Gobierno acuerda cese al fuego por 10 meses con disidencia de FARC de Iván Mordisco

Carlos Eduardo García Téllez, conocido en la guerra como Andrey, y delegado de la disidencia del Estado Mayor Central, durante el evento en Cauca en el que se anunció la fecha de instalación de la mesa de diálogos.

Foto: Cortesía: Oficina del Alto Comisionado para la Paz / Oswaldo Páez

El próximo domingo 8 de octubre, el Gobierno de Gustavo Petro y los miembros del Estado Mayor Central (EMC), principal grupo de disidentes de las antiguas FARC, instalarán la mesa de diálogos en la región de Catatumbo (fronterizo con Venezuela), pero también arrancarán un cese al fuego que irá hasta el 8 de agosto de 2024, el más largo hasta ahora acordado con un grupo armado.

“El Gobierno Nacional de la República de Colombia, actuando en representación del Estado colombiano, y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, reiteran la firme convicción de avanzar hacia la construcción de un Acuerdo de Paz que ponga fin a la confrontación armada y propenda por el logro de una paz integral, estable y duradera, con justicia social y ambiental”, dice el comunicado conjunto dado a conocer este martes desde Suárez (Cauca), desde donde se hicieron ambos anuncios.

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El Estado Mayor Central es el grupo de disidencias que están comandadas por Iván Mordisco y agrupa a cerca de 3.000 combatientes, la mayoría de ellos que no se acogieron al Acuerdo Final firmado en 2016. Por iniciativa del presidente Petro, el gobierno quiere dar una segunda oportunidad de dejar las armas a esa estructura, a través de una negociación de carácter político.

Un cese al fuego con el EMC ya se había intentado. Esa disidencia fue uno de los cinco grupos con los que el Gobierno de Gustavo Petro anunció el 31 de diciembre de 2022 un cese al fuego por seis meses que terminaría en junio de 2023. Sin embargo, el alto al fuego con esa disidencia fue suspendido el 21 de mayo tras conocerse que el Frente Carolina Ramírez, adscrita a ese grupo disidente, asesinó a cuatro niños indígenas, que habían sido víctimas de reclutamiento forzado en Caquetá.

¿Cómo será el proceso para el cese al fuego con la disidencia?

De acuerdo con el cronograma dado a conocer en el comunicado, el 8 de octubre se hará la instalación de la mesa y se promulgará el decreto del Acuerdo de Respecto a la Población Civil, así como el del cese al fuego.

Entre ese día y el 11 de noviembre se instalará el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) en su punto nacional, y empezará la preparación de los puntos regionales y locales. Al igual que con el proceso con el ELN se mantendrán las visitas humanitarias en los territorios y se conformará una comisión especial para atender la situación de integrantes del Estado Mayor Central de las FARC-EP que están privados de la libertad.

El MVMV es instancia será la encargada, entre otras funciones, de emitir conceptos técnicos sobre incidentes que ocurran en el marco del cese bilateral, recomendar y analizar salidas para los posibles incumplimientos y presentar informes de avance cada dos meses.

El MVMV ya se había instalado en abril pasado, antes de que se suspendiera el cese al fuego con esa disidencia. Sin embargo, fuentes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, afirmaron a Colombia+20 que este mecanismo se reinstalará ese 8 de octubre y que cambiarán todos los protocolos.

De acuerdo con el comunicado, algunos puntos del protocolo anterior permanecerán como que esa instancia estará conformada por representantes del Gobierno Nacional, de la Fuerza Pública, de la guerrilla, de la sociedad civil y de la Iglesia católica. También estarán autoridades que se dedican a la defensa de los derechos humanos (Defensoría y Personería) y un componente internacional del que forman parte, por ahora, la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP-OEA.

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El acuerdo de respeto a la población civil

Además, habrá un decreto del Acuerdo de Respeto a la Población Civil, del que aún no se conocen mayores detalles, aunque se afirma que está basado en “el protocolo adicional II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949″.

Ese protocolo se centra en la protección “de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional” y contiene una lista de garantías fundamentales. Además, especifica algunas acciones prohibidas como “los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles, tales como la tortura y las mutilaciones, así como la toma de rehenes; los actos de terrorismo; los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor; la esclavitud, las amenazas y la desaparición forzada, entre otros.

Así mismo, el protocolo especifica que los niños menores de 15 años no serán reclutados en los grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades, y tiene un apartado especial sobre el trato a quienes están privados de la libertad por cuenta del conflicto armado. El documento también especifica cómo actuar con heridos y enfermos, entre otros.

“Este acuerdo, sus protocolos y mecanismos, una vez aprobados, precisan el funcionamiento de la Mesa de Diálogos de Paz. Tendrán como marco de referencia el respeto al Derecho Internacional Humanitario para preservar la vida, los derechos y libertades de la población civil, en general, y evitar la afectación humanitaria, en particular, a las comunidades y pueblos étnicos, territoriales, campesinos y demás grupos de especial protección”, dice el comunicado conjunto.

¿Hay voluntad de paz?

En los últimos meses, varios de sus frentes han recrudecido sus acciones violentas en el suroccidente del país, especialmente en Nariño y Cauca, justamente el departamento donde se realizó la reunión de las delegaciones. Ello ha suscitado un debate sobre si hay voluntad de diálogo en esta disidencia.

Por ejemplo, el domingo pasado, presuntos integrantes del bloque Jorge Briceño detonaron un artefacto explosivo contra un vehículo de la Policía en el municipio de Mesetas (Meta). Según información de la Gobernación, la ofensiva solo dejó daños materiales.

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A eso se suma que el viernes cuatro miembros del Ejército murieron en una emboscada en Nariño que, según esa institución, fue perpetrada por las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco. Ese mismo viernes se reportaron enfrentamientos de ese mismo grupo criminal en Nariño. Cerca de 1.400 indígenas del resguardo Awá El Sande, en los municipios de Samaniego y Santacruz (Nariño), fueron desplazados por los combates entre el Frente Franco Benavides y el ELN, quienes se disputan el control territorial de esta zona del departamento.