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El Clan del Golfo negocia su desmovilización en el momento de mayor expansión de su historia. Con casi 10.000 integrantes, influencia en al menos 296 municipios y participación en actividades de narcotráfico, minería ilegal, extorsión y aprovechamiento de recursos públicos, este grupo es hoy por hoy la mayor amenaza para la seguridad del país.
Su impacto es de tal magnitud que fue uno de los temas centrales en la reunión que sostuvieron en Estados Unidos los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro el pasado 3 de febrero. En el encuentro, el mandatario colombiano se comprometió a priorizar la captura del máximo jefe del Clan, Jobanis de Jesús Ávila (“Chiquito Malo”), un anuncio que llevó a la suspensión durante 13 días del proceso de diálogo que el Gobierno Nacional inició con esta organización en septiembre de 2025 en Catar.
Aunque la tensión se superó a finales de la semana pasada y las partes anunciaron la reactivación de las conversaciones, el impase dejó al descubierto la complejidad de negociar con el grupo ilegal más grande del país, en medio de su fortalecimiento y bajo los compromisos adquiridos con EE. UU. y a menos de seis meses del fin de la administración Petro, como lo expone el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Pese a esos factores adversos, el proceso con el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC) tiene una serie de elementos que lo hacen distinto a otros de la Paz Total y abren la puerta para consolidar avances en un próximo gobierno.
El primero es que el grupo acepta discutir una eventual desmovilización, lo cual implica abordar la entrega de armas y el acogimiento a un marco jurídico para responder por sus crímenes y ante las víctimas. El segundo aspecto diferenciador es la agenda de diálogos: no se plantean grandes reformas del Estado, o al régimen político o al sistema económico. El punto de llegada es más concreto: desmontar el sistema de extorsiones y cobros que el grupo impone en sus zonas de influencia y reemplazarlo por la presencia del Estado. A eso se suma un elemento novedoso en el contexto colombiano como lo es la figura de países mediadores, que por primera vez se utiliza formalmente. Por ahora, además de Catar, este rol lo ostentan Noruega, Suiza y España.
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Estos rasgos diferenciales no implican que sea una negociación fácil ni que el camino esté exento de sobresaltos. En especial porque persisten obstáculos estructurales que han marcado la Paz Total, como la falta de sustentos jurídicos adecuados, la escasa articulación interinstitucional y la ausencia de herramientas eficaces para hacer cumplir los compromisos asumidos con las comunidades.
Además existe el riesgo latente de que, en el intento por estabilizar los territorios, se terminen validando —aunque sea de forma indirecta— las lógicas de gobernanza ilegal que el grupo ha impuesto en varias regiones, en lugar de propiciar mecanismos que permitan al Estado ocuparlas de manera efectiva y sostenible. De hecho, lo que está claro es que el fortalecimiento de esta organización se mantiene.
Una radiografía del EGC
El Clan del Golfo (o EGC) se articula en torno a un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 39 subestructuras o frentes. De acuerdo con los registros de la Fuerza Pública, actualmente es el grupo armado con más integrantes en el país. Se estima que cuenta con alrededor de 9.840 miembros (3.328 en armas y 6.512 en redes de apoyo). Es decir, concentra casi el 36 % de los 27.000 integrantes de organizaciones ilegales en todo el país.
El Clan del Golfo también ha demostrado que no es un enemigo menor para la Fuerza Pública. Aunque ha sido la estructura más atacada por las autoridades (uno de cada cuatro combates son contra este grupo), su crecimiento se ha mantenido. Entre 2022 y 2025, la organización aumentó un 140 % su pie de fuerza (de 4.099 integrantes a casi 10.000). En ese mismo periodo, su presencia se duplicó: pasó de tener influencia en 145 municipios de 13 departamentos en 2022, a 296 de 17 departamentos en 2025.
El incremento del pie de fuerza responde a una estrategia de reclutamiento e incorporación de perfiles estratégicos como antiguos mandos medios del ELN y las extintas FARC-EP (por ejemplo “Richard”, uno de los seis miembros de su Estado Mayor). El Clan también ha atraído a sus filas a exintegrantes de la Fuerza Pública, como soldados y suboficiales retirados del Ejército. Esa captación de personal se potencia con el pago de salarios a los nuevos miembros y los apoyos económicos a sus familias. Según el trabajo de campo realizado por la FIP, contrastado con fuentes institucionales, el grupo ofrece pagos mensuales desde 1,5 millones de pesos (para los “puntos”, informantes o “campaneros”), hasta 17 millones para los comandantes de frente.
Actualmente, el Clan participa en cuatro de los 13 focos de confrontación que hay en el país: en Santa Marta contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada; en el sur de Bolívar, el norte y nordeste antioqueño contra el ELN y el EMBF (la disidencia de “Calarcá”); y en zonas de San Juan (Chocó) y Bajo Calima (Valle del Cauca) en choques con el ELN.
Desde la captura en 2021 de Dairo Antonio Úsuga (“Otoniel”, entonces máximo jefe del Clan del Golfo), el grupo dio un salto de un modelo de organización basado en un clan familiar a una estructura colegiada encabezada por el Estado Mayor Conjunto. Esa decisión implicó ajustes en su forma de operar y una expansión territorial más controlada, ya no desde la violencia indiscriminada sino con ataques selectivos y confrontación directa con sus rivales. Esto se combina con un trabajo sociopolítico con las comunidades, que en el marco de la Paz Total ha tenido el objetivo de dotar de sustento ideológico su proyecto armado y construir una plataforma política apoyada en sus estatutos y otros documentos.
De acuerdo con la Base de Acciones del Conflicto de la FIP, en 2025 la mayoría de los hechos atribuidos al grupo se concentraron en dos campos: afectaciones a la población civil (38,6 %) y enfrentamientos con otras estructuras armadas (37,6 %). Eso sugiere que la prioridad del EGC no es la confrontación directa con el Estado, sino afianzar su control territorial y la regulación de las economías y de las dinámicas sociales en las zonas donde opera.
Más allá del intento por convertirse en un actor político, el Clan del Golfo funciona, en la práctica, como una empresa o “holding” criminal enfocado en generar rentas. Esa lógica le ha permitido diversificar sus fuentes de financiación: más allá del narcotráfico, incluye minería ilegal —hoy su segunda fuente de ingresos—, la extorsión, el control de economías ilegales y legales en sus zonas de influencia como el microtráfico, la prostitución, el contrabando y el cobro de “vacunas” o peajes a cadenas productivas y comerciantes, e incluso a contratos públicos.
¿Por qué negociar una desmovilización?
Todo esto indica que el Clan del Golfo tiene una fórmula de operación exitosa y está en su mejor momento de capacidades y expansión territorial, por lo que es difícil imaginar sus razones para desmovilizarse. No obstante, sus altos mandos tienen al menos cinco motivos para estar en esta mesa.
El primero está ligado al prestigio y el reconocimiento, es decir, que el gobierno use el nombre EGC para referirse al grupo y que se reconozca un lugar formal en la conflictividad armada del país. El segundo son los elevados costos de mantener una organización que tiene tan amplia cobertura geográfica, que paga salarios a sus integrantes (una nómina que puede costar alredor de 1,5 millones de dólares al mes, unos 5.500 millones de pesos), y con alta demanda de material de guerra para afrontar las disputas que lleva a cabo.
A eso se suma el riesgo de que sus miembros sean neutralizados por la Fuerza Pública (como ocurrió con “Chirimoya”, miembro del Estado Mayor Conjunto, en abril del año pasado), o asesinados en disputa internas del grupo (como sucedió con “Siopas”, otro miembro de la cúpula, ajusticiado en marzo de 2023). En cuarto lugar está la expectativa de aprovechar una fracción de sus ganancias tras una desmovilización. Finalmente, está el agotamiento general por estar en la ilegalidad.
Así va la negociación en Catar
En los cinco meses que han transcurrido desde la instalación de los diálogos en Doha, Catar, se han realizado dos ciclos de conversaciones, que concluyeron con acuerdos de transformación territorial y avances hacia la preconcentración del grupo. La primera ronda terminó el 18 de septiembre de 2025 con la selección de cinco municipios donde se implementarán acciones piloto de transformación centradas en sustitución de cultivos de uso ilícito, el abordaje de problemas ambientales, la presencia del Estado y la discusión sobre la migración irregular. Además, el Clan se comprometió a censar a los niños y niñas que forman parte del grupo para ponerlos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a no interferir en el proceso electoral, y a respetar las labores de desminado humanitario. Más adelante, entre ciclos, la organización ilegal se comprometió a suspender, entre el 25 de octubre pasado y el 25 de enero de 2026, el “impuesto de guerra” a los comercios legales en los municipios priorizados.
En el segundo ciclo de diálogos, que concluyó el 5 de diciembre de 2025, se acordó establecer tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó). El acuerdo contempla la llegada gradual y progresiva de los miembros de las estructuras que operan en estos municipio, a partir del 1 de marzo de 2026, cuestión que por ahora es difícil de cumplir. Otro avance importante de esta ronda fue extender el piloto de transformaciones a diez municipios adicionales en Córdoba, Antioquia y Bolívar.
Las preocupaciones y desafíos
La FIP destaca al menos tres retos importantes. El primero tiene que ver con la capacidad institucional del gobierno y del Estado para cumplir sus compromisos en los 15 municipios priorizados en los acuerdos suscritos en Catar.
Otro desafío consiste en gestionar los debates y ajustes internos que enfrenta el EGC en su estructura de mando, lo que requiere prudencia, asertividad y un uso estratégico de las herramientas disponibles en la mesa, incluidos los países mediadores.
El tercer punto es identificar, antes de que termine la administración Petro, los elementos clave de un marco jurídico futuro que haga posible el desarme, la desmovilización y la reintegración del grupo. Todo esto ocurre en medio de la campaña presidencial y del cierre de gobierno, periodos en los que es probable que se prioricen algunas mesas de la Paz Total sobre otras y se reoriente esta política. En los meses que quedan, cualquier error podría revertir los avances alcanzados.
A eso se suma el debate jurídico sobre la utilización de las Zonas de Ubicación Temporal cuando no es posible determinar que se está en “una etapa avanzada del proceso”, como lo exige la ley. Tampoco existe un marco jurídico claro que regule la medida, más allá de la actuación inmediata que debería llevar a cabo la Fiscalía una vez los integrantes del Clan lleguen a las zonas. Una inquietud adicional, que no es menor, es si el gobierno está en capacidad de financiar el funcionamiento de las tres ZUT que se acordaron.
Pensar en una desmovilización también implica considerar el surgimiento de posibles “disidencias”. El entramado del Clan con economías ilegales y legales es un incentivo para su reciclaje. Todo esto convierte al grupo en un actor con recursos enormes y un contexcto atractivo tanto para mandos medios que decidan no abandonar la guerra y continuar con sus negocios, como para las “cabezas invisibles” que desde la liminalidad se articulan con el grupo. Por ejemplo, en el sur de Bolívar, los frentes del Bloque Arístides Mesa Páez podrían estar recibiendo alrededor de 3.000 millones de pesos mensuales por la explotación y comercialización del oro.
La delegación del gobierno ha aprendido de las lecciones de otros procesos de la paz total. Su objetivo es avanzar y aumentar las probabilidades de que un próximo presidente o presidenta den continuidad a la negociación. La clave es entender que no se trata de hacerlo a cualquier costo, sino que es prioritario y necesario dar credibilidad y legitimidad a cada paso, por más difícil que sea el camino. Aunque es poco probable alcanzar un acuerdo definitivo antes de que termine este gobierno, sí se puede trabajar por asegurar un mayor compromiso del grupo, aumentando así las probabilidades de que la mesa se mantenga activa más allá del cambio de administración.
En últimas, el objetivo debe ser actuar con realismo, mantener una estrategia de seguridad complementaria y avanzar en comprender qué debería incluir un marco jurídico que sea a la vez atractivo para un grupo con estas características y legítimo frente a las víctimas y la ciudadanía.
*Este artículo recoge los puntos clave del informe ‘Anatomía del Clan del Golfo y su negociación en Catar: ¿la última ventana de la Paz Total?’, realizado por Gerson Arias, Paula Tobo, Andrés Cajiao y Nicolás López, investigadores del área de Seguridad y Conflicto de la FIP.
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