”.

Las preocupaciones

¿Por qué hay menos plata para las víctimas?

Uno de los temas que despiertan interrogantes en la propuesta de Plan de Desarrollo planteada por el Gobierno es la reducción en los recursos para las víctimas, sobre todo considerando que en general se planea destinar más plata para el acuerdo. De acuerdo con la FIP, el punto 5 del acuerdo -sobre víctimas- pasaría de un poco más de 4 billones a apenas 1,6 billones en esta administración.

“Tenemos una duda enorme para entender esa reducción. Hicimos el calculo considerando el ahorro en lo que costaba la Comisión de la Verdad (entidad que cumplió su mandato en 2022), pero ni siquiera eso explica la disminución”, cuestiona Varela.

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El origen de los recursos

Otro de los vacíos en el PND presentado tiene que ver con la falta de claridad sobre los recursos y la rendición de cuentas. “El 34% de los cerca de 50 billones para la implementación corresponden al Sistema General de Participaciones y, como identificó el Congreso anterior en su último informe sobre la implementación, esta es una fuente sobre la que no es posible hacer seguimiento. Además, existen dudas acerca de si se destina efectivamente en la implementación del Acuerdo”, sostiene el informe de la FIP.

El Ejecutivo también plantea la propuesta de ejecutar recursos a través de Juntas de Acción Comunal, una carta que puede significar avances en la participación de las comunidades en la implementación pero que implica definir mecanismos de transparecia y rendición de cuentas.

Sigue débil la infraestructura institucional

A todo lo anterior se suma un tema que han puesto sobre la mesa varios observadores: ¿cómo se va a adecuar la infraestructura institucional para implementar el Acuerdo tras el debilitamiento que sufrió con la llegada de Petro? No hay que olvidar que el jefe de Estado eliminó la Consejería para la Estabilización y la Consolidación y le cargó varias de sus funciones a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Aunque se ha especulado que el presidente reviviría la consejería, eso no se refleja en el PND.

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¿Qué pasará con la reincorporación?

De otro lado, la reincorporación de excombatientes en el Plan de Desarrollo sigue generando críticas. El primer texto radicado por el Gobierno tenía casi desaparecido este tema, pero luego se incluyeron dos artículos que corrigen parcialmente esa falencia. Aunque se plantea la creación del Sistema de Reparación Integral y un ajuste del programa que lleva el mismo nombre, para la FIP esto significa proponer ajustes de largo plazo, sin medidas para solucionar problemas urgentes. Al respecto, la investigadora Carolina Varela dice que “en la narrativa, el asunto sigue siendo bastante débil, y es un tema que cobra aún más relevancia ahora que se está avanzando en procesos de diálogos de paz con grupos armados”.

Pocos indicadores para medir los resultados

La propuesta del Gobierno contempla una serie de “metas trazadoras” en el Plan de Desarrollo y el Plan Marco de Implementación, pero “quedan por fuera indicadores para medir algunos elementos esenciales del Acuerdo”. La experiencia de décadas de fracasos o rezagos en las iniciativas planteadas ha hecho común la frase de que “lo que no se mide no se cumple”.

La FIP asegura que uno de los indicadores que más se extrañan es el de la priorización de inversiones en municipios PDET, “lo que puede terminar en una dispersión de la inversión de la Reforma Rural Integral que no genere las transformaciones necesarias en los territorios más afectados por el conflicto ni garantice la no repetición”.

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Cinco recomendaciones para la implementación

Para atender esas preocupaciones y fortalecer la implementación, la FIP sugiere una serie de medidas clave:

1. Proponer soluciones a problemas prácticos que requieren atención urgente mientras se hacen los cambios de más largo plazo

2. Incorporar mecanismos participativos de control social y veeduría sobre la ejecución de los recursos

3. Priorizar la ejecución de programas y recursos en los municipios PDET

4. Definir mecanismos claros y sencillos para articular en los territorios la ejecución de diversos planes y programas

5. Aprender de los errores y aciertos de fondos y sistemas existentes.

“Aunque incluir disposiciones del Acuerdo en el Plan de Desarrollo no solucionará de fondo todas las dificultades y rezagos que enfrenta, es relevante dar un lugar central al Acuerdo de Paz. Cumplir e implementar lo acordado es clave para que el Gobierno cuente con las capacidades y la legitimidad para adelantar diálogos y transformaciones en favor de la paz del país “, concluye el informe.