Las peticiones de los excombatientes de FARC para frenar los asesinatos en su contra

Según cifras del Componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), han asesinado a 398 excombatientes de las extintas FARC que firmaron lo pactado en La Habana.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este miércoles 20 de septiembre se realizó en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares para los excombatientes de las extintas FARC, emitidas en diciembre del 2021 para preservar la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 y la de sus familias. Según cifras del Componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), han asesinado a 398 excombatientes de las extintas FARC que firmaron lo pactado en La Habana.

En representación de los hombres y mujeres que se acogieron al proceso y han realizado su reincorporación a la vida civil en estos siete años, estuvieron Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, último comandante de la guerrilla y actual líder del Partido Comunes, y las voceras Olga Marcela Rico y Karen Alejandra Castro.

Durante su intervención, Londoño señaló tres solicitudes dirigidas a la Fiscalía General de la Nación que, según él, ya habían sido radicadas a la magistratura de la JEP el pasado 8 de septiembre: Un informe detallado del presupuesto y gasto del funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía; un documento con los modelos de investigación de esta unidad para conocer sus resultados en esclarecimiento y desmantelamiento de las estructuras; y un informe sobre los procesos adelantados en relación con hechos victimizantes contra firmantes de paz.

Le puede interesar: Fiscalía pide mayor articulación para frenar muerte de excombatientes de las FARC

Las solicitudes enfatizadas por Londoño durante la audiencia se basan, según explicó durante su intervención, en que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía no cuenta con un criterio unificado y pública sobre las variables de medición sobre el esclarecimiento de los hechos contra los firmantes y demoras injustificables.

“Hay ausencia de investigación en más de 90 municipios donde se han presentado homicidios de personas en proceso de reincorporación. Se ha hecho una inadecuada tipificación de los hechos, los preacuerdos favorecen el ocultamiento de la verdad y existen sanciones no proporcionales con el delito”, señaló Londoño.

El jefe del Partido Comunes también se refirió a cifras recolectadas por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) sobre los hechos de amenaza y riesgo para los firmantes de paz. “De 1.594 hechos de riesgo y amenaza registrados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), solo el 33,12% se han remitido a la Fiscalía y el 58,85% a la Policía Nacional. Lo que deja entrever una impunidad estructural, puesto que, existe claramente una falta de articulación con las instituciones para el esclarecimiento”.

Lea también: Informe alerta sobre exterminio de líderes sociales: asesinaron 951 en seis años

En la audiencia también intervino Karen Alejandra Castro, delegada de la mesa técnica de seguridad y protección del Partido Comunes, instancia que ha tenido nueve sesiones de trabajo en lo corrido del 2023 en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Caquetá y Bogotá.

La principal solicitud que manifestó Castro fue la modificación de la normativa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para ampliar la capacidad operativa de la entidad y cumplir con lo estipulado en el Acuerdo de Paz. “El personal debe ser integrado por personas de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal”, manifestó Castro.

Agregó también la necesidad de crear rutas de atención inmediata para casos de emergencia que cubran fines de semana y festivos, y crear sedes físicas de la UNP en los territorios para agilizar los trámites. Desde la mesa también solicitaron la creación de una línea estratégica contra la estigmatización que viven los firmantes de paz al interior de las entidades estatales para darle trámite a sus solicitudes.

Lea: Corte Constitucional ordena medidas urgentes a exFarc para elecciones regionales

“Es necesario señalar que la articulación de las instituciones para el desarrollo de las acciones no ataca las causas estructurales que originan los riesgos, limitando el actuar, a la realización de diagnósticos, la puesta en marcha de espacios interinstitucionales, la activación de protocolos, rutas de atención y planes de contingencia”, enfatizó Castro, quien también señaló que este accionar está determinado por recursos entregados por alcaldías y gobernaciones.

En el espacio participaron la vicefiscal, Martha Mancera; el comisionado de paz, Danilo Rueda, de forma virtual, y la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas.

Violencia contra firmantes de paz por disidencias de FARC

Durante la audiencia, las voceras del Partido Comunes se dirigieron al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sobre la preocupación de estigmatización y violencia hacia los firmantes de paz, por parte de las disidencias que se autodenominan Estado Mayor Central de las FARC-EP. Según las voceras, el reconocimiento de este grupo disidente ha generado confusión, estigmatización y hasta duda sobre lo pactado entre las extintas FARC y el gobierno colombiano en 2016.

El Alto Comisionado, quien participó de forma virtual en la audiencia porque se encuentra en zona rural de Cauca, adelantando acercamientos y reuniones con esta disidencia —con la que se pactó un cese al fuego de 10 meses que inicia el próximo 8 de octubre— respondió lo siguiente:

“Ha sido claro en las fases de exploración con grupos armados irregulares que la comisión de determinados delitos —por ejemplo, la violencia contra firmantes de paz— constituye crímenes contra la paz, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En este ejercicio con diversos grupos armados de acercamiento hemos también planteado un cese de la estigmatización y parar las justificaciones del ejercicio irracional e irresponsable de su violencia contra firmantes de paz”, afirmó Rueda.

El senador del Partido Comunes, Julián Gallo, señaló en su cuenta de X (antiguo Twitter) su inconformidad sobre la omisión de exigir respeto por la vida de los firmantes de paz en los anuncios sobre los avances en los acercamientos con disidencias de Iván Mordisco.

El congresista también se había quejado antes por la excusa que dio Rueda a la JEP para no asistir a esta audiencia. Según el oficio enviado por el comisionado de Paz que no podía asistir a la diligencia porque se encuentra en Suárez, Cauca, reunido con las delegaciones del Gobierno Nacional y del Estado Mayor Central de las FARC-EP. La JEP rechazó esa excusa y dijo que su intervención era imprescindible en la diligencia y le pidió que estuviera de manera virtual.

“No pudo ser peor excusa del comisionado: no puede ir a la audiencia que tratará tema de asesinatos firmantes d paz porque está ocupado atendiendo a quienes los están asesinando. No será que lo políticamente correcto, es que esperen los que disparan y no quiénes están siendo asesinados?”, dijo Gallo.

Política de desmantelamiento

Olga Marcela Rico, vocera del Partido Comunes, fue quien expuso ante los magistrados de la JEP las consideraciones del colectivo de considerar la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales como un hecho que atenta contra la construcción de paz. Según Rico, la política no fue puesta a consideración por los integrantes del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI).

“Si bien estos documentos fueron trasladados en el mes de junio de 2023 a la CSIVI, componente Comunes, por el delegado de la secretaría técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; en ningún momento estos documentos fueron puestos a consideración de los miembros que hacen parte de la Comisión, como está acordado”, afirmó la vocera del Partido Comunes.

Le sugerimos: Aprueban política para desmantelar grupos criminales, una deuda del Acuerdo de Paz

En su intervención, señaló 11 consideraciones que identifican falencias de la política como, por ejemplo, que no tiene en cuenta un mecanismo de monitoreo ni un instrumento que articule las acciones del Estado para el desmantelamiento de organizaciones criminales con planes e instancias territoriales.

“No se evidencian mecanismos concretos que articulen a la Unidad Especial de Investigación, el cuerpo élite de la Policía Nacional y el Sistema de Alertas Tempranas para la Reacción Rápida... Tampoco se hace alusión a los firmantes ni el partido surgido del Acuerdo como sujeto de garantías en la política pública”, agregó Rico.

Según el documento de 129 páginas de la política, las acciones para desmantelar organizaciones o conductas criminales y sus redes de apoyo deben responder a un enfoque integral. El Ejecutivo no solo le va a apostar “al ámbito judicial y militar”, sino a “eliminar cada una de las condiciones que originaron o estructuraron el fenómeno criminal representado en actores criminales”, lo que incluye factores de tipo económico, social, normativo, cultural y político.

Le recomendamos: Así funcionará la política con la que Petro busca desmantelar a grupos criminales

Sin embargo, para el Partido Comunes no quedan claras las acciones que se tomarán para obtener información cualificada y diagnósticos que aportes a la formulación de estrategias que garanticen el desmantelamiento. Al igual que la carencia de un enfoque de género y feminista que ayude a la identificación de la violencia contra las mujeres, patrón que también se busca desmantelar.

El gobierno de Petro estableció que la aplicación de la política se realizará a través de enfoques territorial, étnico, de género, interseccional, antirracista y de sostenibilidad hasta el año 2026, pues se alinea con el eje de la Paz Total del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno. Para el Partido Comunes falta claridad sobre la articulación con entidades, con otros Estados y un plan de trabajo más claro sobre la implementación, que no excluya lo ya planteado en el Acuerdo Final firmado en 2016.